Combate de La Plata
Por:
Ernesto Che Guevara
En
la Sierra Maestra con un grupo de combatientes rebeldes, entre ellos,
Raúl Castro, Juan Almeida, Ernesto Che Guevara, Guillermo García,
Crescencio Pérez, y Universo Sánchez, 1957.
Autor: Saint, George Andrew
El día 14 de enero de 1957, poco más de un mes después de la sorpresa de Alegría de Pío, paramos en el río Magdalena que está separado de La Plata por un fi rme que sale de la Maestra y muere en el mar dividiendo las dos pequeñas cuencas. Allí hicimos algunos ejercicios de tiro, ordenados por Fidel para entrenar algo a la gente; algunos tiraban por primera vez en su vida. Allí nos bañamos también, después de muchos días de ignorar la higiene y, los que pudieron, cambiaron sus ropas. En aquel momento había veintitrés armas efectivas; nueve fusiles con mirilla telescópica, cinco semiautomáticos, cuatro de cerrojo, dos ametralladoras Thompson, dos pistolas ametralladoras y una escopeta calibre 16. Por la tarde de ese día subimos la última loma antes de llegar a las inmediaciones de La Plata. Seguíamos un angosto trillo del bosque transitado por muy pocas personas y marcado especialmente para nosotros a punta de machete por un campesino de la región, llamado Melquiades Elías. Este nombre nos fue dado por nuestro guía Eutimio, personal imprescindible para nosotros y la imagen del campesinado rebelde; pero algún tiempo después fue apresado por Casillas, quien en vez de matarlo lo compró con la oferta de $10,000 y un grado en el ejército si mataba a Fidel. Estuvo muy cerca de su intento, pero le faltó valor para hacerlo; sin embargo, muy importante fue su acción, delatando nuestros campamentos.
En aquella época, Eutimio nos servía lealmente; era uno de los tantos campesinos que luchaban por sus tierras contra los terratenientes de la región, y quien luchara contra los terratenientes, luchaba al mismo tiempo contra la guardia que era la servidora de aquella clase.
Durante el camino de ese día, hicimos prisioneros a dos campesinos que resultaron ser parientes del guía: uno de ellos fue puesto en libertad pero el otro fue retenido, como medida de precaución. Al día siguiente, 15 de enero, avistamos el cuartel de La Plata, a medio construir, con sus láminas de zinc y vimos un grupo de hombres semidesnudos en los que se adivinaba, sin embargo, el uniforme enemigo. Pudimos observar cómo, a las seis de la tarde, antes de caer el sol, llegaba una lancha cargada de guardias, bajando unos y subiendo otros. Como no comprendimos bien las evoluciones decidimos dejar el ataque para el día siguiente.
Desde el amanecer del 16 se puso observación sobre el cuartel. Se había retirado el guardacostas por la noche; se iniciaron labores de exploración pero no se veían soldados por ninguna parte. A las tres de la tarde, decidimos ir acercándonos al camino que sube del cuartel bordeando el río para tratar de observar algo; al anochecer, cruzamos el río de La Plata que no tiene profundidad alguna y nos apostamos en el camino; a los cinco minutos, tomamos prisioneros a dos campesinos. Uno de los hombres tenía algunos antecedentes de chivato; al saber quiénes éramos y expresarles que no teníamos buenas intenciones si no hablaban claro, dieron informaciones valiosas. Había unos soldados en el cuartel, aproximadamente una quincena, y, además, al rato debía pasar uno de los tres famosos mayorales de la región: Chicho Osorio. Estos mayorales pertenecían al latifundio de la familia Laviti que había creado un enorme feudo y lo mantenía mediante el terror con la ayuda de individuos como Chicho Osorio. Al poco rato, apareció el nombrado Chicho, borracho, montado en un mulo y con un negrito a horcajadas. Universo Sánchez, le dio el alto en nombre de la guardia rural, y éste rápidamente contestó: “mosquito”. Era la contraseña.
A pesar de nuestro aspecto patibulario, quizás por el grado de embriaguez de ese sujeto, pudimos engañar a Chicho Osorio. Fidel, con aire indignado, le dijo que era un coronel del ejército, que venía a investigar por qué razón no se había liquidado ya a los rebeldes, que él sí se metía en el monte, por eso estaba barbudo, que era una “basura” lo que estaba haciendo el ejército; en fin, habló bastante mal de la ejecutividad de las fuerzas enemigas. Con gran sumisión, Chicho Osorio contó que, efectivamente, los guardias se la pasaban en el cuartel, que solamente comían, sin actuar; que hacían recorridos sin importancia; manifestó enfáticamente que había que liquidar a todos los rebeldes. Se empezó a hacer discretamente una relación de la gente amiga y enemiga en la zona, preguntándole por ella a Chicho Osorio y, naturalmente poniéndolo al revés, cuando Chicho decía que alguno era malo, ya teníamos una base para decir que era bueno. Así se juntaron veintitantos nombres, y el chivato seguía hablando; nos contó habían muerto dos hombres en esos lugares; “pero mi general Batista me dejó libre enseguida”. Nos dijo cómo acababa de darles unas bofetadas a unos campesinos que se habían puesto “un poco malcriados” y que, además, según sus propias palabras, los guardias eran incapaces de hacer eso; los dejaban hablar sin castigarlos. Le preguntó Fidel qué cosa haría él con Fidel Castro en caso de agarrarlo, y entonces contestó con un gesto explicativo que había que partirle los… igualmente opinó de Crescencio. Mire, dijo, mostrando los zapatos de nuestra tropa, de factura mexicana, “de uno de esos hijos de … que matamos”. Allí, sin saberlo, Chicho Osorio había firmado su propia sentencia de muerte. Al final, ante la insinuación de Fidel, accedió a guiarnos para sorprender a todos los soldados y demostrarles que estaban muy mal preparados y que no cumplían con su deber.
Nos acercamos hacia el cuartel, teniendo como guía a Chicho Osorio, aunque personalmente no estaba muy seguro de que aquel hombre no se hubiera percatado ya de la estratagema. Sin embargo, siguió con toda ingenuidad, pues estaba tan borracho que no podía discernir; al cruzar nuevamente el río para acercarnos al cuartel, Fidel le dijo que las ordenanzas militares establecían que el prisionero debía estar amarrado; el hombre no opuso resistencia, siguió como prisionero, aunque sin saberlo. Explicó que la única guardia establecida era una entrada en el cuartel en construcción y la casa de otro de los mayorales llamado Honorio, y nos guió hasta un lugar cercano al cuartel por donde pasaba el camino al Macío. El compañero Luis Crespo, hoy comandante, fue enviado a explorar y volvió con la noticia de que eran exactos los informes del mayoral, pues se veían las dos construcciones y el punto rojo de los cigarros de la guardia en el medio.
Cuando estábamos listos para acercarnos tuvimos que escondernos y dejar pasar a tres guardias a caballo que pasaban, arriando como una mula a un prisionero de a pie. Al lado mío pasó, y recuerdo las palabras del pobre campesino que decía: “Yo soy como ustedes” y la contestación de un hombre, que después identifi camos como el cabo Basol, “cállate y sigue antes de que te haga caminar a latigazos”. Nosotros creíamos que ese campesino quedaba fuera de peligro al no estar en el cuartel, expuesto a nuestras balas en el momento del ataque; sin embargo, al día siguiente, cuando se enteraron del combate y sus resultados fue asesinado vilmente en el Macío. Teníamos preparado el ataque con veintidós armas disponibles. Era un momento importante, pues teníamos muy pocas balas; había que tomar el cuartel de todas maneras, el no tomarlo significaba gastar todo el parque, quedar prácticamente indefensos. El compañero teniente Julito Díaz, caído gloriosamente en El Uvero, con Camilo Cienfuegos, Benítez y Calixto Morales, con fusiles semiautomáticos, cercarían la casa de guano por la extrema derecha. Fidel, Universo Sánchez, Luis Crespo, Calixto García, Fajardo —hoy comandante del mismo apellido que nuestro médico, Piti Fajardo, caído en Escambray— y yo, atacaríamos por el centro. Raúl con su escuadra y Almeida con la suya, el cuartel, por la izquierda.
Así fuimos acercándonos a las posiciones enemigas hasta llegar a unos cuarenta metros. Había buena luna. Fidel inició el tiroteo con dos ráfagas de ametralladora y fue seguido por todos los fusiles disponibles. Inmediatamente, se invitó a rendirse a los soldados, pero sin resultado alguno. En el momento de iniciarse el tiroteo fue ajusticiado el chivato y asesino Chicho Osorio.
El ataque se había iniciado a las dos y cuarenta de la madrugada y los guardias hicieron más resistencia de la esperada, había un sargento que tenía un M-1, y respondía con una descarga cada vez que le intimábamos la rendición; se dieron órdenes de disparar nuestras viejas granadas de tipo brasileño; Luis Crespo tiró la suya, yo la que me pertenecía. Sin embargo, no estallaron. Raúl Castro tiró dinamita sin niple y ésta no hizo ningún efecto. Había entonces que acercarse y quemar las casas aun a riesgo de la propia vida; en aquellos momentos Universo Sánchez trató de hacerlo primero y fracasó, después lo intentó Camilo Cienfuegos pero tampoco pudo hacerlo, y al final, Luis Crespo y yo nos acercamos a un rancho que este compañero incendió. A la luz del incendio pudimos ver que era simplemente un lugar donde guardaban los frutos del cocotal cercano, pero intimidamos a los soldados que abandonaron la lucha. Uno huyendo fue casi a chocar contra el fusil de Luis Crespo que lo hirió en el pecho, le quitó el arma y seguimos disparando contra la casa. Camilo Cienfuegos, parapetado detrás de un árbol, disparó contra el sargento que huía y agotó los pocos cartuchos de que disponía.
Los soldados, casi sin defensa, eran inmisericordemente heridos por nuestras balas. Camilo Cienfuegos entró primero, por nuestro lado, a la casa de donde llegaban gritos de rendición. Hicimos rápidamente el balance que había dejado el combate en armas: ocho Springfi eld, una ametralladora Thompson y unos mil tiros; nosotros habíamos gastado unos quinientos tiros aproximadamente. Además, teníamos cananas, combustible, cuchillos, ropas, alguna comida. El recuento de bajas: ellos tenían dos muertos y cinco heridos, además tres prisioneros. Algunos junto con el chivato Honorio, habían huido. Por nuestra parte, ni un rasguño. Se les dio fuego a las casas de los soldados y nos retiramos, luego de atender lo mejor posible a los heridos, tres de ellos de mucha gravedad, que luego murieron, según nos enteramos después de la victoria final, los dejamos al cuidado de los soldados prisioneros. Uno de estos soldados, se incorporó después a los tropas del comandante Raúl Castro y alcanzó el grado de teniente, muriendo en un accidente aéreo ya después de ganada la guerra.
Siempre contrastaba nuestra actitud con los heridos y la del ejército, que no sólo asesinaba a nuestros heridos sino que abandonaba a los suyos. Esta diferencia fue haciendo su efecto con el tiempo y constituyó uno de los factores de triunfo. Allí, con mucho dolor para mí, que sentía como médico la necesidad de mantener reservas para nuestras tropas, ordenó Fidel que se entregaran a los prisioneros todas las medicinas disponibles para el cuidado de los soldados heridos, y así lo hicimos. Dejamos también en libertad a los civiles y, a las cuatro y treinta de la mañana del día 17, salíamos rumbo a Palma Mocha, a donde llegamos al amanecer internándonos rápidamente, buscando las zonas más abruptas de la Maestra.
Un espectáculo lastimoso se ofrecía a nuestros ojos; un cabo y un mayoral habían afi rmado la víspera, a todas las familias del lugar, que la aviación bombardearía aquello provocando un éxodo hacia la costa de casi la totalidad de los campesinos. Como nadie conocía nuestra estancia en esos lares, era claramente una maniobra entre los mayorales y la guardia rural para despojar a los guajiros de sus tierras y pertenencias, pero la mentira de ellos había coincidido con nuestro ataque y ahora se hacía verdad, de modo que el terror se sembró en ese momento y fue imposible detener el éxodo.
Este fue el primer combate victorioso de los ejércitos rebeldes; en éste y el combate siguiente, fue el único momento de la vida de nuestra tropa donde nosotros hayamos tenido más armas que hombres… El campesino no estaba preparado para incorporarse a la lucha y la comunicación con las bases de la ciudad prácticamente no existía.
*Este artículo fue publicado originalmente en el periódico Revolución, en la edición del 9 de marzo de 1961 y en la revista “Verde Olivo” tres días después.
Vea más imágenes del Ejército Rebelde en 1957 en www.fidelcastro.cu
Hace 56 años la CIA asesinaba al líder anticolonialista Patrice Lumumba
Hace 56 años agentes de los servicios secretos belgas y de la
CIA introdujeron el cuerpo de Patrice Lumumba en un barril de ácido y lo
hicieron desaparecer. El Congo pudo haber
ido hacia una democracia y, por el contrario, fue hacia una de las
peores dictaduras africanas del siglo XX.
Patrice Lumumba fue el primer jefe de gobierno de la República Democrática del Congo. Buscó la descolonización de su país en manos de Bélgica y destruir totalmente el poder colonialista europeo presente en África, erradicar el ultraje y el expolio que durante siglos había sufrido el continente.
En 1958 se orientó decididamente hacia la lucha por la descolonización del Congo por las escasas posibilidades de acción social que le permitían las autoridades coloniales belgas y así fundó el Movimiento Nacional Congolés, partidario de crear un Estado independiente y laico, cuyas estructuras políticas unitarias ayudaran a superar las diferencias tribales creando un sentimiento nacional.
Tras la independencia de Bélgica, en 1960, el Congo celebró elecciones, y Patricio Lumumba, líder de la lucha independentista, llegó a la presidencia con un programa nacionalista y de izquierdas.
Lumumba no pudo impedir que la retirada del ejército belga diera paso conflicto político con pronunciamientos militares, ataques a la población blanca y disturbios generalizados.
La rebelión fue especialmente grave en la región minera de Katanga, que se declaró independiente bajo el liderazgo de Tschombé; Lumumba denunció que esta secesión había sido promovida por el gobierno belga en defensa de los intereses de la compañía minera que explotaba los yacimientos de la región.
Lumumba pidió ayuda a la ONU, que envió un pequeño contingente de «cascos azules» incapaces de restablecer el orden, y por eso pidió el apoyo de la Unión Soviética, con lo que amenazó directamente los intereses occidentales.
El presidente de EE.UU., Eisenhower, dio entonces orden de eliminarlo. Y envió al agente de la CIA Frank Carlucci, quien luego sería secretario de Defensa de Ronald Reagan.
Un golpe de Estado derrocó a Lumumba en septiembre de 1960. Fue torturado brutalmente y fusilado por mercenarios belgas, que disolvieron su cuerpo en ácido y esparcieron sus restos para que no fuera reconocido.
Hace bien poco, en noviembre de 2001, el parlamento de Bélgica reconocía la responsabilidad de su Estado en la muerte de Patricio Lumumba.
Fue asesinado de esa manera por la gran lucha política e ideológica que realizó para dar a conocer la unidad como instrumento y vía para el logro de la liberación por parte de los pueblos africanos, de los yugos coloniales que se mantenían en el momento en que libró su lucha y que aún se mantienen, incluyendo entre ellos al neocolonialismo naciente y al imperialismo norteamericano que ya comenzaba a meterse en los países africanos para sumarse a los saqueadores de las riquezas de ese continente.
El pensamiento de Patrice Lumumba constituyó un peligro para las potencias occidentales explotadoras de los pueblos africanos. Medio siglo después, las autoridades estadounidenses reconocieron su implicación en el derrocamiento y asesinato del líder congoleño. - Telesur
Patrice Lumumba fue el primer jefe de gobierno de la República Democrática del Congo. Buscó la descolonización de su país en manos de Bélgica y destruir totalmente el poder colonialista europeo presente en África, erradicar el ultraje y el expolio que durante siglos había sufrido el continente.
En 1958 se orientó decididamente hacia la lucha por la descolonización del Congo por las escasas posibilidades de acción social que le permitían las autoridades coloniales belgas y así fundó el Movimiento Nacional Congolés, partidario de crear un Estado independiente y laico, cuyas estructuras políticas unitarias ayudaran a superar las diferencias tribales creando un sentimiento nacional.
Tras la independencia de Bélgica, en 1960, el Congo celebró elecciones, y Patricio Lumumba, líder de la lucha independentista, llegó a la presidencia con un programa nacionalista y de izquierdas.
Lumumba no pudo impedir que la retirada del ejército belga diera paso conflicto político con pronunciamientos militares, ataques a la población blanca y disturbios generalizados.
La rebelión fue especialmente grave en la región minera de Katanga, que se declaró independiente bajo el liderazgo de Tschombé; Lumumba denunció que esta secesión había sido promovida por el gobierno belga en defensa de los intereses de la compañía minera que explotaba los yacimientos de la región.
