EN DIRECTO | Catalunya: Miles de personas piden la libertad de los cargos detenidos frente al TSJCat
Toda la actualidad informativa sobre el referéndum del 1 de octubre.
Miles de personas se concentran frente al Palau de Justicia de Barcelona. EFE/Marta Pérez
La Guardia Civil realizó
este miércoles 22 registros en el dispositivo organizado para recopilar
pruebas e indicios con el fin de impedir la celebración del referéndum
independentista del 1-O. La operación se saldó con la detención de 14 cargos de la Generalitat,
de los cuales cuatro de ellos quedaron en libertad tras negarse a
declarar ante la Guardia Civil. La actuación de las autoridades y la
respuesta del Gobierno español desencadenó una oleada de protestas en toda España, con la Conselleria d'Economia como epicentro.
Centenares de estudiantes se manifiestan en Lleida
Más de medio millar de estudiantes de la
Universitat de Lleida (UdL) y de secundaria de Lleida se han manifestado
este mediodía contra las detenciones. Los manifestantes han salido en
dos grupos, uno desde el Campus de Cappont y otro desde Agrónomos, con
proclamas como "¡Vaciemos las aulas y llenemos las calles!" o "¡Las calles serán siempre nuestras!".
La alcaldesa de Sant Vicenç Horts se niega declarar
La alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich (ERC),
se ha negado a prestar declaración ante la Fiscalía, como investigada
por colaborar en la organización de la consulta y se ha reafirmado en
que en su municipio habrá urnas ese día. Acompañada por un centenar de
vecinos de su pueblo y de otras localidades cercanas, como
Castelldefels, así como por los diputados de Junts pel Sí (JxSí) Anna
Simó y Eduardo Reyes, Aymerich ha llegado a la Fiscalía cuando faltaban
unos quince minutos para las once de la mañana, hora en la que estaba
citada, y unos 45 minutos después ha vuelto a salir a la calle para indicar que se había acogido a su derecho a no declarar.
"Nuestro Estado es la gente y es imbatible"
El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha
asegurado que las instituciones estatales ya no tienen legitimidad en
Catalunya y ha defendido el proceso independentista: "Nuestro Estado es la gente y es imbatible".
Lo ha dicho en una intervención ante miles de personas en la
concentración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la
que ha reivindicado que los encausados "no son delincuentes porque lo único que han hecho es defender el derecho a voto".
Continúa la concentración frente al TSJCat
Penas de cárcel e inhabilitación para los detenidos
Quedan 11 personas detenidas, que se encuentran en
los cuarteles de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia (Barcelona) y
Sant Andreu de la Barca, a la espera de pasar a disposición judicial.
La Guardia Civil les atribuye el delito de sedición -entre ocho y quince
años de cárcel e inhabilitación absoluta-, además de los de
desobediencia -de tres a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos
años-, prevaricación -de tres meses a quince años de inhabilitación,
prohibición de ser candidato a unas elecciones y multa económica- y
malversación -de dos a ocho años de prisión e inhabilitación de seis a
diez años-.
Hacienda hace efectivo el bloqueo de todas las cuentas de la Generalitat
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este
jueves la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que
se declara la no disponibilidad de créditos en el presupuesto de Catalunya para 2017. El ministro Cristóbal Montoro firmó este miércoles dicha orden, mediante la cual el Ejecutivo asume todo el control presupuestario de Catalunya,
después de que se agotara el plazo de 48 horas dado al presidente
catalán para que la Generalitat aprobara un acuerdo de no disponibilidad
presupuestaria.
PP, PSOE y Ciudadanos no participan en la declaración conjunta a favor de los detenidos
Todos los grupos parlamentarios, excepto PP, PSOE y
Ciudadanos, han hecho una declaración conjunta para denunciar las
detenciones realizadas este miércoles por la Guardia Civil. Joan Tardà,
portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha mostrado la
solidaridad con los cargos del Govern y ha reclamado su libertad.
"Agradecer la respuesta pacífica de la ciudadanía", ha apostillado Tardà
en representación de la mayoría de formaciones políticas.
Miles de personas se concentran ante el TSJCat
Miles de personas se concentran desde este jueves a mediodía ante en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) contra la "represión" del Estado por el referéndum del 1 de octubre. Convocados por la ANC y Òmnium Cultural -"de forma indefinida"-, los concentrados piden libertad para los altos cargos del Govern detenidos el miércoles por la Guardia Civil por su vinculación con los preparativos del el 1-O.
El Constitucional se dispone a multar a los síndicos del referéndum
Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC)
han alcanzado un acuerdo para imponer una multa a los juristas
encargados del seguimiento del 1 de octubre, los miembros de la Sindicatura Electoral Catalana,
y previsiblemente adoptarán este jueves este fallo. La decisión, que
muy probablemente romperá la unanimidad con la que hasta ahora los
magistrados del TC han hecho frente al independentismo catalán,
supone que, por primera vez, el alto tribunal va a aplicar la reforma de
la ley orgánica que regula su funcionamiento y que le dota de la
posibilidad de imponer sanciones para obligar a que se cumplan sus fallos.
Estibadores de Barcelona deciden no operar el crucero para alojar a los agentes
Los estibadores de Barcelona han decidido en asamblea no operar el crucero fletado por el Ministerio del Interior
para alojar a los agentes que se trasladan a Catalunya para la
operación por el 1-O, según ha informado la Organización de Estibadores
Portuarios de Barcelona (OEPB-Coordinadora). "Los estibadores de
Barcelona hemos decidido en votación no operar el barco Raphsody. En
defensa de los derechos civiles", ha asegurado esta coordinadora en un
tuit en su cuenta oficial de Twitter.
Quiénes son las personas detenidas en la 'Operación Anubis' contra la Generalitat
Todavía quedan 10 personas detenidas en la
'Operación Anubis' contra la Generalitat. Se encuentran en los cuarteles
de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia (Barcelona) y Sant Andreu
de la Barca, a la espera de pasar a disposición judicial. ¿Quiénes son
las personas detenidas en la 'Operación Anubis' contra la Generalitat?
El Gobierno da por desactivado el referéndum
El portavoz del Gobierno y ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha dado por desactivado el
referéndum porque "logísticamente ya no se va a celebrar" y ha subrayado
que es "mucha más" la gente que se queda en casa y no va a las
manifestaciones que están promoviendo cargos y entidades soberanistas. A
su entender, "la gente normal" cumple y respeta la ley todos los días.
ERC: "Nos están dando motivos para independizarnos"
La diputada de ERC Ester Capella ha aprovechado su
intervención en la tribuna del Congreso para animar al voto en el
referéndum. Capella ha reclamado el voto libre en la consulta
independentista y ha criticado las detenciones de cargos de la
Generalitat. "Nos están dejando claro cual es su España, y nos están
dando motivos para independizarnos", ha remarcado Capella, que ha
denunciado el "estado de excepción" que, a su juicio, se ha instaurado
en Catalunya.
Iglesias: "Rajoy no está a la altura del cargo"
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias,
ha dicho que el presidente del Gobierno "no está a la altura del cargo"
para afrontar el conflicto catalán y ha calificado de "irresponsable" su
actitud al ofrecer solo "represión" a lo que es un problema político.
"No tiene horizonte, ¿cuál es el proyecto? ¿qué es lo que va a plantear
el presidente a la ciudadanía catalana? ¿qué es lo que va a plantear para defender la democracia española?", se ha preguntado Iglesias antes de entrar al pleno del Congreso.
Narbona pide a Puigdemont que desconvoque el 1-O
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha
pedido al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que
desconvoque ya el referéndum, "cuanto antes mejor", y que, "de forma inmediata",
se pueda garantizar la apertura de un espacio de diálogo político. En
un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Narbona ha querido
empezar su intervención con este llamamiento y ha subrayado que el PSOE apoya la legalidad vigente "y lo está demostrando todos los días, no sólo con declaraciones".
Turull ve más motivos para hacer el 1-O aunque el Estado "reviente" garantías
El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha afirmado que tras las "amenazas" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hay "más motivos" para organizar un referéndum el 1 de octubre,
a pesar de que el Estado "está reventando todas las garantías". En
declaraciones a Catalunya Ràdio, Turull ha salido al paso de las
palabras de Rajoy, que ayer advirtió a los responsables de la
Generalitat de que están aún "a tiempo de evitar males mayores" y pidió
que renunciaran a un referéndum que siempre ha sido ilegal y que, ahora,
consideró sólo "una quimera imposible".
"España perdió a Catalunya esta noche"
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, trasladó un
mensaje al Gobierno español: "España perdió a Catalunya esta noche",
señaló en su cuenta de Twitter. El periodista, muy activo en lo
relacionado a la cuestión catalana, publicó además un combo de imágenes
de las distintas protestas -que tuvieron lugar este miércoles- contra la
respuesta del Gobierno español en su intento de frenar el referéndum.