Lumumba pidió ayuda a la ONU, que envió un pequeño contingente de «cascos azules» incapaces de restablecer el orden, y por eso pidió el apoyo de la Unión Soviética, con lo que amenazó directamente los intereses occidentales.
El presidente de EE.UU., Eisenhower, dio entonces orden de eliminarlo. Y envió al agente de la CIA Frank Carlucci, quien luego sería secretario de Defensa de Ronald Reagan.
Un golpe de Estado derrocó a Lumumba en septiembre de 1960. Fue torturado brutalmente y fusilado por mercenarios belgas, que disolvieron su cuerpo en ácido y esparcieron sus restos para que no fuera reconocido.
Hace bien poco, en noviembre de 2001, el parlamento de Bélgica reconocía la responsabilidad de su Estado en la muerte de Patricio Lumumba.
Fue asesinado de esa manera por la gran lucha política e ideológica que realizó para dar a conocer la unidad como instrumento y vía para el logro de la liberación por parte de los pueblos africanos, de los yugos coloniales que se mantenían en el momento en que libró su lucha y que aún se mantienen, incluyendo entre ellos al neocolonialismo naciente y al imperialismo norteamericano que ya comenzaba a meterse en los países africanos para sumarse a los saqueadores de las riquezas de ese continente.
El pensamiento de Patrice Lumumba constituyó un peligro para las potencias occidentales explotadoras de los pueblos africanos. Medio siglo después, las autoridades estadounidenses reconocieron su implicación en el derrocamiento y asesinato del líder congoleño. - Telesur
Festejan 7 años de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia
Organizaciones sociales e instituciones militares del
departamento de Chuquisaca alistan detalles para celebrar los siete años
del Estado Plurinacional de Bolivia.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Elmar Callejas, adelantó que para el 22 de enero se prevé la realización de un desfile cívico-militar.
Callejas recordó que la efeméride conmemora la redacción y aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009.
Para Chuquisaca la fecha tiene gran relevancia por las obras ejecutadas en todo el departamento durante este periodo, añadió el legislador.
En tanto, la Asamblea Legislativa celebrará en La Paz el establecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia con una sesión de honor el próximo domingo.
La fecha devendrá oportunidad para conocer el informe anual de trabajo de Gobierno del presidente Evo Morales e iniciar la legislatura correspondiente.
Posterior a la sesión tendrá lugar un desfile cívico-militar en la Plaza Murillo, centro del poder político, adelantó el legislador.
El gobierno del primer presidente indígena estableció el 22 de enero como el Día del Estado Plurinacional con el objetivo de reconocer la diversidad cultural y tradicional de Bolivia. - ABI
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Elmar Callejas, adelantó que para el 22 de enero se prevé la realización de un desfile cívico-militar.
Callejas recordó que la efeméride conmemora la redacción y aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009.
Para Chuquisaca la fecha tiene gran relevancia por las obras ejecutadas en todo el departamento durante este periodo, añadió el legislador.
En tanto, la Asamblea Legislativa celebrará en La Paz el establecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia con una sesión de honor el próximo domingo.
La fecha devendrá oportunidad para conocer el informe anual de trabajo de Gobierno del presidente Evo Morales e iniciar la legislatura correspondiente.
Posterior a la sesión tendrá lugar un desfile cívico-militar en la Plaza Murillo, centro del poder político, adelantó el legislador.
El gobierno del primer presidente indígena estableció el 22 de enero como el Día del Estado Plurinacional con el objetivo de reconocer la diversidad cultural y tradicional de Bolivia. - ABI
La Gran Coalición de socialistas y conservadores brinda un nuevo aval al 'TTIP canadiense' en la Eurocámara
Ambos grupos han votado a favor de una resolución de la Comisión de Medio Ambiente de la cámara que respalda el polémico CETA, el tratado de libre comercio entre Canadá y la UE. “Han votado contra la salud y el medioambiente”, denuncia la eurodiputada de Podemos Estefanía Torres.
A.L.M. - PÙBLICO - Publicado: 13.01.2017 08:08
MADRID.-Había presiones de
grupos ecologistas, advertencias sobre los riesgos del CETA para la
salud y el medio ambiente, pero el respaldo de conservadores y
socialdemócratas ha permitido que el Europarlamento haya brindado un nuevo aval al polémico tratado de libre comercio entre Canadá y la UE.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) dio luz verde este jueves a una resolución favorable al Comprehensive Economic and Trade Agreement
(CETA, por sus siglas en inglés), a pesar de las denuncias de distintas
fuerzas políticas y cientos de organizaciones y colectivos (entre ellos
la Campaña Estatal no al TTIP) sobre el acuerdo, pendiente de
ser ratificado por el Pleno de la Eurocámara (previsiblemente en
febrero) y por los respectivos parlamentos nacionales de los 28.
Torres:“Todas las advertencias
que sitúan al CETA como una grave amenaza para la salud, el medio
ambiente y el bienestar animal han sido obviadas y pisoteadas por los
populares y socialistas”
Por 40 votos a favor y 24 en contra,
esta comisión ha dado un nuevo empujón al acuerdo, sobre el que la
Comisión de Comercio Internacional (INTA) prepara un informe más
completo que se votará el 24 de enero, y que incluirá las opiniones de ENVI y otras comisiones.
“La Gran Coalición de populares y socialistas ha votado hoy contra la
salud y el medio ambiente al dar su apoyo al CETA”, denuncia la
eurodiputada de Podemos y miembro de la comisión ENVI, Estefanía Torres.
“Situar los intereses de las multinacionales por encima de los derechos
y la salud de la gente es un crimen y eso es lo que ha vuelto a pasar
hoy en el Parlamento Europeo debido a los votos de la Gran Coalición, que han vuelto a activar su rodillo”,
denuncia Torres. “Todas las advertencias que sitúan al CETA como una
grave amenaza para la salud, el medio ambiente y el bienestar animal han
sido hoy obviadas y pisoteadas por los populares y socialistas europeos
una vez más”, apostilla.
Desde su grupo parlamentario recuerdan que el borrador de este documento fue elaborado por el grupo de Los Verdes,
pero su contenido inicial era muy diferente al texto finalmente
aprobado. Sostienen que inicialmente la opinión alertaba de que el CETA no refleja el llamado “principio de precaución”,
y recordaba que el acuerdo comercial establece el mecanismo de blindaje
de las multinacionales, basado en los paneles de arbitraje privados
donde las compañías pueden denunciar a los Estados en el caso de que
consideren que sus legislaciones nacionales pueden afectar negativamente
a sus inversiones.
“Ambos elementos, sin embargo, han sido
rechazados en la votación de hoy en la comisión debido al rodillo
ejercido por los eurodiputados populares y socialistas", critica Torres.Por su parte, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, aseguraba en su perfil de Twitter, nada más conocerse el resultado de la votación, que la Comisión ha decidido respaldar "un acuerdo que agrede al planeta".
Urbán: “Con las protestas en Berlín al S&D les temblaban las piernas”
Este mismo jueves, el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán recordó durante una rueda de prensa que la primera votación del informe de posición sobre el TTIP en la Eurocámara, “se tuvo que suspender” porque el grupo de los Socialistas & Demócratas (S&D) no tenía una posición unánime sobre el polémico acuerdo comercial . “Había habido 200.000 personas protestando en Berlín contra el TTIP, y a los socialistas le temblaban las piernas”, apuntó Urbán, llamando a que en las protestas convocadas el próximo 21 de enero en distintas ciudades españolas contra estos acuerdos de libre comercio, “salgan 200.000 personas aquí, en Madrid”.“Se nos está acabando el tiempo ante el CETA”, reconoce Torres, pero afirma que ante esta realidad “no podemos claudicar sino todo lo contrario: debemos reaccionar incluso con mayor fuerza y contundencia en las calles para evitar que nuestros derechos y nuestra democracia queden tocados durante muchas décadas, que es la intención de acuerdos comerciales y de inversión como éste”, zanja.
CONVOCADAS POR LA CAMPAÑA 'NO AL TTIP'
Nueve aspectos preocupantes que justifican movilizaciones en más de 20 ciudades para frenar al CETA
Está previsto que el próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo vote la ratificación del CETA.
nuevatribuna.es
17 de Enero de 2017 (18:58 h.)
"Es una falacia decir que este tipo de acuerdos comerciales y de inversión es una forma de gobernar la globalización o de mejorar la gobernanza global”, ha manifestado Cuca Hernández, portavoz de la campañaEl próximo 21 de enero la campaña No al TTIP ha convocado junto a otras organizaciones sociales y políticas europeas un Día de Acción Global para demandar al Parlamento Europeo que vote “no" al acuerdo comercial y de inversiones entre la UE y Canadá, el CETA. En el Estado español se han sumado más de 20 ciudades a esta convocatoria.
Está previsto que el próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo vote la ratificación del CETA. Por tal motivo, la sociedad civil, sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa, también del todo el Estado español, saldrán a la calle el próximo sábado 21 de enero con el objetivo de frenar este tratado económico y comercial entre la UE y Canadá, también conocido como el "TTIP canadiense".
"El movimiento europeo contra los acuerdos comerciales como TTIP y CETA ha conseguido poner contra las cuerdas las negociaciones comerciales de la UE”, ha declarado Luis Rico, uno de los portavoces de la campaña. "La sociedad se está rebelando contra el contenido de estos acuerdos, que están pensados únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las grandes empresas. Proponemos un modelo comercial que evite los efectos negativos de la globalización. Por eso el sábado volveremos a salir a la calle para decir que las personas y el planeta están antes que las multinacionales”, ha concluido Rico.
En el caso de que se ratifique del CETA, el próximo 14 de febrero amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplicarán provisionalmente, incluso antes de que sea votado para su confirmación final en los distintos parlamentos nacionales de los 28 miembros de la Unión Europea (UE).
Pero antes de esta votación decisiva, varias comisiones parlamentarias tienen que expresar y votar su opinión sobre el tratado. En diciembre la resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) recomendó votar en contra el CETA. Sin embargo, la Comisión de Medioambiente (ENVI) que se celebró el pasado jueves 12 de enero respaldó el acuerdo. El próximo 24 de enero será la Comisión de Comercio Exterior (INTA) quien tenga que definirse sobre el tratado.
Por este motivo, la campaña No al TTIP ha estado manteniendo numerosos contactos con europarlamentarias y europarlamentarios, y ha celebrado reuniones con representantes de algunas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo.
La campaña ha constatado la profunda división interna que existe en los grupos socialdemócrata (S&D) y demócrata-liberal (ALDE), donde diversos europarlamentarios han votado en contra de este tipo de acuerdos y han expuesto sus preocupaciones ante los graves peligros que implica la aplicación de este tratado en aspectos como el empleo, el sector agrícola, el principio de precaución, los servicios públicos o la futura cooperación reguladora.
"Es una falacia decir que este tipo de acuerdos comerciales y de inversión es una forma de gobernar la globalización o de mejorar la gobernanza global”, ha manifestado Cuca Hernández, portavoz de la campaña. “El texto del CETA”, ha añadido Hernández, "llama barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y el medioambiente; trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales; y desregulariza muchos aspectos que tienen relación con los servicios públicos y los derechos laborales. Aunque nos lo quieran vender como un intento de gobernar la globalización, el CETA ahonda la actual crisis global de desregulación del mercado, el empleo y el capital".
La campaña No al TTIP ha expuesto
a las europarlamentarias/os españolas/es que el texto del CETA y la
"declaración interpretativa" que la acompaña incluye aspectos
preocupantes, tales como:
• El CETA supone la aceptación de que las empresas
multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas
legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del
planeta. Este acuerdo consagra un sistema judicial paralelo y
unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para
defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente.• En el texto de este acuerdo el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.
• El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
• El CETA hace que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
• Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE.
• El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
• Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
• Tanto en Canadá como en la UE, el CETA expondría a agricultoras y agricultores a más presión debido a la competitividad comercial, lo que supondría una debilitación de este sector. Asimismo supondría un mayor impedimento para las políticas de compra pública de promoción de productos de cercanía y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
• El CETA pone en grave riesgo el principio de precaución consagrado en el Tratado de la UE, principio que protege a consumidores, salud pública y medio ambiente.
VALONIA MARCA EL RUMBO
La gran estafa del CETA, TTIP y TISA
En España, siete parlamentos
autónomos se han declarado en contra de alguno de estos tratados: ¿Hasta
que punto el Gobierno español puede firmar estos tratados con esta
oposición interna?
nuevatribuna.es | Varios autores del Círculo 3E
25 de Octubre de 2016 (16:23 h.)
Eduardo Enciso, Ricardo Gómez, Carlos Ruíz, Julián Maganto, Teresa Gómez y Joan Pere Enciso1
El 27 de octubre está prevista en Bruselas la firma del Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá (CETA),
al mismo tiempo que siguen las negociaciones de un acuerdo
transatlántico de inversiones y comercio (TTIP) con los Estados Unidos
(EEUU) y un acuerdo de comercio de servicios (TISA) con un amplio grupos
de países (EEUU, Canadá, y otros 20 países).El protocolo de la firma del CETA se podría modificar si las presiones sobre el parlamento de la región francófona de Bélgica no surgen efecto y este mantiene su veto, ya que ello implicaría que el Estado belga no lo podría ratificar en la fecha fijada. Valonia tiene una población de 3,5 millones de habitantes y lleva décadas sumida en una profunda crisis económica con resultados desastrosos, entre otros la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores (ver la película “Deux Jours, une Nuit” de los hermanos Dardenne, 2014). Poca difusión se ha dado a que el Parlamento de Valonia lleva año y medio debatiendo el tratado y estudiando las consecuencias que tendría para esta pequeña región su ratificación, a que algunos gobiernos europeos han mostrado importantes reticencias en los últimos meses (Austria, países del de Este, etc.) y a que el Tribunal Constitucional alemán está estudiando el encaje constitucional del CETA, habiendo advertido a su gobierno de las contradicciones existentes entre la normativa del CETA y la constitución de su país. En las últimas semanas, los grupos de presión pro-CETA no han levantado demasiado polvo aireando el tratado; no obstante sus medios no han perdido el tiempo acusando rápidamente al primer ministro valón, el socialista Paul Magnette, de torpedear el pacto esgrimiendo simples argumentos antiglobalización, suspicacias respecto al libre comercio y otras razones en claves de la política interna belga (ver artículo de Claudi Pérez El País Digital, 21 oct 2017). Ya que en España tenemos siete parlamentos autónomos que se han declarado en contra de alguno de estos tratados (Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Navarra y Valencia), la situación belga nos plantea una pregunta importante para nuestros juristas constitucionalistas:
¿Hasta que punto el Gobierno español en funciones puede firmar estos tratados con esta oposición interna?
Los acuerdos se negocian por comisiones gubernamentales y grupos de presión económicos, sin ningún tipo de participación y control de la ciudadanía o de sus representantes políticos (parlamentarios nacionales o europeos), lo que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud. Como dejó claro la Declaración de Barcelona (21 de abril de 2016), la transparencia no puede ser sacrificada en pos del derecho comercial que los grandes inversores y empresas trasnacionales (ETN) han decidido implantar. Las reglamentaciones comerciales no son un aspecto menor del modelo socio-económico, pues terminan afectando tanto a las relaciones y procesos de producción de bienes y servicios, como a su distribución y consumo. En resumen, inciden en demasiados aspectos de las vidas de los ciudadanos, para que éstos acepten ser relegados a meros consumidores pasivos.
Estamos ante acuerdos comerciales de nueva generación, de importancia trascendental, ya que no solo establecen la apertura de los mercados –eliminación de aranceles, cuotas de intercambio, etc.-, considerada una exigencia habitual en tratados comerciales entre Estados, sino que introducen importantes novedades entre las que destacamos:
Cooperación reglamentaria. Bajo esta denominación pensamos que se oculta la eliminación de barreras no tarifarías, apostando por una uniformización de las reglas y normas que determinan los protocolos de producción, distribución y venta de bienes y servicios. Los intereses de las grandes corporaciones se hacen patentes porque en esta singular “cooperación” prevalece las regulaciones menos exigentes, lo que irá en detrimento de los Estados más protectores de los intereses de sus ciudadanos. Por poner un ejemplo, en el ámbito alimentario, al implementar los acuerdos nos será difícil no abrir los mercados europeos a la producción agrícola genéticamente modificada, a los alimentos producidos con pesticidas no autorizados en Europa, o a oponernos al consumo de carnes producidas utilizando aditivos prohibidos –hormonas (somotrotropina bovina recombinante), clorhidrato de ractopomina en el cerdo, cloro en los pollos, etc.-.
Derecho de petición. EEUU ha planteado en las negociaciones del TTIP este derecho, que implica una revisión en el tiempo de las normas pactadas. Bajo el argumento de la innovación científica y tecnológica los gobiernos se verán obligados a revisar las normativas anteriores, por un órgano colegiado, denominado Foro de Cooperación Reguladora, en el que participarán los grupos de presión de las corporaciones. Entre las consecuencias de estas prácticas, podemos prever una injerencia constante de los agentes productores y distribuidores en los protocolos de regulación, limitando o impidiendo cualquier cambio que se planteen introducir los gobiernos en la legislación vigente, al considerar que perjudica a sus beneficios presentes o futuros.