Spain lost Catalonia tonight. #Rajoy #1o #1oct #indyref #CatalonianReferendum pic.twitter.com/4f4ZwOk7mQ— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 20 de septiembre de 2017
Tensión y forcejeos a la salida de la Guardia Civil de la Conselleria d'Economia
Los agentes de la Guardia Civil que han registrado
la Conselleria d'Economia durante todo el miércoles han salido esta
madrugada escoltados por los Mossos d'Esquadra antidisturbios
ante las personas que seguían concentradas. Abandonaron la sede, entre
tensión y forcejeos, en dos grupos, uno de las 3 horas y otros a las 7
horas. Una persona ha resultado herida.
El juez deniega tres 'hábeas corpus' solicitados por los detenidos
Un juez de Martorell (Barcelona) ha denegado tres de los cinco hábeas corpus solicitados por los detenidos
en la operación iniciada este miércoles contra el referéndum del 1-O.
Según han informado fuentes jurídicas, se habían presentado cinco hábeas corpus
-dos en Barcelona y tres en Martorell- y el titular del juzgado de la
población del Baix Llobregat ha denegado los que le correspondían al
entender que las detenciones se ajustaban a la legalidad. Por su parte, los juzgados barceloneses no se han pronunciado todavía sobre los otros dos hábeas corpus presentados. Aún son 10 las personas detenidas por malversación de fondos públicos en los preparativos del referéndum.
El Constitucional impone multas por primera vez en su historia por la desobediencia en Cataluña
Publicado: 21 sep 2017 13:14 GMT | Última actualización: 21 sep 2017 13:59 GMT - RT
Los miembros de la sindicatura electoral
catalana, entre otros cargos, tendrán que pagar hasta 12.000 euros
diarios.
Protesta frente al Tribunal de Justicia de Cataluña, en Barcelona.
Susana Vera / Reuters
También Monserrat Vidal y Roca, Jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat, será sancionada con un multa de 6.000 euros al día, al igual que los síndicos de las demarcaciones territoriales.
En un comunicado, el Tribunal explica que las multas se impondrán con periodicidad diaria hasta que "justifiquen ante el Tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto".
Una herramienta para hacer cumplir sus resoluciones
Asimismo, el Tribunal asegura que la "finalidad" de las multas "no es la de sancionar", sino la de "obligar al cumplimiento de sus resoluciones". Así, las multas "solo empezarán a imponerse, en caso de persistir el incumplimiento, a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE - Boletín Oficial del Estado - de la presente resolución".Josep María Jové fue detenido este miércoles en la operación ordenada por un juez de Barcelona para impedir la celebración de la consulta. Es el número 2 de la conselleria de Economía, el organismo de Cataluña que se ha encargado de los preparativos, la organización y la coordinación de la consulta.
Es la primera vez en su historia que el Constitucional hace uso de esta medida, de la que se dotó en 2015, junto a la herramienta de la suspensión de funciones, para hacer cumplir sus resoluciones a través de una reforma de su propia ley. La Abogacía del Estado se dirigió la semana pasada al tribunal para denunciar la desobediencia.
El PSOE trata de boicotear la mesa de diálogo de Unidos Podemos sobre Catalunya
"No voy a permitir que se celebre un acto que va en
contra de la Constitución", ha afirmado el presidente de la Diputación
de Zaragoza en las páginas de 'El Heraldo de Aragón'. La Diputación, que
controla el espacio, sostiene que no han pedido permiso
formalmente. Podemos afirma que el miércoles obtuvieron el visto bueno
para celebrar el acto.
El
secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique (d) y el
ex-Jemad Julio Rodríguez (i) conversan con integrantes de su Grupo
Parlamentario en las Cortes de Aragón, en Zaragoza. /EFE
El PSOE trata de
boicotear la mesa de diálogo de Unidos Podemos sobre Catalunya. Así lo
denuncia la formación morada y lo corrobora una declaración del propio
presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza(DPZ). "El PSOE trata
de frenar la asamblea", aseguran a Público fuentes de la dirección del partido morado.
El miércoles, después de estudiar otras opciones, Unidos Podemos anunció que la asamblea tendría lugar en la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli, en manos de la Diputación de Zaragoza.
Horas después, El Heraldo de Aragón
publicaba unas polémicas declaraciones del presidente de la Diputación,
el socialista José Antonio Sánchez Quero, a las su equipo se refiere
como "su opinión". "[El espacio] Está a disposición de toda la sociedad,
pero no voy a permitir que se celebre un acto que va en contra de la Constitución", dijo el miércoles por la noche el presidente de la Diputación.
Sánchez Quero: "No voy a permitir que se celebre un acto que va en contra de la Constitución"
También anunció que este jueves reuniría de urgencia al consejo de administración del centro, para que decida si autoriza definitivamente la celebración del acto. No obstante, desde la Diputación precisan a este diario que no se convocará a este consejo hasta que haya una petición formal para usar el espacio, que hoy afirman no haber recibido.
Un email de Zaragoza en Común
Y aquí hay un nuevo punto de fricción entre PSOE y Podemos. En un correo electrónico remitido por un asesor del grupo municipal de Zaragoza en Común
al que ha tenido acceso este medio, la formación que gobierna en
Zaragoza explica las características del acto de Unidos Podemos, algo
que contradice la versión del PSOE.
El alcalde de Zaragoza critica las
"malas palabras" del presidente de la Diputación. Le acusa de "ir contra
el pluralismo político y la libertad de opinión"
"Sirva
este correo para confirmar la reserva del Salón de Actos de la
"Residencia Escolar Ramón Pignatelli" para este domingo 24 de septiembre
de 08:30 a 16 horas a fin de desarrollar un encuentro de parlamentarios
nacionales y autonómicos de diferentes fuerzas políticas convocados por
el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos", reza el correo
electrónico.
Fuentes del partido morado afirman que el email desmonta la versión de los socialistas
de que no conocían la naturaleza del acto -muy difundido en medios de
conunicación estos días-, e insisten en que "en los últimos días" han
mantenido varias conversaciones sobre el evento, sin que nadie planteara
problemas.
Tormenta política en Zaragoza
Esta negativa de los representantes del
PSOE en el consejo de la Ciudad Escolar Pignatelli de Zaragoza, apoyados
por los de PP y C's, a ceder el local para celebrar la asamblea de
parlamentarios y cargos electos del próximo domingo está provocando una
escalada de tensión en la política aragonesa, donde la izquierda
gobierna las principales instituciones en una compleja, y a menudo
tormentosa, combinación de equilibrios sin mayorías absolutas.
El consejo, según informó la Diputación
Provincial de Zaragoza, entidad propietaria del complejo, considera "que
una residencia estudiantil, como es este caso, no es un lugar adecuado
para la celebración de un acto de estas características", al que se
refieren como "una cumbre prorreferéndum".
Para el grupo En Común de la Diputación,
cuyo apoyo resultó clave para que el PSOE relevara al PP en la
presidencia de esa institución, la posición de los socialistas supone
“cargar contra uno de los principios básicos y derechos fundamentales de
cualquier democracia que se precie". Eso, añaden, "obliga
indudablemente" a que la formación confluyente "se replantee seriamente
el apoyo formulado al actual presidente", Sánchez Quero, el cual, en su
opinión, "se ha significado" mostrando "un rostro de autoritarismo
impropio de alguien que dice llamarse demócrata".
Para los comunes, la DPZ se suma con la
negativa ceder la sala "a una escalada represiva y de recorte de
libertades más que preocupante".
Carlos López, portavoz de Zaragoza en
Común, se pronunció en una línea similar al señalar que el "PSOE de
Aragón dirigido por Javier Lambán está maniobrando en la sombra para
impedir que el domingo se celebre en nuestra ciudad la asamblea". "Tiene
que decidir si está con los derechos democráticos o con el Partido
Popular”, añadió.
Este nuevo foco de tensión emponzoña las
relaciones entre la izquierda aragonesa en un momento clave tanto a
nivel institucional, por la proximidad de las negociaciones presupuestarias en la comunidad, el Ayuntamiento de la capital y las diputaciones, como orgánico, ya que PSOE y Podemos están desarrollando sendos procesos de elección de líderes.
Iglesias pide "sentido común" a PP y PSOE
A la espera de que se resuelva esta situación, el líder de Podemos, Pablo Iglesias,
se ha mostrado alarmado ante la posibilidad de que PP o PSOE intenten
impedir la celebración del acto. En los pasillos del Congreso de los
Diputados, Iglesias les ha reclamado "sentido común": "Les pido que
rectifiquen y entiendan que en democracia el derecho de reunión es
sagrado".