Desaparición del principio de precaución. Las prácticas preventivas aceptadas hoy por los Estados de la UE corren un serio riesgo de desaparecer por estas nuevas disposiciones comerciales. Actualmente, la incertidumbre permite que la UE paralice la introducción de un nuevo producto o servicio en el mercado. Al aplicarse estos tratados los reguladores tendrán que presentar resultados “irrefutables” que justifiquen la denegación gubernativa a su comercialización.
Privatización de la justicia por la externalización de los tribunales de inversiones (ICS). Que los intereses de las grandes corporaciones predominan en estos acuerdos queda patente en los protocolos de resolución de conflictos Inversor-Estado que se han acordado, conocidos por sus siglas inglesas ICS (Investment Court System). Las corporaciones extranjeras podrán demandar a los Estados si introducen cualquier regulación que piensen que atente contra la rentabilidad de su inversión o límite sus actividades, mientras que éstos no podrán hacer lo mismo con las corporaciones tras considerar que se menoscaban los derechos de sus ciudadanos. Una élite judicial se ha constituido en los últimos años a nivel global, alimentada por el dinero de los contribuyentes. El coste para los Estados al enfrentar estas demandas es por un lado financiero, entrando en juego enormes cantidades de dinero, y por otro político, asociado a la presión de las corporaciones para evitar reglamentaciones lesivas para sus intereses, y hacer evidente que las pequeñas y medianas empresas no dispondrán de recursos para utilizar estos mecanismos de disputa.
Lista negativa de servicios no privatizables. Se introduce una lista para los servicios públicos que las Administraciones quieran proteger. Es significativo la utilización del calificativo de la lista “negativa” para subrayar su carácter diferenciado y anómalo. Todos los sectores y subsectores económicos que no estén en ese listado podrán ser liberados o privatizados, incluidos aquellos servicios que surjan en el futuro a partir de las necesidades sociales y originados por el desarrollo científico y tecnológico. La clave para que las grandes corporaciones penetren en los servicios públicos se centrará en la reducción de costes, en la determinación de los indicadores evaluadores de los mismos y en las cláusulas abusivas de retorno a la gestión pública.
Invisibilidad de la sostenibilidad y cambio climático. Sus objetivos contradicen el acuerdo climático surgido en Paris (COP21) y hacen caso omiso a la sostenibilidad del planeta. La UE se ha comprometido a reducir en un 40% sus emisiones en el 2030, difícil de cumplir bajo una intensificación del comercio transatlántico y transoceánico. No vemos cláusulas con fuerza jurídica para conceder a los Estados la posibilidad de luchar contra el cambio climático, tomando medidas que permitan la transición ecológica y energética.
A lo largo de los últimos meses ha habido importantes movilizaciones ciudadanas denunciando estos tratados que se nos presentan bajo el eufemismo de “libre comercio”, con un articulado que en esencia defienden los intereses económicos de los grandes inversores y empresas transnacionales (2). El CETA, TTIP y TISA conceden un cheque en blanco a las multinacionales al introducir medidas destinadas a reducir cualquier reglamentación y norma que sean contrarias al beneficio y a los intereses de los inversores. Se han recogido más de 3 millones de firmas en contra, y numerosas corporaciones locales e instituciones europeas se han declarado libres frente a estos acuerdos. Es importante que los gobiernos aplacen la firma del tratado como solicita Valonia, y revisen los protocolos de información y negociación de la Comisión Europea, abriéndose e implicando a los representantes de la ciudadanía. ¿Por qué aceptan esta pérdida de soberanía de sus Estados?
Nuestros gobiernos no pueden firmar acuerdos blindados que impidan su revisión futura por parte de los Estados asociados. Es por esto importante que donde estemos, impulsemos zonas libres de aplicación de estas normativas y también, participemos en las movilizaciones que planteen organizaciones ciudadanas como la plataforma No al TTIP. Solicitamos a los Grupos Parlamentarios que introduzcan el debate en el Pleno del Congreso de Diputados con el fin de acotar la posición del Gobierno (en funciones) en la sesión de aprobación del Consejo Europeo.
¡Si no estamos a la altura hipotecaremos nuestro futuro y el de nuestros descendientes!
1 EE, RG, CR, JM y TG son miembros del Círculo 3E (Economía, Ecología y Energía) @PODEMOS, RG pertenece a la Plataforma NO al TTIP y JPE es miembro de la Plataforma STOP CETA de Ponent-Pirineus (Lleida). 2”Las Amenazas del TTIP y CETA”, Adoración Guamán y Pablo Jiménez (Coord), Pol-len Ediciones Oct. 2016.
CGT participa en la Asamblea estatal de la Campaña contra el TTIP y el CETA
La jornada del sábado
sirvió para realizar una valoración de los puntos fuertes de la campaña
desde su nacimiento en 2014. Las presentes coincidieron en que el
movimiento había logrado un importante crecimiento en la opinión
pública, algo muy positivo porque una de las características de las
negociaciones de estos acuerdos es que se han tratado en secreto por
parte de los gobiernos implicados. En este sentido se planteó la
necesidad de continuar trabajando en la misma línea para, por un lado,
llegar a los medios de comunicación convencionales y, por otro,
alcanzar al sector de población que todavía no se ha enterado o no
quiere enterarse en qué consisten los mismos.
Desde la CGT, la secretaria de Acción
Social indicó que había que realizar un mayor esfuerzo para romper con
la influencia de aquellos grupos políticos y económicos contrarios a la
campaña contra estos tratados. Irene de la Cuerda también indicó que no
podíamos perder de vista otros acuerdos económicos que se están
negociando en la actualidad además del TTIP y el CETA y que van a
afectarnos de igual modo.
Gracias al trabajo que durante dos años
ha realizado la ciudadanía organizada contra estos tratados
neoliberales se ha creado una marca, #NoAlTTIP, que ya es conocida y
reconocida, y a pesar de que las movilizaciones aún no son tan masivas
como se desearía, hay sectores muy concienciados que convierten esta
lucha en una voz constante. En este sentido algunos presentes
comentaron que el movimiento contra el TTIP podía asemejarse a las
campañas que se hicieron en el Estado español contra la OTAN, en los
80, y contra la guerra de Irak, durante el gobierno de Aznar.
El sábado también sirvió para visualizar
escenarios futuros a los que este movimiento ciudadano tendrá que
enfrentarse en 2017. Teniendo como referencia el 2016 y la agenda
política prevista, se analizó de forma conjunta aquellas posibles
situaciones futuras a las que como grupo habría que hacer frente. Las
diferentes organizaciones coincidían en la preocupación por la capacidad
de hacer frente al silencio que desde los medios de comunicación
convencionales quieren imponernos. También el hecho de llegar a las
personas “dormidas” para hacerles ver el peligro al que nos enfrentamos
si los gobiernos terminan saliéndose con la suya en esta ocasión. Por
supuesto se tuvo presente el cambio político que va a suponer la nueva
política que Trump va a poner en marcha a partir del 20 de enero, las
políticas actuales de la Unión Europea en materia de derechos sociales y
libertades, y el avance de grupos y organizaciones de extrema derecha
en Europa.
Las organizaciones participantes
acordaron el domingo 15 proseguir con la lucha contra los Tratados de
Libre Comercio y el modelo económico que éstos representan, a pesar de
que el CETA sea aprobado el próximo 14 de febrero en el Parlamento
europeo. En este supuesto, el movimiento contra el TTIP realizaría un
seguimiento de los efectos del mismo denunciando sus daños y movilizando
a la población para continuar incidiendo en la opinión pública, con el
fin de impedir su ratificación en el Parlamento español.
Macarena Amores García
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
17·01·2017 · redaccion
El derechista Antonio Tajani, nuevo presidente de la Eurocámara
Tajani venció con 351 votos contra 282 al aspirante italiano
Gianni Pittella. El nuevo presidente trabajó con Silvio Berlusconi,
fundador del partido político derechista Forza Italia.
El eurodiputado del Partido Popular, Antonio Tajani, fue elegido nuevo presidente de la Eurocámara y sustituye al político alemán Martin Schulz.
Tajani, un italiano conservador, se impuso en la última y decisiva ronda, por 351 votos contra 282, frente a su principal oponente el italiano Gianni Pittella del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo.
El nuevo presidente del Parlamento es miembro y uno de los fundadores de Forza Italia, el partido político de Silvio Berlusconi, magnate de los medios italianos. Entre 2008 y 2014 fue vicepresidente de la Comisión Europea para las áreas de Transportes y de Industria. Es abogado y exmilitar de la fuerza aérea italiana. Entre 1987 y 1993 dirigió el diario Il Giornale en Roma.
El nuevo presidente del Parlamento competía con otros seis aspirantes: Eleonora Forenza del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria europea, Jena Lambert, del Grupo de los Verdes, el ya mencionado Gianni Pittella, Laurentiu Rebega del Grupo Europa de las Naciones y las Libertades y Helga Stevens del Grupo de los Conservadores y Reformistas europeos.
Un total de 14 vicepresidentes y 5 cuestores (magistrados con carácter de fiscal) fueron elegidos este martes además del presidente. - Telam | Telesur
El eurodiputado del Partido Popular, Antonio Tajani, fue elegido nuevo presidente de la Eurocámara y sustituye al político alemán Martin Schulz.
Tajani, un italiano conservador, se impuso en la última y decisiva ronda, por 351 votos contra 282, frente a su principal oponente el italiano Gianni Pittella del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo.
El nuevo presidente del Parlamento es miembro y uno de los fundadores de Forza Italia, el partido político de Silvio Berlusconi, magnate de los medios italianos. Entre 2008 y 2014 fue vicepresidente de la Comisión Europea para las áreas de Transportes y de Industria. Es abogado y exmilitar de la fuerza aérea italiana. Entre 1987 y 1993 dirigió el diario Il Giornale en Roma.
El nuevo presidente del Parlamento competía con otros seis aspirantes: Eleonora Forenza del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria europea, Jena Lambert, del Grupo de los Verdes, el ya mencionado Gianni Pittella, Laurentiu Rebega del Grupo Europa de las Naciones y las Libertades y Helga Stevens del Grupo de los Conservadores y Reformistas europeos.
Un total de 14 vicepresidentes y 5 cuestores (magistrados con carácter de fiscal) fueron elegidos este martes además del presidente. - Telam | Telesur
“Que se larguen de aquí”, la respuesta de los alemanes ante la llegada de tropas estadounidenses
En entrevista con Rundfunk Berlin-Brandenburg los residentes de
la ciudad alemana de Cottbus exigieron poner fin a la confrontación con
Rusia y calificaron el despliegue de soldados y armas de Estados Unidos
en Europa del Este de “provocación”.
Un hombre mayor señaló que la imagen de los tanques moviéndose hacia el Este le “había aterrorizado” y le había recordado su infancia cuando atestiguó “las columnas de la Wehrmacht desplazándose hacia la frontera occidental de la URSS”. Además, admitió que el miedo de Varsovia ante Moscú es “claramente exagerado”.
“No creo que Rusia pueda atacar Polonia”, apuntó. Otro ciudadano dijo que Alemania “ni siquiera intenta buscar un diálogo con Rusia”, mientras que la acumulación de las fuerzas militares cerca de la frontera con Rusia es una “provocación”.
“No sé cuánto tiempo Putin va a observar todo esto. Tenemos que desarrollar un diálogo amistoso. No necesitamos ninguna confrontación”, dijo a la radio otro entrevistado.
El hombre también indicó que los “supuestos amigos” de Alemania tienen que “largarse” del país.
Los tanques estadounidenses, que arribaron en los primeros días del año al puerto alemán de Bremerhaven, llegaron a la ciudad polaca de Zagan el 12 de enero. Todo el armamento entrará en servicio de la 3ª Brigada de la 4ª División de Infantería en Europa del Este con el fin de llevar a cabo ejercicios militares en el marco de la OTAN en el territorio de Polonia. - Sputnik
Un hombre mayor señaló que la imagen de los tanques moviéndose hacia el Este le “había aterrorizado” y le había recordado su infancia cuando atestiguó “las columnas de la Wehrmacht desplazándose hacia la frontera occidental de la URSS”. Además, admitió que el miedo de Varsovia ante Moscú es “claramente exagerado”.
“No creo que Rusia pueda atacar Polonia”, apuntó. Otro ciudadano dijo que Alemania “ni siquiera intenta buscar un diálogo con Rusia”, mientras que la acumulación de las fuerzas militares cerca de la frontera con Rusia es una “provocación”.
“No sé cuánto tiempo Putin va a observar todo esto. Tenemos que desarrollar un diálogo amistoso. No necesitamos ninguna confrontación”, dijo a la radio otro entrevistado.
El hombre también indicó que los “supuestos amigos” de Alemania tienen que “largarse” del país.
Los tanques estadounidenses, que arribaron en los primeros días del año al puerto alemán de Bremerhaven, llegaron a la ciudad polaca de Zagan el 12 de enero. Todo el armamento entrará en servicio de la 3ª Brigada de la 4ª División de Infantería en Europa del Este con el fin de llevar a cabo ejercicios militares en el marco de la OTAN en el territorio de Polonia. - Sputnik
El Constitucional alemán da luz verde al partido neonazi NPD
El Tribunal Constitucional alemán rechaza ilegalizar al neonazi Partido Nacional Democrático (NPD), por considerarlo demasiado endeble para lograr su propósito de socavar el orden democrático, e insta a combatirlo con la fuerza de la policía y la justicia
EFE - PÙBLICO - Publicado: 18.01.2017 09:57
KARLSRUHE (ALEMANIA) - El Tribunal Constitucional alemán ha rechazado ilegalizar al neonazi Partido Nacional Democrático (NPD), por considerarlo demasiado endeble para lograr su propósito de socavar el orden democrático, e instó a combatirlo con la fuerza de la policía y la justicia.
El TC desestimó por unanimidad de sus ocho jueces la demanda de la Cámara Alta (Bundesrat), que había solicitado la prohibición del partido y de sus "camaraderías" apéndices
y, por extensión, el fin de la financiación pública -1,3 millones de
euros anuales- a una formación tachada de "heredera" del
nacionalsocialismo de Adolf Hitler.
El Constitucional, con sede en Karlsruhe (oeste), consideró probado que, "por su concepto político", la formación "desprecia la dignidad humana" y "no es acorde con los principios democráticos", según la sentencia leída por su presidente, Andreas Vosskuhle.
También admitió que "sus miembros" incurren en delitos criminales, como intimidación a políticos
comprometidos con la acogida de refugiados, ataques contra centros de
asilados y agresiones físicas, además de instigar al odio contra judíos,
musulmanes o gitanos.
A detallar ataques atribuibles al NPD o su
militancia había dedicado el Bundesrat su demanda, con ejemplos como las
protestas ante la vivienda del alcalde de Tröglitz, una pequeña
población del este, o el hostigamiento a un diputado de origen angoleño de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel.
En sus postulados propagandísticos se aboga por una Alemania "étnicamente definida"
También había denunciado sus postulados
propagandísticos, en los que se aboga por una Alemania "étnicamente
definida", se apuesta por expulsar de Europa a todos los musulmanes y se
califica de "banda de negros estafadores" o "degenerados" a los
refugiados.
Sin embargo, el TC consideró que "no se vislumbra que puedan llevar adelante sus objetivos anticonstitucionales",
debido a la mínima capacidad operativa de un partido que, hoy por hoy,
no llega a los 6.000 militantes y al que no se reconoce potencial
electoral.El TC degradó al NPD al nivel de formación insignificante -en las generales de 2013 obtuvo un 1,3 % y nada apunta a que remonte esa situación, destacó la sentencia-, "sin peso" para lograr sus fines. "A las campañas de hostigamiento y amenazas o los planes de actos violentos se debe reaccionar con medios preventivos policiales y con la fuerza de la Justicia", añadió la sentencia.
Fundado en 1968 y durante décadas brazo político del neonazismo, el NPD pasa por horas bajas, acosado por sanciones del Bundestag (Cámara Baja) por irregularidades financieras, y por la competencia de la nueva derecha radical de Alternativa para Alemania (AfD).
El NPD, que nunca obtuvo escaños en el Bundestag
El NPD, que nunca obtuvo escaños en el
Bundestag, perdió en los últimos años la representación en las cámaras
regionales, aunque conserva 340 concejales en municipios, además de un
eurodiputado. A la AfD se le pronostica un 15 % en las generales de
septiembre, tras haber entrado en diez cámaras del total de 16 "Länder"
del país.
La sentencia era esperada con expectación en el país,
donde en toda la historia de la República Federal de Alemania (RFA) el
TC solo ha ilegalizado, en los años 50, el Partido Comunista (KPD) y los directos sucesores del nacionalsocialismo. La
demanda del Bundesrat seguía a la que en 2003 habían respaldado las dos
cámaras del Parlamento y el Gobierno, y que el TC desestimó porque
estaba fundamentada en datos de infiltrados o confidentes, que a su vez
eran agitadores del NPD.El Bundesrat decidió impulsar un nuevo proceso en solitario, tras la conmoción causada por la Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), una célula integrada por tres neonazis que a lo largo de casi diez años asesinó impunemente a nueve inmigrantes y una policía.
La sentencia de hoy fue un revés para los "Länder", representados en la vista por la primera ministra de Renania-Palatinado, Malu Dreyer, y por los ministros regionales de Interior. "La sentencia marca el camino para futuros procesos de anticonstitucionalidad a formaciones más vigorosas", apuntó Dreyer, en una clara alusión a la AfD.
Para la vicepresidenta del Bundestag, la izquierdista Petra Pau, quien ha sufrido amenazas de muerte de neonazis, la sentencia muestra "la necesidad de combatir esas formaciones en el día a día". "Soy una privilegiada, tengo custodia. Peor lo tienen quienes que sufren en pueblos o barrios el acoso neonazi", comentó.
El líder del NPD, Frank Franz, encajó imperturbable los calificativos degradantes utilizados por el TC: "Seguimos activos. Sabemos que tenemos en AfD un duro competidor. Pero podemos vivir con ello".
Manuel Valls recibe una bofetada en una campaña en las primarias socialistas
El exministro francés y aspirante a
liderar a los socialistas en las presidenciales ha vivido su segundo
incidente en un mes. El primero ocurrió en Estrasburgo cuando fue
rociado con un saco de harina el 22 de diciembre.
EFE - PÚBLICO - Publicado: 18.01.2017 08:47
MADRID. -Manuel Valls, ex
primer ministro francés y aspirante a liderar a los socialistas en las
presidenciales de 2017, ha vivido su segundo incidente en un mes cuando
un joven le dio una bofetada mientras hacía campaña en las primarias
socialistas.
Después de ser rociado por un hombre con un saco de
harina en Estrasburgo (noreste) el pasado 22 de diciembre, el político
de origen español recibió una bofetada de un joven cuando salía del
ayuntamiento de Lamballe, en la Bretaña francesa (noroeste).
Valls
no resultó herido y el agresor, cuyas motivaciones se desconocen, fue
inmovilizado e inmediatamente detenido. "No tengo miedo a discutir con
mis compatriotas, pero sé que la democracia es incompatible con la
violencia", dijo el político a la prensa después del incidente.
VIDEO:
En el episodio de Estrasburgo de diciembre,
Valls había sido hostigado por un hombre que le había reprochado su
gestión como primer ministro francés (2014-2016).
El antiguo jefe
de Gobierno francés aspira a ser el candidato socialista para las
presidenciales de abril y mayo de 2017 para lo que tiene que ganar las
primarias del 22 y el 29 de enero, en las que competirá con otros seis
candidatos.Se va el buen Obama, negro por gusto
Publicado el 17 Enero 2017
Escrito por Ilka Oliva Corado - EL CLARÍN DE CHILE
Muchos
creyeron que por negro, Obama representaría un cambio trascendente en
la política interna y externa de Estados Unidos, pero el buen samaritano
resultó negro de balde. Un negro afín al sistema y tan Ku Klux Klan
como la propia Hillary Clinton y Trump.
No
hay punto de comparación ni como ser humano, ni como político entre él y
Martin Luther King o el propio Malcolm X; sin embargo el buen Obama
como buen oportunista los utiliza en sus discursos, como también utilizó
el 50 aniversario de las marchas en Selma, Alabama, para tomarse la
foto y figurar una memoria histórica que no tiene. Porque en sus narices
los policías blancos asesinan negros, como quien mata perros
callejeros. El buen Obama se dispuso a construir un monumento a Martin
Luther King para honrarlo, sin embargo cada día como presidente toma
decisiones que lo avergonzarían.
Un
injerencista, invasor, genocida, un Nobel de la Paz desperdiciado. Un
mentiroso que ofreció una Reforma Migratoria Integral y que utilizó como
slogan de campaña una frase de Dolores Huerta, para acaparar el voto
latino (“Yes, we can”) y en respuesta al apoyo fue el presidente que más
indocumentados ha deportado en la historia de Estados Unidos; cosa que
no han hecho ni los republicanos. No solo, también, calladita la boca
militarizó desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Honduras, con
el Plan Frontera Sur y Maya-Chortí. Le ha dado continuidad al Plan
Mérida, implementó el Plan Alianza para la Prosperidad. También mantiene
vigente el Plan Colombia. Sin embargo se irá sin haber implementado El
ALCA en Suramérica.
¿Motivo?
Refrescar el Plan Cóndor en la región. El buen Obama, con su maquinaria
destructiva y a través de las embajadas de Estados Unidos en
Latinoamérica, ha mantenido vigente la injerencia y el saqueo en países
con gobiernos de corte neoliberal. El buen vecino del norte del
continente dio golpe de Estado a Zelaya, en Honduras, a Lugo en Paraguay
y a Dilma en Brasil. Intentó en innumerables ocasiones el mismo
procedimiento en Argentina con Cristina, en Ecuador con Correa, en
Bolivia con Evo y en Venezuela con Maduro. Tuvo el descaro de firmar un
Decreto contra Venezuela que invita a una invasión militar.
Llenó
de bases militares estadounidenses México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Panamá, Colombia, Perú y Paraguay y ahora mismo lo está
haciendo en Argentina con el gobierno de Macri. Con Cuba tuvo un
acercamiento que le sirvió para la foto, (como haber ido al homenaje a
Mandela en día que murió) porque en ningún momento tuvo la intención de
eliminar el bloqueo ni de devolver Guantánamo, acciones vitales para un
inicio de relaciones entre ambos países.
El
buen Obama, se va con invasiones y bombardeos en Irak, Yemen,
Afganistán, Pakistán, Somalia, Siria y Libia. En los tiempos de Bush nos
hicieron memorizar el nombre de Al Qaeda y nos vendieron la necesidad
de salvar a aquellos países del terrorismo. En el tiempo de Obama nos
dijeron de un Estado Islámico. Imaginemos si Hillary Clinton hubiera
ganado la presidencia, nos dicen al centavo que hay terroristas en
Venezuela y hay que invadir, para ir a salvar al pueblo venezolano de
las garras del dictador Maduro. Claro, hay que esperar a ver con qué
viene Trump.
Obama
se lleva las manos manchadas de sangre por la cantidad de vidas
truncadas en su sed de invasión, de oro y petróleo. No hay que olvidar
que lo mismo que le hizo Bush a Saddam Hussein le hizo Obama a Gaddafi.
Obama
no tiene más que la excelencia en oratoria, le faltaron agallas y
humanidad para defender el legado de Las Panteras Negras, de Martin
Luther King, Rosa Parks y Malcolm X. Obama le faltó a la memoria de los
tantos negros asesinados en Estados Unidos en crímenes de odio. Le faltó
a su sangre, a su comunidad, a su herencia y a sus ancestros. Es en su
totalidad, un negro por gusto. Un negro catrín, que prefirió el camino
de los ingratos. Y como ingrato no merece la inmortalidad.
Blog de la autora: https:// cronicasdeunainquilina.com/ 2017/01/17/se-va-el-buen- obama-negro-por-gusto/
Estado español
Tribuna
El Golem antiterrorista
Con la aplicación de nuestra legislación se está vaciando el río de la libertad para inundarnos de seguridad
Eduardo Gómez Cuadrado - CTXT
Malagón
16 de
Enero de
2017
Hemos visto también titiriteros encarcelados por hacer
cortocircuitar con su espectáculo, en esperanto, la adusta mente del
juez de guardia de la muy Nacional Audiencia. Peleas entre parroquianos
de taberna que han terminado también en el módulo de preventivos de Soto
del Real, acusados de querer acabar con el orden constitucional a
bofetadas. Decenas de anarquistas detenidos, algunos encarcelados, sin
más pruebas que pintadas en las paredes o tenencia de libros “contra la
democracia”. Humoristas citados a declarar para explicar chistes o
concejales cuyas posaderas han acabado en el banquillo de los acusados
por su participación en debates sobre la libertad de expresión. Todo
esto y mucho más es lo que permite la estructura legal pretendidamente
elaborada para protegernos del terror.
Existe una antigua leyenda judía del siglo XVI en la que el ilustre rabino, Judah Loew ben Bezalel, conocido como el Maharal de Praga, decide
crear un gigante de barro para proteger el barrio judío de dicha
ciudad. Dotado de vida por la magia de la Cábala, este gigante no tarda
en salirse del control de su creador y acaba por provocar la práctica
destrucción del barrio que había sido llamado a proteger, y ello por su
incapacidad de llevar a cabo de manera proporcional las órdenes que se
le daban. Era fuerte, pero no inteligente, y ejecutaba las instrucciones
de un modo literal, sin cuestionamiento alguno.
En una ocasión, asegura la leyenda, la esposa del
rabino le pidió al Golem que fuera “al río a sacar agua”, cosa que este
ejecutó de manera obediente, sistemática y al pie de la letra. Fue al
río y comenzó a vaciarlo hasta el punto de que terminó por inundar la
ciudad.
Con la aplicación de nuestra legislación
antiterrorista está ocurriendo un poco lo mismo, se está vaciando el río
de la libertad para inundarnos de seguridad.
Lamentablemente 2016 ha sido un año en el que el
terrorismo yihadista ha golpeado en varias ocasiones, y con dureza, en
muchos países, algunos muy cercanos al nuestro (Bélgica, Francia,
Alemania, Turquía…). Un año antes, a mediados de 2015, entraba en vigor
la reforma penal en materia de lucha antiterrorista, cuyo objetivo
declarado era precisamente "la actualización de la normativa para dar
cabida al fenómeno del terrorismo individual y a las conductas que
constituyen la principal preocupación de la comunidad internacional", con expresa referencia a dicho terrorismo de inspiración islamista.
Con esta reforma se abandonaba en nuestra legislación
la respuesta penal clásica al terrorismo, la cual se articulaba en la
sanción de quienes pertenecían, actuaban al servicio o colaboraban con
organizaciones o grupos terroristas, y se incluía el elemento
finalístico, es decir, el objetivo al que se pretende que está destinada
la acción delictiva como determinante para calificar los delitos como
terroristas. Con la actual legislación, cualquier delito grave que se
considere que está destinado a subvertir el orden constitucional,
alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en
parte de la población puede ser considerado delito de terrorismo.
El concepto de terrorismo se desdibuja y se deja al albur de las siempre cuestionables, y a veces interesadas, interpretaciones policiales y judiciales
Con semejante construcción legislativa es evidente que
el concepto de terrorismo se desdibuja y se deja al albur de las
siempre cuestionables, y a veces interesadas, interpretaciones
policiales y judiciales.
Se introduce también de esta manera, sin tapujos, el
denominado “derecho penal del enemigo”, por el cual se sanciona no tanto
por el hecho cometido sino por la condición del que lo comete. Así, se
puede dar la circunstancia de que el incendio de una sucursal bancaria
sea considerado terrorismo sólo si lo comete, por ejemplo, un
anarquista, pero no si lo lleva a cabo un jubilado afectado por la venta
de preferentes.
Durante el año pasado hemos visto desfilar por la
Audiencia Nacional a cantantes, políticos, humoristas, poetas y
ciudadanos de toda condición acusados de delitos de terrorismo por el
mero hecho de haber lanzado algún tipo de mensaje, sarcástico o no, en
alguna de las redes sociales más famosas. No debemos olvidar que
acusaciones como las de “humillación a las víctimas del terrorismo” o
“enaltecimiento del terrorismo” son delitos que están contemplados en
nuestro Código Penal como de carácter terrorista, y como tal son
tramitados y juzgados en la Audiencia Nacional. Sin duda un tuit puede
ser muchas cosas, incluso delito, pero sinceramente se hace muy difícil
asimilarlo a una “bomba lapa”.
Hemos visto también titiriteros encarcelados por hacer
cortocircuitar con su espectáculo, en esperanto, la adusta mente del
juez de guardia de la muy Nacional Audiencia. Peleas entre parroquianos
de taberna que han terminado también en el módulo de preventivos de Soto
del Real, acusados de querer acabar con el orden constitucional a
bofetadas. Decenas de anarquistas detenidos, algunos encarcelados, sin
más pruebas que pintadas en las paredes o tenencia de libros “contra la
democracia”. Humoristas citados a declarar para explicar chistes o
concejales cuyas posaderas han acabado en el banquillo de los acusados
por su participación en debates sobre la libertad de expresión. Todo
esto y mucho más es lo que permite la estructura legal pretendidamente
elaborada para protegernos del terror.
Solo en 2015 la Audiencia Nacional dictó cinco veces más sentencias por delitos de enaltecimiento que hace cuatro años, cuando la banda terrorista ETA dejó la lucha armada
Solo en 2015 la Audiencia Nacional dictó cinco veces
más sentencias por delitos de enaltecimiento que hace cuatro años,
cuando la banda terrorista ETA dejó la lucha armada. Ello denota ya una
clara tendencia judicial que no responde a un repunte de este tipo de
conductas sino a un celo, muchas veces excesivo, de perseguir las
mismas, cuando en realidad muchos de esos casos, que suelen coincidir
con los más mediáticos, nunca deberían ni siquiera haber llegado a los
tribunales.
No en vano muchos medios de comunicación han hecho
caja al calor de esos casos que en un primer momento han elevado al
altar de la primera plana, y cuyo fuego han mantenido a fuerza de avivar
la polémica entre ciudadanos, partidos políticos y gobiernos de
distintas administraciones, pero que finalmente han acabado en
sobreseimientos o absoluciones judiciales mucho menos glamurosas, o al
menos no tanto como para llenar las portadas que antes copaban en esos
mismos medios. No podemos obviar el hecho de que muchas veces el propio
procedimiento, y la picota pública, es en sí mismo la condena con
independencia de la resolución judicial que le ponga fin. Hay personas
que han perdido el cargo, el trabajo o la consideración social por el
mero hecho de ser llamadas a declarar por un presunto delito de
terrorismo que luego quedó en nada.
España es un país fuertemente golpeado por el
terrorismo, de eso no hay duda, y puede que precisamente por eso la
opinión pública haya “relajado” la percepción de la necesidad de tener
una idea nítida de lo que constituye este tipo de conductas.
“Relajación” que el legislador ha aprovechado para deformar su concepto
hasta hacerlo irreconocible, y paradójicamente permitiendo con ello que
los jueces puedan hacer una interpretación tan amplia como peligrosa de
lo que se considera terrorismo y lo que no.
Es un error y una falta de respeto confundir terroristas con disidentes, black bloc o independentistas
El terrorismo no es una cosa que se deba banalizar. Es
algo serio. Muy serio. Lo conozco bien. Precisamente por eso, en mi
humilde opinión, es un error y una falta de respeto confundir
terroristas con disidentes, black bloc o independentistas. Es
un error y una falta de respeto dar un tratamiento penal más severo a la
quema de una sucursal bancaria que a la de un 'sintecho' que duerme en
un cajero. En definitiva es un error y una falta de respeto pretender
que la persona que pone un comentario en Twitter, por muy ofensivo y
cruel que sea, pueda ser juzgada por el mismo capítulo del Código Penal
que aquel que amartilla un revólver para ejecutar a otro ser humano.
El terrorismo es un virus, y como todo virus su
objetivo es acabar con el huésped que lo aloja aun a sabiendas de que
morirá él también. En nuestro caso ese huésped es el Estado de Derecho,
por lo tanto si acabamos con las garantías procesales, con los derechos
individuales, con las libertades públicas y con las alegrías compartidas
en aras de acabar con el virus, lo que en realidad estamos haciendo es
concederle la victoria. Muerto el perro, triunfó la rabia.
En la leyenda semítica, el Golem tuvo que ser
finalmente desactivado a riesgo de que acabara con todo aquello que
estaba llamado a proteger. Confiemos en que nosotros también estemos a
tiempo de deconstruir el “todo es terrorismo”, y la “injusticia” no siga
siendo preferible al “desorden”.
Autor
-
Eduardo Gómez Cuadrado
Más de 1500 kilómetros de marcha para denunciar la dispersión de los presos independentistas galegos
Por DiagonalKAOS EN LA RED - Publicado en: 18 enero, 2017
Que voltem para a casa! ha organizado una marcha que recorrerá las
prisiones en Madrid, Toledo y León a las que han sido dispersados los
presos independentistas galegos.
Esta es la undécima marcha convocada por Que voltem para a casa
Esta es la undécima marcha convocada por Que voltem para a casa
De Santiago de Compostela y Vigo hasta Valladolid, León, Madrid y Toledo en una marcha de más de 1.500 kilómetros. La asociación Que voltem para a casa!,
formada por familiares y amigos de presos y presas independentistas
gallegos, saldrán en marcha los próximos días 3 y 4 de febrero para
denunciar la política de dispersión penitenciaria.