Iglesias: "Les pido que rectifiquen y entiendan que en democracia el derecho de reunión es sagrado"
Según el líder morado, lo "fundamental y más grave es que se esté deteniendo a cargos públicos por hacer política",
mientras el PP, un partido corrupto y "fundado por ministros de la
dictadura" sigue "destrozando la democracia" y "los derechos por los que
lucharon nuestros abuelos".
Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve,
ha acusado al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza de “ir
contra el pluralismo político y la libertad de opinión". En una nota de
prensa remitida este jueves, Santisteve afirma que sus declaraciones
“son una muestra más de la degradación del pluralismo político y la
libertad de opinión que estamos viviendo estos días en Catalunya y todo
el Estado".
Según el comunicado, el edil ha contactado con el presidente de la Diputación para pedirle una rectificación pública de “sus malas palabras”,
que “poco tienen que ver con la política y las relaciones
institucionales”, más en un momento en el que “Ayuntamiento y Diputación
pasan por un buen tiempo de colaboración”.
Por otra parte, desde el Consistorio recuerdan que Santisteve acudirá al evento como invitado, como tantos otros alcaldes. El edil zaragozano se ha ofrecido a alquilar otros locales del Ayuntamiento, pero Unidos Podemos finalmente ha escogido este centro por motivos de aforo.
En el grupo parlamentario confederal
aseguraban el miércoles a este diario que esperan una gran asistencia a
su asamblea. Están convencidos de que el Gobierno está centrado en el
corto plazo, y no contempla que, pasado el 1 de octubre, en Catalunya
seguirá existiendo un problema, y éste sólo encontrará solución en un
referéndum pactado.
A la asamblea están llamados a participar parlamentarios europeos, estatales y autonómicos, así como acaldes y concejales de todas las formaciones políticas, salvo PP y Ciudadanos, que no han sido invitados. Además de los integrantes del grupo confederal, de momento han confirmado su asistencia PNV, ERC, PDeCAT, Mès y Compromís.
Por su parte, el PSOE no estará presente, y
ha pedido que esta iniciativa se trate en el marco de su comisión de
estudio sobre el modelo territorial, que no empezará a funcionar antes
del 1 de Octubre.
Andalucía y el referéndum 1-O: Teresa Rodríguez resucita la “soberanía popular andaluza” al amparo del 1-O catalán
La líder de Podemos, alineada con un referéndum de
autodeterminación “legítimo” para Catalunya, exige más competencias y
autogobierno para Andalucía con un discurso de corte nacionalista.
Teresa Rodríguez besa la bandera de Andalucía. EFE
Catalunya y el
conflicto soberanista se han convertido en materia política de primer
orden en el Parlamento andaluz. El desafío catalanista ha agudizado el debate territorial en Andalucía:
los partidos hablan de mejorar el modelo de financiación autonómica, y
los partidos de izquierda han resucitado la épica del 4 de diciembre de
1977 (4-D), cuando millones de andaluces salieron a la calle a
reivindicar una autonomía plena, hace justo 40 años. Aquí chocan de
nuevo el PSOE de Susana Díaz y el Podemos de Teresa Rodríguez, que
además de disputarse la hegemonía de la izquierda, batallan ahora por
erigirse en el principal valedor del autonomismo andaluz.
En esa carrera hacia el 4-D, Díaz y Rodríguez han tomado caminos paralelos. La presidenta de la Junta se esfuerza por combinar su defensa de Andalucía con la unidad indisoluble de España,
mientras que la líder de Podemos se alinea con el derecho de
autodeterminación de Catalunya, defiende la necesidad de “legitimar” el
referéndum del 1 de octubre, y trata de exportar a Andalucía el espíritu catalanista para
conducir a su partido hacia una especie de nacionalismo andaluz
renovado. Teresa Rodríguez, cuya corriente Anticapitalistas sí respalda
el 1-O, ha abierto la puerta a la “soberanía popular andaluza”.
La gaditana no reivindica la autodeterminación
de Andalucía, “porque no es una aspiración que esté en la calle”, pero
ha llevado su defensa del autonomismo a un nivel superior, con un
discurso nuevo que bebe mucho del nacionalismo catalán o andaluz. Por
primera vez, Podemos reclama que Andalucía recupere competencias que
ahora son propias del Ejecutivo central, que avance en cotas de
autogobierno más allá de lo dispuesto en el Estatuto (aprobado en 1980 y
actualizado en 2007).