“Uno de nuestros objetivos es acabar con la dispersión penitenciaria, una medida que se aplica sistemáticamente a los presos y presas gallegas independentistas”, explica Cristina Rodríguez Ramos, miembro de la asociación que organiza esta marcha desde hace once años. Desde Que voltem para a casa! han lanzado una campaña de micromecenazgo en Verkami con el objetivo de conseguir 3.500 euros con los que financiar los gastos derivados de la marcha.
El día 3 de febrero, una columna partirá en autobús desde Santiago de Compostela hasta Lugo. De allí continuará hasta la prisión de Villanubla, en Valladolid, y después a Mansillas de las Mulas. Ahí se encontrará con otra columna que partirá desde Vigo el día 4 y que pasará también por las prisiones de Estremera (Madrid) y Ocaña). Más de 1.500 kilómetros de marcha que suponen una pequeña muestra de las largas distancias que familiares y amigos de presos se ven obligados a realizar cada fin de semana para poder ver a sus seres queridos. La asociación Que voltem para a casa! cifra en 272.892 los kilómetros recorridos durante 2016 para poder visitar a los cinco presos independentistas galegos y en cerca de 36.000 euros el gasto que supuso abarcar este recorrido
“Queremos llevarles nuestro apoyo, que vean que estamos ahí y seguimos peleando porque se cumplan sus derechos, pero también denunciar esta situación. Vamos a recorrer muchísimos kilómetros en un día, y es la distancia que tienen que recorrer cada fin de semana la familia y amigos de estas presas y presos”, continúa Cristina, quien también denuncia las violaciones de derechos sufridas durante todo el proceso seguido contra estas personas, “desde que los detienen, con detenciones incomunicadas, secreto de sumario –que limita su derecho de defensa efectiva– y el papel de la Audiencia Nacional como tribunal de excepción, hasta la dispersión y el régimen de vida al que son sometidos, en primer grado y FIES”.
En 2013, la Audiencia Nacional dictó la primera sentencia que contemplaba la existencia de un grupo armado independentista operativo en Galicia, a pesar de que nunca se ha dado un atentado o ataque que pusiera en peligro a personas. Desde entonces se cuentan al menos seis personas condenadas con penas de entre seis y 18 años de cárcel, y nueve personas más imputadas en el marco de la operación Jaro. La asociación Que voltem para a casa! denunció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la vulneración de derechos de los presos independentistas galegos durante su juicio en la Audiencia Nacional y reclamó la revisión de la condena, pero esta petición fue desestimada.
https://www.diagonalperiodico.
“Uno de nuestros objetivos es acabar con la dispersión penitenciaria, una medida que se aplica sistemáticamente a los presos y presas gallegas independentistas”, explica Cristina Rodríguez Ramos, miembro de la asociación que organiza esta marcha desde hace once años. Desde Que voltem para a casa! han lanzado una campaña de micromecenazgo en Verkami con el objetivo de conseguir 3.500 euros con los que financiar los gastos derivados de la marcha.
El día 3 de febrero, una columna partirá en autobús desde Santiago de Compostela hasta Lugo. De allí continuará hasta la prisión de Villanubla, en Valladolid, y después a Mansillas de las Mulas. Ahí se encontrará con otra columna que partirá desde Vigo el día 4 y que pasará también por las prisiones de Estremera (Madrid) y Ocaña). Más de 1.500 kilómetros de marcha que suponen una pequeña muestra de las largas distancias que familiares y amigos de presos se ven obligados a realizar cada fin de semana para poder ver a sus seres queridos. La asociación Que voltem para a casa! cifra en 272.892 los kilómetros recorridos durante 2016 para poder visitar a los cinco presos independentistas galegos y en cerca de 36.000 euros el gasto que supuso abarcar este recorrido
“Queremos llevarles nuestro apoyo, que vean que estamos ahí y seguimos peleando porque se cumplan sus derechos, pero también denunciar esta situación. Vamos a recorrer muchísimos kilómetros en un día, y es la distancia que tienen que recorrer cada fin de semana la familia y amigos de estas presas y presos”, continúa Cristina, quien también denuncia las violaciones de derechos sufridas durante todo el proceso seguido contra estas personas, “desde que los detienen, con detenciones incomunicadas, secreto de sumario –que limita su derecho de defensa efectiva– y el papel de la Audiencia Nacional como tribunal de excepción, hasta la dispersión y el régimen de vida al que son sometidos, en primer grado y FIES”.
En 2013, la Audiencia Nacional dictó la primera sentencia que contemplaba la existencia de un grupo armado independentista operativo en Galicia, a pesar de que nunca se ha dado un atentado o ataque que pusiera en peligro a personas. Desde entonces se cuentan al menos seis personas condenadas con penas de entre seis y 18 años de cárcel, y nueve personas más imputadas en el marco de la operación Jaro. La asociación Que voltem para a casa! denunció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la vulneración de derechos de los presos independentistas galegos durante su juicio en la Audiencia Nacional y reclamó la revisión de la condena, pero esta petición fue desestimada.
https://www.diagonalperiodico.
Soraya Rodríguez abandona la sede del PSOE en Valladolid entre gritos de "traidora" por defender a la Gestora
La exportavoz del PSOE en el Congreso se enzarza en una discusión con militantes que le acusan de haberles "traicionado". Ella les contesta que "sin respeto no hay ni primarias, ni hay democracia en el partido". La sala estaba repleta de carteles de Pedro Sánchez.
AGENCIAS - Público -
Publicado: 17.01.2017 17:11
VALLADOLID.- La diputada y exportavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez,
abandonó ayer una reunión de los socialistas de Valladolid después de
que fuera increpada por varios militantes, que la acusaron de traidora,
por la defensa que hace de la actual gestora nacional de este partido,
presidida por Javier Fernández.
Según un vídeo grabado por un asistente a la reunión y difundido por el digital local ÚltimoCero,
en un momento de la reunión en el que se daba cuenta de los acuerdos
adoptados en el último Comité Federal un militante llega a gritarle a la
diputada por Valladolid "nos has traicionado".
La
diputada visiblemente molesta se levanta de su asiento y sale caminando
hacia la puerta cuando se enzarza en la discusión diciendo "eso es mentira, eso es mentira",
a la vez que pregunta si esa acusación también era extensible a Patxi
López. "Sin respeto no hay democracia, ni primarias, ni hay democracia
en el partido", se puede escuchar en el vídeo de la boca de la diputada
socialista.
VIDEO:https://youtu.be/tyuyJJebDBM
Aunque algunos militantes presentes en una
sala en la que todavía están colgados carteles con la cara de Pedro
Sánchez intentaron que Soraya Rodríguez continuara en la reunión, pero
ésta decidió abandonarla aunque antes se dirigió a la mesa del encuentro
e indicó a sus integrantes que no había "derecho" y que no deberían
permitir lo que estaba ocurriendo. ¡Respeto, compañeros!, reiteró Rodríguez ya en la puerta del local antes de salir.
Después
de ese incidente, el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente,
ha reclamado este martes que el debate en el seno del partido "se
produzca" con respeto y sosiego.
ARGENTINA
'
Ni un despido más, ni un trabajador menos
La CTA Autónoma repudia la represión y respalda la lucha de los trabajadores gráficos despedidos por el grupo Clarin
Martes 17 de enero de 2017, por ,
*
El
lunes a la madrugada, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses
(AGR), parte del Grupo Clarín, se encontraron al llegar a la planta con
un cartel anunciando la decisión de cerrar la empresa debido a una
crisis que ellos no reconocen. Los trabajadores se encuentran
movilizados desde el lunes en defensa de sus puestos de trabajo con la
toma de la fábrica. Esta tarde fueron brutalmente reprimidos.
Mientras mantienen la fábrica tomada desde el lunes, los trabajadores
de Artes Gráficas Rioplatenses fueron brutalmente reprimidos, con gases y
balas de goma. En diálogo con ACTA, Daniel Jorajuría, Secretario
Gremial de la CTA Autónoma, manifestó el repudio a la represión de esta
tarde y ratificó el apoyo de la Central a los trabajadores organizados:
"Expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar de la empresa y
nuestra solidaridad a los trabajadores que están sufriendo el ajuste.
Evidentemente, con las políticas que lleva adelante este gobierno, los
empresarios son alentados a sacar ’lo mejor de sí’ contra los
trabajadores".Además, calificó el hecho de "una gravedad inusitada que no sorprende viniendo de ese grupo económico, con una empresa que hasta el viernes trabajó a full y el lunes despide 380 trabajadores mediante un procedimiento de crisis".
"Es una verdadera ilegalidad, que está prohibida, con el agravante que es ejecutada por un grupo económico que duplicó la pauta publicitaria oficial", añadió el dirigente.
Desde la Central, se insta al Gobierno nacional a penalizar la legalidad de AGR Clarín y a proteger los puestos de trabajo "como están haciendo los trabajadores con una consiga del 2001: Empresa que se cierra, empresa que se ocupa".
"Hacemos
un llamado al gobierno, que lo único que ha hecho es seguir
empobreciendo a nuestro pueblo y enriqueciendo a los poderosos,
queriendo cambiar los convenios colectivos de trabajo, flexibilizando,
generando más informalidad que luego esconde y reprime", dijo Jorajuría.Por su parte, Pablo Viñas, delegado de los trabajadores de la gráfica Artes Gráficas Rioplatense del grupo Clarín indicó que desde la empresa “se arrogan que están en crisis, pero no hay convocatoria de acreedores, no hay comité de crisis, no hay nada. Lo único que hay es un vaciamiento de la empresa: quieren despedirnos, desgastarnos y después hacer funcionar la planta con trabajadores precarizados”.
Asimismo afirmó que desde la gestión kirchnerista los trabajadores organizados vienen denunciando el no pago de Impuestos a las Ganancias por parte de la empresa, vaciamiento, tercerización: “Estamos firmes luchando en defensa de nuestros puestos de trabajo”, dijo e informó que el gremio gráfico ratificó un paro general del sector el día de mañana mientras que ellos continúan movilizados frente a la planta.
Ni un despido más, ni un trabajador menos
2016: Un año de despidos, precarización y ajuste salarial en los medios de comunicación
Lunes 16 de enero de 2017, por *
Al menos 1285 puestos de trabajo se perdieron en el último año en los medios de comunicación sólo en la Ciudad de Buenos Aires.
Las modalidades a través de las cuales empresarios de todo color
avanzaron sobre nuestros puestos de trabajo fueron desde despidos hasta
cierre de medios, vaciamientos y estafas como en el tristemente célebre
ejemplo del Grupo 23 de Szpolski, Garfunkel y Richarte apañado por el
Estado tanto en su versión kirchnerista como macrista, o los retiros
“voluntarios” –que en AGEA Clarín implicaron alrededor de 280 puestos de
trabajo menos- como presión y medida de ajuste y de precarización
laboral ya que menos trabajadores realizan las tareas que antes
realizaban con una planta mayor.El 71% de esos 1285 puestos de trabajo se perdieron durante la primera mitad del año. En la cifra, no se contempla la estrategia que nos dimos los/as trabajadores/as para sortear esta terrible situación, como los ejemplares casos de Tiempo Argentino, Infonews o El Argentino Zona Norte, en donde 135 trabajadores y trabajadoras lograron sostener su fuente laboral a partir de autogestionar sus medios, editando el diario de manera semanal en el primer caso y de manera digital en los tres medios.
Cada puesto de trabajo que se pierde es una familia que sufre
Para nosotros/as estos cuadros no son cifras: cada uno de esos puestos de trabajo menos es una familia que terminó el año sin su sustento fundamental. Y eso nos duele muchísimo. Hacemos responsable de esta trágica situación en primer lugar a los empresarios corruptos y vaciadores, de todos los colores, vinculados a cualquier gobierno, partido político o poder económico, pero también al Estado que no tuvo ninguna política para que esos estafadores sean quienes paguen las consecuencias de los negocios que hicieron durante años. Por último, también debemos remarcar la complicidad de la burocracia sindical de la UTPBA que durante años apañó a los/as empresarios y desprotegió a los/as trabajadores.En las pocas empresas en donde el viejo sindicato sostuvo su inserción los despidos no fueron enfrentados con lucha y en los casos que eso se hizo fue exclusivamente por la disposición de sus delegados gremiales o de compañeros y compañeras desde sus Asambleas sin el apoyo de esa estructura, que no es más que un sello que opera para legitimar a los empresarios contra los intereses de las y los trabajadores.
El ajuste salarial y el avance en la precarización
Los despidos impactan, en primer lugar, sobre las familias que pierden su sustento económico. Pero también sobre el conjunto del gremio, porque eso viene acompañado de una flexibilización en donde las tareas que deja de realizar el trabajador despedido la tiene que realizar otro. Además es un ataque frontal contra nuestra esencia como trabajadores/as e inevitablemente nos pone a la defensiva: los empresarios buscan que en lugar de discutir cuestiones como las condiciones laborales o los salarios nos contentemos con defender nuestros puestos de trabajo. Para peor, la UTPBA firmó con las cámaras de prensa escrita el peor acuerdo del país en las paritarias 2016 lo que implica un ajuste terrible sobre los bolsillos de los/as trabajadores/as de prensa.La importancia de organizarse sindicalmente en el SiPreBA
Las pocas batallas triunfantes para los trabajadores de prensa se dieron allí donde el SiPreBA logró constituirse a partir de las asambleas y las Comisiones Internas que se consolidaron con el apoyo del resto del gremio de prensa a través de su sindicato. Las mejoras en la paritaria de prensa escrita, como el caso de Página/12 o Publiexpress, en donde se realizaron paros y reiteradas asambleas, respectivamente, o las paritarias firmadas muy por encima de las acordadas por la UTPBA, como es el caso de la TV Pública (38%) o Telefé (34% más un bono de 10 mil pesos), el pase a planta de compañeros/as contratados/as como en la Agencia Télam, la defensa de los puestos de trabajo como en la planta Zepita de Clarín en donde fue reincorporado el delegado Alejandro Ontivero (a quien la empresa se negaba a reconocer como tal) son todas conquistas de nuestro sindicato que, además, realizó elecciones en numerosas empresas renovando los mandatos y eligiendo nuevos delegados/as (Perfil, Canal 13- TN, Télam, Clarín, TV Pública, Telefé, Infobae, El Cronista, Editorial Atlántida, Agencia DyN, Noticias Argentinas, Radio El Mundo, Splendid y Del Plata, Agencia DPA).Para poder enfrentar este contexto y volver a pelear por una real recomposición salarial al tiempo que sostenemos nuestras fuentes de trabajo es imprescindible afiliarse al SiPreBA y consolidarlo desde cada lugar de trabajo, las Asambleas y las Comisiones Gremiales Internas.
Nuestro compromiso es profundizar la lucha y la organización en cada empresa para que 2017 nos encuentre en mejores condiciones para enfrentar lo que haya que enfrentar.
*El relevamiento está hecho en base a la información que brindaron delegados/as gremiales así como compañeros/as que trabajan o trabajaban en cada uno de estos medios. No tiene en cuenta las fuentes de trabajo que se generaron (ya sea por nuevas incorporaciones o a través de la autogestión como en los casos de Tiempo Argentino, Infonews y El Argentino Zona Norte) ni los puestos de trabajo que no se recuperaron luego de jubilaciones. En el caso de Radio Madres si bien el medio no cerró los/as trabajadores/as dejaron de percibir su salario. En el caso de 360 TV los 40 retiros aún no fueron pagados. Por último, la gran mayoría de los puestos de trabajo que se perdieron son trabajadores/as bajo convenio de prensa pero también existen situaciones de precarización laboral, de mal encuadramiento o bien compañeros/as de televisión, operadores de radio y/o locutores que desarrollaban también tareas de prensa (como en el caso de CN23, Crónica TV, Canal 26, Radio América, entre otros).
Fuente: www.sipreba.org
Ni un despido más, ni un trabajador menos
AGR-Clarín despide 300 trabajadores aduciendo una crisis que estos no reconocen
Lunes 16 de enero de 2017, por *
En la
madrugada de hoy, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR),
parte del Grupo Clarín, se encontraron al llegar a la planta con un
cartel anunciando la decisión de cerrar la empresa debido a una crisis
que ellos no reconocen. Un gran dispositivo policial se montó alrededor
de los talleres ubicados en el barrio de Pompeya que fueron ocupados por
los trabajadores que piden solidaridad activa.
En la mañana de hoy mientras los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense del grupo Clarín, ubicada en Corrales 1393, Pompeya, que se disponían a entrar a trabajar se encontraron con un cartel de la empresa donde se anunciaba la decisión de cerrar la planta aduciendo una crisis. Desde la comisión interna de trabajadores de la empresa afirman que “esta es una crisis que no es tal. Aquí se imprimen Revista Viva, Rumbos, Genios, Jardín, Cablevisión, Guías telefónicas, libros escolares, folletería, etc.”.
Asimismo resaltaron que “evidentemente se trata de una maniobra que busca quebrar la organización de la planta para imponer el ajuste que al amparo de la política oficial ya ha avanzado en otros sectores del gremio”.
Los trabajadores de AGR-CLARÍN se encuentran en este momento en su
lugar de trabajo desarrollado un paro por tiempo indeterminado en
defensa de sus puestos y condiciones de trabajo. Mientras en la puerta
se está desenvolviendo un operativo de la policía federal, gendarmería y
personal de seguridad privada.A las 16 horas los trabajadores realizarán una conferencia de prensa en las puertas de la empresa.
La comisión interna y los trabajadores de AGR convocan “de manera urgente a todas las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y personalidades a acercarse de manera inmediata para rodear de solidaridad el conflicto”, y reclaman a la dirección del sindicato gráfico la urgente convocatoria al plenario de delegados para tomar medidas de conjunto.
Fuente: Agencia Central de Noticias Bonaerense
Ni un despido más, ni un trabajador menos
Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa: No a los despidos en Radio Nacional
Martes 17 de enero de 2017, por *
La Mesa
Nacional de Prensa expresa su repudio a los despidos de trabajadores de
Radio Nacional y exige la reincorporación de todos ellos. Rechazamos
también el ajuste que se pretende implementar negando el pago del
salario del mes de enero a trabajadores en fraude laboral bajo contrato
de “locación de obra”.
A nivel nacional fueron despedidos 15 periodistas en diferentes
emisoras de las provincias. En Santa Fe fueron despedidos cuatro
trabajadores con el agravante de la clara motivación política que el
propio director de LRA 14 Nacional Santa Fe, José Zenclussen, expresara
abiertamente.No obstante, es posible que se sumen más despidos ya que la empresa se niega a descartar que se produzcan más cesantías.
A todo eso se suma la intención de no pagar el sueldo de enero a cerca de 80 trabajadores precarizados, dándoles una licencia “sin sueldo” durante el mes en curso. Cabe señalar que estas mismas autoridades pagaron el sueldo todos los meses durante 2016 a todos ellos reconociendo de esta manera que son trabajadores precarizados. Lo mismo habían expresado en varias reuniones con representantes de nuestra Mesa diferentes autoridades. La directora Ana Gerchenson y otras diferentes autoridades de RTA afirmaron que se trataba de trabajadores precarizados e incluso manifestaron su voluntad de solucionar este grave problema. Sin embargo, ahora “cambiaron”. Ahora dicen que se trata de contratos “artísticos” que no tienen derecho a cobrar todos los meses. En realidad, se trata de un ajuste que se pretende descargar sobre un conjunto de trabajadores cuyos salarios rondan los 6000 pesos.
Desde la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa rechazamos estos despidos y reclamamos su reincorporación. Apoyamos la medida de fuerza convocada para este lunes 16 por los trabajadores de prensa santafesinos que forma parte de la lucha que debemos dar para enfrentar las políticas que van en contra de los derechos de los trabajadores en Radio Nacional.
Fuente: www.sipreba.org
Libertad y democracia sindical
Dirigentes de la FEIA solicitan apoyo de la CTA y la CGT
Martes 17 de enero de 2017, por *
La
Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) recientemente
intervenida por el Ministerio de Trabajo de la Nación difundió un
documento donde pide el apoyo de la Central de Trabajadores de la
Argentina.
A través de un comunicado de prensa emitido luego de la intervención
de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) decretada
por el Ministerio de Trabajo de la Nación, los miembros de la Comisión
Directiva depuesta solicitaron apoyo a los compañeros afines a la
entidad gremial, para que los apoyen con esta intervención de facto, de
carácter eminentemente político.A su vez, en la proclama señalan la existencia de intereses empresariales a la vez que también manifiestan su preocupación por la proximidad de las paritarias: “…Somos los signatarios del Convenio Colectivo de la actividad azucarera nacional. El gobierno es un gobierno de empresarios. ¿Ellos negociarán por nosotros? ¿Qué pasará con nuestros compañeros en las paritarias? ¿Cuántos compañeros se quedarán sin el aumento? ¿Qué pasará con nuestros sindicatos pertenecientes a la Federación? ¿El Ministerio quiere voltear a los gremios que más pueda, empezando por el interior y los que están lejos de Buenos Aires?. El Ministerio actúa de oficio, y con la excusa de “normalización” quieren matar a los gremios. Es momento de reaccionar ante el avasallamiento político y administrativo…”, expresaron los trabajadores azucareros.
Si bien en el comunicado los dirigentes azucareros solicitan formal y explícitamente el apoyo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en diálogo con Gremiales Tucumanas, el referente azucarero Juan Correa explicó que el pedido se hará extensivo también a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Fuente: www.lineasindical.com.ar
17 de enero de 2017
Clarín: Gráfica de una lucha
Ayer, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) se encontraron con un cartel en la puerta de la imprenta, en el que se informaba del cierre de la planta y del despido del total de los trabajadores. Por ANRed/ Video: Silbando Bembas
En la mañana de ayer mientras los trabajadores de la gráfica Artes Gráficas Rioplatense del grupo Clarín, la imprenta mas grande del país, ubicada en el barrio de Pompeya, se disponían a entrar a trabajar, se encontraron con un cartel de la empresa donde anunciaba la decisión de cerrar la planta aduciendo una crisis. Según sus empleados tal crisis es inexistente "aquí se imprimen Revista Viva, Rumbos, Genios, Jardín, Cablevisión, Guías telefónicas, libros escolares, folletería, etc . Se trata evidentemente de una maniobra que busca quebrar la organización de la planta para imponer el ajuste que al amparo de la política oficial ya ha avanzado en otros sectores del gremio."
Los trabajadores comenzaron un paro por tiempo indeterminado en defensa de sus puestos y condiciones de trabajo. Asimismo en las afueras de la imprenta se desplegó un desproporcionado aparato represivo de la policía federal, gendarmería y personal de seguridad privada.
Relevamiento del SiPreBA 13 Enero 2017
Un puesto de trabajo menos cada 7 horas en prensa
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires informó que al menos 1285 puestos de trabajo se perdieron en el último año en los medios de comunicación sólo en la ciudad de Buenos Aires. La pelea por delante es reforzar la organización gremial en todas las empresas.
Mediante un detallado
informe, el SiPreBA reveló el impacto del ajuste de las patronales y el
gobierno sobre las y los trabajadores de prensa. Casi 1300 puestos de
trabajo se perdieron solamente durante un año, es decir, un puesto de
trabajo menos cada 7 horas.
"Las
modalidades a través de las cuales empresarios de todo color avanzaron
sobre nuestros puestos de trabajo fueron desde despidos hasta cierre de
medios, vaciamientos y estafas como en el tristemente célebre ejemplo
del Grupo 23 de Szpolski, Garfunkel y Richarte apañado por el Estado
tanto en su versión kirchnerista como macrista, o los retiros
"voluntarios" –que en AGEA Clarín implicaron alrededor de 280 puestos de
trabajo menos- como presión y medida de ajuste y de precarización
laboral ya que menos trabajadores realizan las tareas que antes
realizaban con una planta mayor", señala el informe y agrega que "el 71%
ocurrieron durante la primera mitad del año".
Además
de la responsabilidad empresaria y estatal, se remarca "la complicidad
de la burocracia sindical de la UTPBA que durante años apañó a los/as
empresarios y desprotegió a los/as trabajadores".
Los
despidos y achiques en los puestos de trabajo son una vía de
flexibilización laboral donde el mismo personal debe absorber más tareas
y, por supuesto, condicionar la pelea por salario. Este es el plan de
la "convergencia" que quieren ejecutar las patronales con la venia del
gobierno.
Frente a este escenario, se
destacan las experiencias de lucha victoriosas que fueron alcanzadas
allí donde el SiPreBA logró consolidar una organización y una fuerte
vida gremial con asambleas y delegados/as. Por ejemplo, "las mejoras en
la paritaria de prensa escrita, como el caso de Página/12 o
Publiexpress, o las paritarias firmadas muy por encima de las acordadas
por la UTPBA, como es el caso de la TV Pública (38%) o Telefé (34% más
un bono de 10 mil pesos), el pase a planta de compañeros/as
contratados/as como en la Agencia Télam, la defensa de los puestos de
trabajo como en la planta Zepita de Clarín en donde fue reincorporado el
delegado Alejandro Ontivero (a quien la empresa se negaba a reconocer
como tal) son todas conquistas de nuestro sindicato que, además, realizó
elecciones en numerosas empresas renovando los mandatos y eligiendo
nuevos delegados/as (Perfil, Canal 13- TN, Télam, Clarín, TV Pública,
Telefé, Infobae, El Cronista, Editorial Atlántida, Agencia DyN, Noticias
Argentinas, Radio El Mundo, Splendid y Del Plata, Agencia DPA)".
Luego
de un año de duro ajuste en la cual el naciente SiPreBA fue puesto a
prueba con un feroz ataque de las patronales y el Estado, la tarea es
reforzar la organización de base para defender todos los puestos de
trabajo y los derechos de las y los trabajadores de prensa.
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PRT – Argentina. Por la Revolución Socialista
La “paz social” está quebrada en nuestro país
De
las medidas que tomó el actual gobierno, en muchas avanzó, por varias
cuestiones, con la connivencia de la oposición política parlamentaria,
el sindicalismo y los grandes medios (que ladran pero no muerden, en el mejor de los casos). Pero por sobre todo avanzaron porque si bien está expresado el rechazo de nuestro pueblo, no
existe hoy una fuerza política real opositora al sistema con la
capacidad de expresar consignas que catalicen la bronca y el descontento
para dar así una respuesta de acción movilizadora nacional, y que
nuestro pueblo los haga variar y desistir en sus medidas que requieren
una respuesta política.
Por ejemplo, la nueva timba financiera
con los bonos que le hizo ganar a los bancos internacionales miles de
millones de dólares (ya se habla de más de 40 mil millones de dólares), y
con ello un nuevo endeudamiento externo que traerá más y nuevos
flagelos a nuestro pueblo; o la continuidad de la inflación; o las
importaciones abiertas, donde el fin expreso es abaratar costos a las
multinacionales radicadas en Argentina, que traen componentes mucho más
baratos con mano de obra muy por debajo del costo de nuestro país, para
luego reexportar en dólares el producto final. Es decir, una clara exportación de capitales. Mientras, se llenan la boca de “atraer capitales” para -supuestamente- poner en marcha el país.
En muchas otras medidas, el gobierno se
vio obligado a retroceder, producto de la respuesta de lucha y rechazo
unánime de nuestro pueblo en aquellas políticas de “efecto inmediato”,
como fueron los intentos de los tarifazos en los servicios como ellos
pretendían, y muchas otras puntuales de carácter más sectorial, en las
cuales tuvieron que desistir.
Pero la intencionalidad y aspiraciones
de sus planes es mucho más ambiciosa, y su esencia es un
disciplinamiento y aplastamiento de la clase obrera y los trabajadores,
eliminando conquistas, aplicando una nueva flexibilización laboral,
barriendo Convenios, y decretando nuevas leyes laborales, agitando la productividad con el único e inequívoco objetivo de reducir la masa salarial en Argentina.
Tal es el designio del poder mundial
para Argentina, y es ahí donde la lucha de clases los empantanó y los va
a seguir hundiendo en los meses que se avecinan. Porque es en tal
terreno donde la confrontación es por sector. Y es en dicho terreno
donde las masas hoy se hacen fuertes. Lo de los bonos de fin de año fue
claro y contundente, sobre todo en los sectores productivos, que es
adonde apuntan; pero los trabajadores les marcaron la cancha muy a pesar
de los sindicatos, que en su mayoría hicieron lo imposible para que
esto no pasara.
En nuestro país hay lucha, mucha lucha
más allá de la dispersión, por eso se escuchan voces y cacareos con la
cuestión de la gobernabilidad. La gobernabilidad para ellos es que los
dejen hacer cómo les viene la gana, y eso no es posible hoy en nuestro
país. Salta toda la superestructura política y sindical oficialista y
opositora a relucir en la preservación de la paz social, cuando la burguesía ya quebró la paz social en nuestro país.
¿De qué nos hablan, si nuestro pueblo
está inmerso en una vida infeliz, plagada de sufrimientos de toda índole
producto del sometimiento y la degradación de un sistema violento? Si
hasta se ha puesto de moda, con nostalgia barata de parte de algunos,
aquella famosa frase “Todo tiempo pasado fue mejor”. ¡Qué pobre e indigno entonces es nuestro presente! ¡Qué apocalíptico nuestro futuro! ¿De qué paz social hablan estos señores?
Pero esta situación de mayor lucha y
confrontación se va a seguir dando en los diversos sectores, y ahí debe
aparecer el rol de las vanguardias auténticas. Donde es un deber, una
responsabilidad de tales vanguardias, llevar adelante sin desmayo tres
aspectos fundamentales para la confrontación: la independencia política del sistema, desconociendo literalmente la legalidad burguesa que solo está para atarnos de pies y manos en la lucha; las metodologías de la democracia directa donde las masas sean arte y parte ya que ha llegado la hora de la rebelión de las bases; y la nacionalización política de cada conflicto.
Respecto a la nacionalización política
de cada conflicto: hay que salir de los muros de las empresas, hay que
buscar la unidad con el pueblo localmente, y dirigir el golpe contra las
medidas nacionales del gobierno de los monopolios haciendo oídos sordos
a todos esos cantitos de sirena de “la politización de los conflictos”.
Hoy el conflicto es inminentemente
político, donde nadie que se presume representante de los trabajadores
sale al país a decirle que hay que pararles la mano. Estas medidas solo pueden nacer desde abajo.
Políticas también son las medidas y maniobras del sistema, y eso es lo que hay que derrotar.
El enemigo está débil, aunque nos
quieran hacer creer e está fuerte. Su debilidad se pone de manifiesto
cuando se impone el protagonismo y la amplitud de las masas.
El gran secreto hoy, del triunfo de las luchas está en la masividad. Si las masas son arte y parte, no retroceden, y eso el poder hoy no está en condiciones de sostenerlo.
Están todos los condimentos para
acelerar el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Tenemos el
convencimiento que los miles de destacamentos revolucionarios que hay en
nuestro país, aunque dispersos, desde las nuevas confrontaciones
masivas que se avecinan, la nacionalización de la lucha política vendrá
de la mano de una nueva conducta revolucionaria que nos sabrá encontrar a
las vanguardias junto a toda la clase obrera y el pueblo.
URUGUAY
Informe de la Secretaria de Derechos Humanos
Represión predictadura: 80 personas fueron asesinadas por el Estado
Un
informe de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente
(SDH) revela detalles de la magnitud del proceso represivo impulsado por
el Estado, en el período previo al golpe de Estado.
Entre el 13 de junio de 1968 y el 27 de junio
de 1973, en la previa al golpe de Estado, 80 personas murieron y tres
fueron desaparecidas a manos de los servicios represivos del Estado o
por acciones de grupos parapoliciales. Así lo establece un trabajo del
equipo de historiadores de la Secretaria de Derechos Humanos para el
Pasado Reciente (SDH) de Presidencia de la República.
El trabajo implica una ampliación de la investigación histórica sobre la Dictadura. En este caso, se centra en el período llamado de “crisis de la democracia y el Estado de Derecho”, y en especial sobre “el fenómeno del asesinato por razones políticas o muertes atribuibles a la responsabilidad del Estado a través de la intervención de sus organismos militares y policiales especializados en la represión institucional así como a través de la conformación de una para-estatalidad represiva y clandestina con su secuela de víctimas”, señala el informe.
La investigación revela que en la previa al quiebre institucional se registraron 80 fallecidos (74 hombres y seis mujeres) y tres desaparecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado uruguayo. Los desaparecidos fueron Abel Ayala, Héctor Castagnetto y Roberto Gomensoro Josman. De esta forma, se llega a un total de 204 fallecidos y 193 desaparecidos entre 13 de junio de 1968 y el 1º de marzo de 1985, señala.
La mayoría de las muertes (53) se produjeron en 1972. Se trata de un año clave de la represión pre-dictadura. En 1971, el Poder Ejecutivo le encomendó la lucha antisubversiva a las Fuerzas Armadas y creó los institutos que se encargarían de la tarea (como el Esmaco), lo que se consolidó en 1972 con la declaración del Estado de guerra interno y la suspensión de las garantías individuales (se extendía el plazo para presentar a los detenidos ante un juez y se habilitó los allanamientos nocturnos, entre otras medidas). Esto intensificó la represión que se desarrolló durante las Medidas Prontas de Seguridad.
Asimismo, se establece que 50 muertes se produjeron en una acción represiva del Estado, entendido como muertes ocurridas en procedimientos de detención, en operativos contra grupos políticos o por acción de los grupos paraestatales. Además, se registraron diez muertes en actos de represión contra el movimiento estudiantil o sindical, cinco muertes en enfrentamientos y cuatro en circunstancias que no se pudieron clasificar.
Además, se constataron once muertes en centros de detención, lo que implica un cambio con lo que ocurrió durante la dictadura, cuando la mayoría de las muertes se produjeron en prisión. Entre 1968 y 1973, estas muertes ocurrieron en unidades militares -o centros clandestinos de detención-, antes de que las personas fueron “blanqueadas”, dijeron fuentes de la SDH a Caras y Caretas Portal. También se constató una importante presencia de jóvenes entre los muertos: 53 tenían entre 20 y 34 años, siete tenían entre 15 y 19 años y uno de los fallecidos era menor de 14 años.
En esta línea, se confirmó que la amplia mayoría de los fallecidos eran integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), que era el grupo más activos en la lucha armada. También se computan los ocho asesinados en la Seccional 20 del Partido Comunista (PCU) y la muerte de militantes del OPR 33, así como varios casos de militantes estudiantes. Entre estos últimos se señalan los casos de Liber Arce, Hugo De los Santos e Ibero Gutiérrez, entre otros.
El informe también contabiliza la muerte de Francisco Chocho, militante del Partido Nacional, quien fue detenido el 14 de octubre de 1972, en Maldonado, durante una redada de las Fuerzas Conjuntas y trasladado al Batallón de Ingenieros Nº 4; murió a causa de las torturas y su cuerpo fue entregado a su hijo, que era un militar de carrera.
También se registra la muerte de seis personas, sin militancia política, en situaciones confusas, que tienen su trasfondo en los controles de los servicios represivos en el contexto de aplicación de las MPS. Este fue el caso, por ejemplo, de Juan Gilberto Moreira, quien según la cronología publicada en el libro “La Subversión” de la Junta de Comandantes en Jefe, es muerto por no acatar la orden policial de alto.
En este sentido, fuentes de la SDH explicaron a Caras y Caretas Portal, que el informe pretende aportar elementos para entender “un periodo, como los años previos al golpe de Estado, lleno de acontecimientos políticos importantes” y en el que se verifica un proceso de profundización de la crisis política del país, iniciándose un camino de transformaciones autoritarias y violencia política desde el propio Estado.
Acceda a estadísticas del informe de la Secretaria de Derechos Humanos: Cuadros+de+Asesinados
Acceda al listado de muertos y asesinados políticos: Listado de Muertos y Asesinados entre 1968 y 1972
El trabajo implica una ampliación de la investigación histórica sobre la Dictadura. En este caso, se centra en el período llamado de “crisis de la democracia y el Estado de Derecho”, y en especial sobre “el fenómeno del asesinato por razones políticas o muertes atribuibles a la responsabilidad del Estado a través de la intervención de sus organismos militares y policiales especializados en la represión institucional así como a través de la conformación de una para-estatalidad represiva y clandestina con su secuela de víctimas”, señala el informe.
La investigación revela que en la previa al quiebre institucional se registraron 80 fallecidos (74 hombres y seis mujeres) y tres desaparecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado uruguayo. Los desaparecidos fueron Abel Ayala, Héctor Castagnetto y Roberto Gomensoro Josman. De esta forma, se llega a un total de 204 fallecidos y 193 desaparecidos entre 13 de junio de 1968 y el 1º de marzo de 1985, señala.
La mayoría de las muertes (53) se produjeron en 1972. Se trata de un año clave de la represión pre-dictadura. En 1971, el Poder Ejecutivo le encomendó la lucha antisubversiva a las Fuerzas Armadas y creó los institutos que se encargarían de la tarea (como el Esmaco), lo que se consolidó en 1972 con la declaración del Estado de guerra interno y la suspensión de las garantías individuales (se extendía el plazo para presentar a los detenidos ante un juez y se habilitó los allanamientos nocturnos, entre otras medidas). Esto intensificó la represión que se desarrolló durante las Medidas Prontas de Seguridad.
Asimismo, se establece que 50 muertes se produjeron en una acción represiva del Estado, entendido como muertes ocurridas en procedimientos de detención, en operativos contra grupos políticos o por acción de los grupos paraestatales. Además, se registraron diez muertes en actos de represión contra el movimiento estudiantil o sindical, cinco muertes en enfrentamientos y cuatro en circunstancias que no se pudieron clasificar.
Además, se constataron once muertes en centros de detención, lo que implica un cambio con lo que ocurrió durante la dictadura, cuando la mayoría de las muertes se produjeron en prisión. Entre 1968 y 1973, estas muertes ocurrieron en unidades militares -o centros clandestinos de detención-, antes de que las personas fueron “blanqueadas”, dijeron fuentes de la SDH a Caras y Caretas Portal. También se constató una importante presencia de jóvenes entre los muertos: 53 tenían entre 20 y 34 años, siete tenían entre 15 y 19 años y uno de los fallecidos era menor de 14 años.
En esta línea, se confirmó que la amplia mayoría de los fallecidos eran integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), que era el grupo más activos en la lucha armada. También se computan los ocho asesinados en la Seccional 20 del Partido Comunista (PCU) y la muerte de militantes del OPR 33, así como varios casos de militantes estudiantes. Entre estos últimos se señalan los casos de Liber Arce, Hugo De los Santos e Ibero Gutiérrez, entre otros.
El informe también contabiliza la muerte de Francisco Chocho, militante del Partido Nacional, quien fue detenido el 14 de octubre de 1972, en Maldonado, durante una redada de las Fuerzas Conjuntas y trasladado al Batallón de Ingenieros Nº 4; murió a causa de las torturas y su cuerpo fue entregado a su hijo, que era un militar de carrera.
También se registra la muerte de seis personas, sin militancia política, en situaciones confusas, que tienen su trasfondo en los controles de los servicios represivos en el contexto de aplicación de las MPS. Este fue el caso, por ejemplo, de Juan Gilberto Moreira, quien según la cronología publicada en el libro “La Subversión” de la Junta de Comandantes en Jefe, es muerto por no acatar la orden policial de alto.
En este sentido, fuentes de la SDH explicaron a Caras y Caretas Portal, que el informe pretende aportar elementos para entender “un periodo, como los años previos al golpe de Estado, lleno de acontecimientos políticos importantes” y en el que se verifica un proceso de profundización de la crisis política del país, iniciándose un camino de transformaciones autoritarias y violencia política desde el propio Estado.
Acceda a estadísticas del informe de la Secretaria de Derechos Humanos: Cuadros+de+Asesinados
Acceda al listado de muertos y asesinados políticos: Listado de Muertos y Asesinados entre 1968 y 1972
Decepción de la delegación uruguaya en Roma por fallo sobre Plan Cóndor
18
Ene
La delegación uruguaya recibió con sentimientos encontrados el
fallo de la Justicia italiana que condenó ayer con cadena perpetua al
excanciller Juan Carlos Blanco, pero absolvió a los restantes trece
acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar
(1973-1985).
De esa manera, uno de los principales objetivos de los familiares de desaparecidos, la declaración de culpabilidad para el militar Jorge Tróccoli, no pudo concretarse. La absolución para el capitán retirado uruguayo que reside en Italia fue el sinsabor más fuerte que padeció la delegación que se encontraba en Roma a la espera de la decisión de la III Corte Penal. Luego de conocido el fallo, algunos familiares ya comenzaron a hablar de apelar la sentencia.
“La parte (de la sentencia) sobre los absueltos es vergonzosa. La tristeza fue grande, nos cayó como un pedazo de hielo. Vi llorar a abogados nuestros”, dijo a El Observador Aurora Meloni, una de las querellantes por el asesinato de su marido Daniel Banfi, ocurrida en Buenos Aires en 1974.
Los 14 imputados uruguayos eran Blanco, Tróccoli, Gregorio Álvarez —muerto el 28 de diciembre de 2016—, José Arab, José Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Lima, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. Casi todos ellos están presos en Uruguay
En total la fiscalía Italiana inculpó a 27 uniformados uruguayos,
chilenos, bolivianos y peruanos por sus implicancias en el Plan Cóndor, a
través del cual se asesinó y se hizo desaparecer a 42 jóvenes de
izquierda, entre ellos 20 italianos, durante las décadas de 1970 y 1980.
En el caso de los uruguayos, si bien la delegación en Roma se sintió conforme por la condena de Blanco no pudo ocultar la desazón por las absoluciones.
El vicepresidente, Raúl Sendic, transmitió ayer por la tarde la sensación que había en Roma y en diálogo con Radio Uruguay, el jerarca afirmó sentirse “defraudado” por la resolución judicial italiana.
Igualmente, dijo que de todos modos sentía la “tranquilidad de que
el Estado uruguayo dio los pasos necesarios” y añadió que no estaba en
condiciones de juzgar los elementos que evaluó el tribunal italiano.
En tanto, sobre la condena de Blanco, Meloni indicó que el fiscal
italiano quería culpar a los que tuvieron cargos de mayor
responsabilidad durante la dictadura y la aplicación del Plan Cóndor.
“En ese sentido, creo que hubo una sentencia justa. Esa es la
primera lectura; no puedo oscurecer una parte de lo que esta sentencia
de la corte italiana emitió y que alcanza un objetivo que yo me puse en
1999 cuando empecé con otros familiares este proceso en Italia”, dijo.
Sin embargo, fue terminante sobre la otra parte del fallo. “Fue una sentencia superficial. Se podía haber hecho un análisis y una sentencia diferente. Esta gente fue procesada y condenada en Uruguay y por eso es vergonzoso. Sobre lo de Tróccoli no quiero pronunciarme porque me desconcertó”, afirmó.
Meloni expresó que la III Corte Penal tiene hasta 90 días para informar sobre las razones que tuvo para dictaminar el fallo.
Al respecto del caso de Tróccoli y el resto de los absueltos,
expresó que el fallo es apelable y por ese motivo “habría que formar un
grupo de abogados que se encargara de las apelaciones que hay que
hacer”. “Hay que apelar y seguir trabajando. Queríamos memoria, verdad y
justicia; pero lo queríamos en serio”, insistió.
A su vez, Cristina Mihura, viuda del desaparecido ítalo —uruguayo Armando Arnone Hernández, comentó a la agencia AFP no tener palabras para “comentar una sentencia como ésta”.
“Después de una lucha tan larga los jueces no han reconocido la
responsabilidad individual de los imputados. Un criterio muy discutible.
Vamos a presentar un recurso”. afirmó.
Abatidos
Por su parte, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos,
Mirtha Guianze, que también se encontraba en Italia espeando el fallo,
dijo a Telenoche que los familiares estaban “muy abatidos” por el fallo,
ya que esperaban un resultado diferente.
A su vez, el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT (también presente en Roma) Fernando Gambera señaló a El Observador que por un lado la sentencia fue un reconocimiento a la existencia de “un plan coordinado entre las dictaduras para la desaparición forzada de personas”.
Pero, sostuvo, por otro lado el jurado italiano “no pudo entender
que los militares uruguayos actuaban al estilo de una patota y con
autonomía en sus acciones y, por tanto, no pueden ser declarados sin
responsabilidad”.
El dirigente sostuvo que el caso de Tróccoli fue el que más “movilizó” a los familiares de desaparecidos.
“Seguramente haya una apelación”, dijo Gambera. El representante de
la central uruguaya de trabajadores afirmó igualmente que la sentencia
fue “un paso histórico importante”. “La lucha continúa, habrá que seguir
aportando elementos que demuestren que los militares eran una patota”,
agregó.
Las investigaciones sobre el Plan Cóndor comenzaron hace más de una década y estuvieron a cargo del fiscal italiano Giancarlo Capaldo.
Durante ese proceso desfilaron por los tribunales romanos unos 70
testigos uruguayos. Ayer, la sentencia terminó condenando a Blanco. Los
demás condenados fueron dos bolivianos, tres peruanos y dos chilenos.
Blanco, que ejerció como canciller de la dictadura militar entre
1972 y 1976, fue procesado en 2002 en Uruguay por la desaparición y
muerte de Elena Quinteros y condenado en 2010 a 20 años de prisión por
homicidio muy especialmente agravado. En febrero de 2012 un tribunal
confirmó la condena de Blanco.
Se trató del primer uruguayo en ser enviado a la cárcel por los crímenes perpetrados por el régimen militar.
Desde 2011 Blanco sigue con su proceso judicial en libertad provisional.
En ese momento, la Justicia cambió la carátula de la imputación a “coautoría de homicidio especialmente agravado”.
Miércoles 18 • Enero • 2017
Repercusiones del fallo de Roma en Uruguay
“Estamos desolados”, dijo a la diaria desde Roma
Mirtha Guianze, presidenta de la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo, horas después de que se conociera el
fallo que absolvió a los 14 represores uruguayos y condenó con cadena
perpetua al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Guianze
estaba reunida con delegaciones del resto de los países involucrados en
el juicio, que coincidían en que “es disparatado todo el sentido del
fallo” y que fue “un mazazo que nadie esperaba”. Si bien todavía no se
conocen los fundamentos del fallo, según Guianze, “se estableció
responsabilidad solamente a los capos, a los jerarcas y por los
homicidios, que es el único delito que no prescribe acá. A los demás
dijeron que tenían secuestros de personas, y ese delito sí prescribe.
Los jurados populares no entendieron, o no se les supo hacer entender,
que los grupos de tareas actuaban como patotas, no como habitualmente
procede una jerarquía; que podían torturar prisioneros y que se podían
pasar y que se les murieran, y que esto no significaba que tuvieran una
orden”.
En el caso de Jorge Tróccoli, el único represor uruguayo que se presentó en el juicio, y sobre el que había más expectativas de que fuera procesado, Guianze dice que “está claro que tenía autonomía para proceder, y eso no está comprendido en esta decisión”. El ingeniero Martín Ponce de León -que también declaró en Roma- argumenta en el mismo sentido. Ponce de León era dirigente de los Grupos de Acción Unificadora en los tiempos en que Tróccoli era responsable de Inteligencia del destacamento de Fusileros Navales (Fusna), y dijo a la diaria: “Tróccoli tuvo un rol clave en los episodios de finales del año 77, cuando desaparecieron más de 15 compañeros de nuestra organización, y allí no sólo era el responsable de Inteligencia del Fusna, sino que además quedó a cargo de todas las operaciones, por orden directa del Comando de la Armada; trabajó en cooperación con el Servicio de Información de Defensa y siguió trabajando varios años en la Argentina. Hasta obtuvo calificaciones absolutamente favorables de los propios jefes de la nefasta Escuela de Mecánica de la Armada; eso está documentado, y él mismo ha escrito sobre esto y ha dicho que no actuaba por órdenes, sino por convicción”.
Para Ponce de León el fallo es, “por decir poco, decepcionante”. Para Raúl Olivera, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, que también participó en el juicio, “constituye un gran signo de interrogación cuál es el fundamento de esa absolución generalizada para la parte operativa, y la condena a Blanco como actor mediático o responsable desde el punto de su ubicación en la estructura del Estado dictatorial”. Lo mismo pasó con el resto de los países; todos tenían cargo de gobierno, dice. Para Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en palabras de su vocero, Nilo Patiño, el fallo “cayó como un balde de agua fría, no sólo sobre nosotros, sino también sobre todas las organizaciones de derechos humanos”. Sin embargo, “queda claro que esto no borra los crímenes que han cometido ni implica que los absuelven porque son inocentes. Para nosotros es un tropezón, pero nos han pasado cosas mucho peores, y nos vamos a levantar”, aunque “nos hubiera gustado que Tróccoli fuera preso”.
Visiones
Según Olivera, “hay un cuerpo probatorio que ha sido avalado por la Justicia uruguaya con los procesamientos, y también en Argentina con los juicios que se han dado, por lo que se esperaba que esta causa, que llevó muchos años de investigación por parte de la fiscalía, y acumuló los conocimientos y las nuevas pruebas que fueron apareciendo durante estos años, se resolviera de otra manera”. Sin embargo, “otra cosa que hay que poner en debate es la estrategia jurídica del abogado uruguayo”, que “no se conoce”: “Ni cuando fui a declarar pude conocerla”. Para Olivera, “el Estado se involucró hace muy poco tiempo en este tema, fundamentalmente para tratar de enmendar un error que cometió el embajador uruguayo en Italia en aquel momento con la extradición de Tróccoli”. Dice que siempre han reclamado más compromiso del Estado “para aportar la información”, ya que “las víctimas ya dimos todo lo que tenemos, nuestros testimonios, nuestro recuerdo y nuestra visión de cómo se dio el terrorismo de Estado”. Explica que “el terrorismo de Estado no fue orquestado por Blanco, sino por todo un aparato del Estado, que tuvo sus directivas y que tiene que tener la información”. Patiño está de acuerdo en que el Estado debería estar mucho más comprometido con el tema: “Es el tercer gobierno del Frente [Amplio] y recién pudimos tener acceso a los archivos hace poco”. Sin embargo, afirma que “es el primer período de gobierno en el que realmente hay apoyo para investigar y no para cerrar los casos, una apertura, y en ese sentido la saludamos. Es una actitud tardía, pero más vale tarde que nunca”. Olivera dice que con el paso que dio el Estado de ir al juicio en Italia, y las palabras del vicepresidente Raúl Sendic en cuanto al compromiso de seguir con el tema, esperan que en las nuevas instancias de apelación el Estado uruguayo tenga un rol más activo.
Para el historiador Aldo Marchesi, que ha estudiado el proceso regional de represión política, es necesario relativizar los alcances de este juicio: “Este es un juicio más; ha habido muchos juicios en relación a las causas Cóndor, y se enmarcan en una estrategia que se viene haciendo por parte del movimiento de derechos humanos del Cono Sur desde los años 80, por lo que no necesariamente hay que depositar expectativas supremas en cada caso, y quizás eso se hizo un poco en Uruguay respecto a este”. Considera que el resultado “no debe hacer perder una visión más general”: “El fallo plantea que existió crimen y condena el crimen; eso es algo que también tendría que ser relevante. Es importante que a nivel internacional una vez más se demuestre que la Operación Condor existió, que hubo violaciones a los derechos humanos, y desaparecidos italianos. Se constata que desaparecieron; la discusión es más bien penal”.
Patiño cree que “el juicio fue muy importante como noticia, para difundir no sólo acá, sino en todo el mundo, la búsqueda de la verdad”, pero “seguimos sosteniendo que son crímenes que se cometieron acá, cometidos por uruguayos, y deberían ser juzgados acá”. Ponce de León dice que el fallo es “un golpe”, pero lo importante es que “no podemos ni debemos aceptar que ganen el silencio y el ocultamiento”. El gran problema que tiene Uruguay, dice, es que “a 30 años de recuperación de la democracia todavía no se sepa qué pasó con los compatriotas desaparecidos ni dónde están sus restos”, algo “humanamente inaceptable”. Hasta “la propia ley de impunidad establecía la obligación del Poder Ejecutivo de seguir investigando el tema de los desaparecidos”, remarca, por lo que “no hay nada que habilite a que este tema no sea un tema sobre el cual se siga trabajando y peleando” y “se cumpla con la obligación ética, elemental y humana de dar una explicación a las familias”.
En el caso de Jorge Tróccoli, el único represor uruguayo que se presentó en el juicio, y sobre el que había más expectativas de que fuera procesado, Guianze dice que “está claro que tenía autonomía para proceder, y eso no está comprendido en esta decisión”. El ingeniero Martín Ponce de León -que también declaró en Roma- argumenta en el mismo sentido. Ponce de León era dirigente de los Grupos de Acción Unificadora en los tiempos en que Tróccoli era responsable de Inteligencia del destacamento de Fusileros Navales (Fusna), y dijo a la diaria: “Tróccoli tuvo un rol clave en los episodios de finales del año 77, cuando desaparecieron más de 15 compañeros de nuestra organización, y allí no sólo era el responsable de Inteligencia del Fusna, sino que además quedó a cargo de todas las operaciones, por orden directa del Comando de la Armada; trabajó en cooperación con el Servicio de Información de Defensa y siguió trabajando varios años en la Argentina. Hasta obtuvo calificaciones absolutamente favorables de los propios jefes de la nefasta Escuela de Mecánica de la Armada; eso está documentado, y él mismo ha escrito sobre esto y ha dicho que no actuaba por órdenes, sino por convicción”.
Para Ponce de León el fallo es, “por decir poco, decepcionante”. Para Raúl Olivera, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, que también participó en el juicio, “constituye un gran signo de interrogación cuál es el fundamento de esa absolución generalizada para la parte operativa, y la condena a Blanco como actor mediático o responsable desde el punto de su ubicación en la estructura del Estado dictatorial”. Lo mismo pasó con el resto de los países; todos tenían cargo de gobierno, dice. Para Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en palabras de su vocero, Nilo Patiño, el fallo “cayó como un balde de agua fría, no sólo sobre nosotros, sino también sobre todas las organizaciones de derechos humanos”. Sin embargo, “queda claro que esto no borra los crímenes que han cometido ni implica que los absuelven porque son inocentes. Para nosotros es un tropezón, pero nos han pasado cosas mucho peores, y nos vamos a levantar”, aunque “nos hubiera gustado que Tróccoli fuera preso”.
Visiones
Según Olivera, “hay un cuerpo probatorio que ha sido avalado por la Justicia uruguaya con los procesamientos, y también en Argentina con los juicios que se han dado, por lo que se esperaba que esta causa, que llevó muchos años de investigación por parte de la fiscalía, y acumuló los conocimientos y las nuevas pruebas que fueron apareciendo durante estos años, se resolviera de otra manera”. Sin embargo, “otra cosa que hay que poner en debate es la estrategia jurídica del abogado uruguayo”, que “no se conoce”: “Ni cuando fui a declarar pude conocerla”. Para Olivera, “el Estado se involucró hace muy poco tiempo en este tema, fundamentalmente para tratar de enmendar un error que cometió el embajador uruguayo en Italia en aquel momento con la extradición de Tróccoli”. Dice que siempre han reclamado más compromiso del Estado “para aportar la información”, ya que “las víctimas ya dimos todo lo que tenemos, nuestros testimonios, nuestro recuerdo y nuestra visión de cómo se dio el terrorismo de Estado”. Explica que “el terrorismo de Estado no fue orquestado por Blanco, sino por todo un aparato del Estado, que tuvo sus directivas y que tiene que tener la información”. Patiño está de acuerdo en que el Estado debería estar mucho más comprometido con el tema: “Es el tercer gobierno del Frente [Amplio] y recién pudimos tener acceso a los archivos hace poco”. Sin embargo, afirma que “es el primer período de gobierno en el que realmente hay apoyo para investigar y no para cerrar los casos, una apertura, y en ese sentido la saludamos. Es una actitud tardía, pero más vale tarde que nunca”. Olivera dice que con el paso que dio el Estado de ir al juicio en Italia, y las palabras del vicepresidente Raúl Sendic en cuanto al compromiso de seguir con el tema, esperan que en las nuevas instancias de apelación el Estado uruguayo tenga un rol más activo.
Para el historiador Aldo Marchesi, que ha estudiado el proceso regional de represión política, es necesario relativizar los alcances de este juicio: “Este es un juicio más; ha habido muchos juicios en relación a las causas Cóndor, y se enmarcan en una estrategia que se viene haciendo por parte del movimiento de derechos humanos del Cono Sur desde los años 80, por lo que no necesariamente hay que depositar expectativas supremas en cada caso, y quizás eso se hizo un poco en Uruguay respecto a este”. Considera que el resultado “no debe hacer perder una visión más general”: “El fallo plantea que existió crimen y condena el crimen; eso es algo que también tendría que ser relevante. Es importante que a nivel internacional una vez más se demuestre que la Operación Condor existió, que hubo violaciones a los derechos humanos, y desaparecidos italianos. Se constata que desaparecieron; la discusión es más bien penal”.
Patiño cree que “el juicio fue muy importante como noticia, para difundir no sólo acá, sino en todo el mundo, la búsqueda de la verdad”, pero “seguimos sosteniendo que son crímenes que se cometieron acá, cometidos por uruguayos, y deberían ser juzgados acá”. Ponce de León dice que el fallo es “un golpe”, pero lo importante es que “no podemos ni debemos aceptar que ganen el silencio y el ocultamiento”. El gran problema que tiene Uruguay, dice, es que “a 30 años de recuperación de la democracia todavía no se sepa qué pasó con los compatriotas desaparecidos ni dónde están sus restos”, algo “humanamente inaceptable”. Hasta “la propia ley de impunidad establecía la obligación del Poder Ejecutivo de seguir investigando el tema de los desaparecidos”, remarca, por lo que “no hay nada que habilite a que este tema no sea un tema sobre el cual se siga trabajando y peleando” y “se cumpla con la obligación ética, elemental y humana de dar una explicación a las familias”.
Reacciones políticas
Hay un denominador común en el espectro político partidario uruguayo: el
fallo judicial en Roma por el Plan Cóndor no va en línea con las
expectativas que se habían generado en la previa. Tanto desde el Frente
Amplio (FA) como desde la oposición se mostraron sorprendidos tras
conocer la sentencia de la presidenta de la III Corte Penal de Roma,
Evelina Canale. El secretario político del FA, Gonzalo Reboledo, expresó
a la diaria que “es objetivo que hubo delitos; estas personas estaban
directamente implicadas con muchas de las situaciones que se los acusa”.
Sobre la apelación del fallo, Reboledo dijo tener “esperanza de que se
revierta”. O en otras palabras, según publicó en su cuenta de Twitter el
presidente del FA, Javier Miranda: “Ninguna sentencia puede negar el
pasado. La lucha continúa. #NuncaMás”. En sintonía con Reboledo, el
senador y líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, sostuvo a
este medio que se conoce la “responsabilidad de las personas que fueron
incriminadas”, al tiempo que consideró que este fallo es un “revés para
el Estado uruguayo”, y que “pudo haber algún problema con el aporte de
pruebas que se entregó”. El diputado de Unidad Popular (UP), Eduardo
Rubio, expresó: “todavía no lo puedo creer”. Si bien aclaró a la diaria
que no siguió muy de cerca el caso, afirmó que se trata de una “cuestión
inexplicable” que le impactó “negativamente”. “La impunidad tiene
demasiada fuerza; tenemos que voltear ese muro de impunidad. Pienso que
hay que apelar, no deberíamos quedarnos con los brazos cruzados y
aceptando el fallo”, señaló el legislador. En tanto, el diputado
nacionalista José Andrés Arocena dijo que si bien entre los culpables
había gente que no conocía, “los casos de terrorismo de Estado no
merecen amnistía”. Por su parte, el diputado colorado Adrián Peña
también se mostró “sorprendido” con el resultado del juicio. “Sin tener
demasiada información ni seguir el juicio de cerca, daba por descontado
que iba a haber una sanción, más tratándose de delitos calificados de
lesa humanidad, y esa también era la expectativa del gobierno”.
Viernes 13 • Enero • 2017
Cainfo: proyecto de ley de inteligencia puede ser un “retroceso” en los estándares de acceso a la información pública
Si bien el proyecto de ley que envió el gobierno al
Parlamento sobre la creación del Sistema Nacional de Inteligencia
establece “garantías” contra el uso indebido de la recolección de la
información y su tratamiento, también cuenta con regulaciones que
“pueden considerarse un retroceso en los estándares de protección al
derecho de acceso a la información pública”, establecido en la Ley
18.381 y su decreto reglamentario 232/2010. Estas son algunas de las
conclusiones de un informe preliminar sobre el proyecto, elaborado por
el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), una
organización no gubernamental dedicada a la libertad de expresión, el
derecho a la información y la participación ciudadana.
“Toda regulación de servicios del Estado que por su naturaleza
pueda manejar o crear información secreta o reservada debe darse por ley
y ser precisa en el alcance de sus definiciones. Es bueno entonces el
propósito general del proyecto”, comienza sosteniendo el informe. Luego
agrega que los “principios” que se señalan en el artículo 5º
(“jerarquía”, “eficacia”, “especificidad” y “juridicidad”), sumados a
las limitaciones que el proyecto establece para los organismos de
inteligencia, también significan una “garantía” contra “el uso indebido
de la recolección y tratamiento de la información”. El informe incluso
destaca como positivas otras cláusulas de “control institucional”, como
la “intervención preceptiva del Poder Judicial cuando pueda verse
afectada la libertad y privacidad de los ciudadanos”, el “control
interno del Sistema Nacional de Inteligencia” y también los establecidos
por el Poder Legislativo, mediante una comisión especial bicameral de
la Asamblea General.
Sin embargo, el documento de Cainfo observa que en algunos aspectos la norma puede ser considerada un “retroceso” en los estándares de protección al derecho de acceso a la información. Por ejemplo, se señala que el artículo 29 del proyecto permite reservar información “sin fundamentar razones de interés público ni ponderar la prueba de daño”, algo que no se permite en la ley actual de acceso a la Información Pública ni en su decreto reglamentario. “Más allá de que la reserva sea de corte legal y por tanto admisible para modificar las disposiciones de la Ley 18.381, es una disposición regresiva desde una perspectiva de derechos”, argumenta, ya que “establece una reserva genérica que puede permitir incluir en la misma información que estrictamente no provoque daño su divulgación y pueda ser de interés público”.
Una situación similar también se presenta con el artículo 32, que exime a los órganos de inteligencia de los controles de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de este derecho. “Se deberían mantener en pleno las garantías establecidas por la Ley 18.381 contra la posibilidad de abuso, incluido el escrutinio oportuno, pleno, accesible y efectivo de la validez de las restricciones por una autoridad de supervisión como es la UAIP”, indica el informe. No obstante, también se destaca que el proyecto sí mantiene la posibilidad de una revisión judicial sobre acceso a la información pública en este organismo.
Limitación
El documento de Cainfo cuestiona que para los organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia se extienda el plazo por el que una información puede ser clasificada como reservada, de 15 a 25 años. “El plazo establecido por la Ley 18.381 es de 15 años, tiempo que ya resulta excesivo en el Derecho Comparado. Esta disposición no está tampoco debidamente fundada y motivada ni se demuestra la existencia de elementos objetivos que permitan determinar una expectativa razonable de un daño al interés público protegido”, dice el informe de Cainfo, que sostiene que se trata de una “limitación que no puede ser admitida si no se justifica debidamente el interés público afectado”.
Violación
Por último, Cainfo sostiene que el proyecto de ley sería una “buena oportunidad” para introducir el concepto de “divulgación responsable de la información o la figura del Whistleblower”. Esto es algo que ha ocurrido en varios casos en Estados Unidos. La organización sostiene que, por un lado, el artículo 35 del proyecto establece que no se puede invocar el carácter reservado de la información cuando esta refiera a violaciones de los derechos humanos o sea relevante para prevenir o investigar violaciones a estos derechos. Esto, se argumenta en el informe, “estaría abriendo la puerta para que un funcionario pudiera denunciar acciones internas de Inteligencia que están yendo contra los derechos humanos”. Sin embargo, el artículo siguiente “abre la posibilidad de sancionar con falta gravísima y destitución al funcionario” en “casos de violación de las normas legales y reglamentarias referidas a la clasificación y a la revelación inapropiada de información”. Según Cainfo, varios países han introducido esta figura con el objetivo de “eximir de responsabilidad” a los funcionarios de una agencia gubernamental que “publican información sobre acciones ilegales” de esta. La organización sostiene que este instrumento contribuiría a “impulsar la transparencia ante abusos e ilegalidades”.
Sin embargo, el documento de Cainfo observa que en algunos aspectos la norma puede ser considerada un “retroceso” en los estándares de protección al derecho de acceso a la información. Por ejemplo, se señala que el artículo 29 del proyecto permite reservar información “sin fundamentar razones de interés público ni ponderar la prueba de daño”, algo que no se permite en la ley actual de acceso a la Información Pública ni en su decreto reglamentario. “Más allá de que la reserva sea de corte legal y por tanto admisible para modificar las disposiciones de la Ley 18.381, es una disposición regresiva desde una perspectiva de derechos”, argumenta, ya que “establece una reserva genérica que puede permitir incluir en la misma información que estrictamente no provoque daño su divulgación y pueda ser de interés público”.
Una situación similar también se presenta con el artículo 32, que exime a los órganos de inteligencia de los controles de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de este derecho. “Se deberían mantener en pleno las garantías establecidas por la Ley 18.381 contra la posibilidad de abuso, incluido el escrutinio oportuno, pleno, accesible y efectivo de la validez de las restricciones por una autoridad de supervisión como es la UAIP”, indica el informe. No obstante, también se destaca que el proyecto sí mantiene la posibilidad de una revisión judicial sobre acceso a la información pública en este organismo.
Limitación
El documento de Cainfo cuestiona que para los organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia se extienda el plazo por el que una información puede ser clasificada como reservada, de 15 a 25 años. “El plazo establecido por la Ley 18.381 es de 15 años, tiempo que ya resulta excesivo en el Derecho Comparado. Esta disposición no está tampoco debidamente fundada y motivada ni se demuestra la existencia de elementos objetivos que permitan determinar una expectativa razonable de un daño al interés público protegido”, dice el informe de Cainfo, que sostiene que se trata de una “limitación que no puede ser admitida si no se justifica debidamente el interés público afectado”.
Violación
Por último, Cainfo sostiene que el proyecto de ley sería una “buena oportunidad” para introducir el concepto de “divulgación responsable de la información o la figura del Whistleblower”. Esto es algo que ha ocurrido en varios casos en Estados Unidos. La organización sostiene que, por un lado, el artículo 35 del proyecto establece que no se puede invocar el carácter reservado de la información cuando esta refiera a violaciones de los derechos humanos o sea relevante para prevenir o investigar violaciones a estos derechos. Esto, se argumenta en el informe, “estaría abriendo la puerta para que un funcionario pudiera denunciar acciones internas de Inteligencia que están yendo contra los derechos humanos”. Sin embargo, el artículo siguiente “abre la posibilidad de sancionar con falta gravísima y destitución al funcionario” en “casos de violación de las normas legales y reglamentarias referidas a la clasificación y a la revelación inapropiada de información”. Según Cainfo, varios países han introducido esta figura con el objetivo de “eximir de responsabilidad” a los funcionarios de una agencia gubernamental que “publican información sobre acciones ilegales” de esta. La organización sostiene que este instrumento contribuiría a “impulsar la transparencia ante abusos e ilegalidades”.