A dos semanas para el 1-O, Teresa Rodríguez ha
empezado a denunciar abiertamente que el margen de autonomía política
de Andalucía es insuficiente o, al menos, que la gestión que la Junta ha
hecho de sus atribuciones durante los últimos 40 años -conquistadas en
el referéndum del 28 de febrero- no han dado los frutos esperados. En
los próximos cuatro meses, Podemos Andalucía va a impulsar “propuestas
institucionales, movimientos orgánicos y movilizaciones en la calle”
para reclamar más autogobierno.
Soberanía popular andaluza
El primer paso, según ha podido saber Público, es toda una declaración de intenciones: Rodríguez no defiende la independencia de Andalucía -tampoco de Catalunya-, pero abre la puerta a “la soberanía popular andaluza”.
Esta propuesta se va a concretar con la petición al Gobierno de Díaz
para que reclame al Estado más competencias autonómicas de las que ahora
ostenta, sin especificar, por ahora, qué otros poderes de autogobierno
quiere ganarse: “Competencias políticas, fiscales, en materia
energética…Que cada comunidad se dote de sus propias normas y haciendas
propias”, asegura.
En la misma línea, la gaditana prepara otra
estrategia para afrontar la falta de autonomía política y financiera que
ostenta su propia organización. Se cumple un año ahora desde que
Rodríguez accedió a la coordinación regional de Podemos Andalucía con el
compromiso de lograr un partido más autónomo, menos dependiente de la
dirección de Pablo Iglesias, con capacidad para gestionar sus cuentas,
elegir a sus candidatos en las listas electorales o formar alianzas con
otros partidos. La negociación con Madrid no ha avanzado en ese sentido,
es más, la polémica modificación de los estatutos de Podemos ahonda en
la centralización de la formación morada, y frustra las ansias federalistas de algunas agrupaciones, como la andaluza.
En Podemos Andalucía entienden que no pueden reivindicar más
autogobierno para la región sin elevar la voz dentro de su propio
partido para lograr un mayor margen de autonomía política y
organizativa.
El patrimonio huérfano del PA
Ni PSOE ni Podemos defienden en abierto el
nacionalismo andaluz, pero forcejean por capitalizar el patrimonio
político que dejó hueco el Partido Andalucista (PA), sin representación
parlamentaria desde 2008 y disuelto formalmente en 2015. El PA se
declaraba una organización nacionalista, federalista y progresista,
llegó a ser la quinta fuerza política de España (en el año 2000), con
356.000 votos, 30 alcaldías, 545 concejales en Andalucía, y formó parte
de un Gobierno de coalición con el PSOE de Manuel Chaves.
Durante la transición tuvo grupo parlamentario
propio en el Congreso de los Diputados e incluso representación en el
Parlament de Catalunya. Si el PA no ha renacido es porque los
socialistas supieron adueñarse de gran parte de su discurso -el que no
distorsionaba el mensaje socialista-, pero también sus símbolos, sus
referentes. Ahora ese patrimonio político se lo disputan Podemos e IU,
que le reprochan al PSOE que defienda ahora el 4-D, una efeméride que
los socialistas han marginado durante dos décadas, porque han preferido
centrarse en los fastos institucionales del 28-F, día de Andalucía.
En el arranque del nuevo curso político, la
presidenta de la Junta convocó a todos los líderes de la oposición con
objeto de cerrar un pacto sobre un modelo de financiación autonómica que
beneficie a Andalucía, para lo cual acaba de conformarse un grupo de
trabajo en el Parlamento. Su intención es que los grupos políticos
pongan los intereses de Andalucía por encima de sus intereses de
partido, para llevar a Madrid una voz única y, en consecuencia, más fuerte y legítima de las reivindicaciones de Andalucía.
Díaz quiere hacer coincidir ese “frente común
andaluz” con el 40 aniversario del 4-D, cargando así de simbolismo el
pacto con sus adversarios. “Confío en que haya voluntad de acuerdo y
altura de miras de todas las fuerzas. Y qué momento mejor para llevarla a
cabo que la víspera del 4-D. Que las fuerzas políticas sean capaces de
ponerse de acuerdo y hagan honor a aquel 4 de diciembre, empezando por
una gran alianza política y social en defensa de la financiación que
esta comunidad necesita y merece”, dijo el miércoles a los diputados de
su grupo parlamentario.
Es una hoja de ruta ambiciosa y difícil de
imaginar. Todos los partidos se han sumado a la iniciativa con más o
menos escepticismo, porque sospechan que la presidenta trata de “instrumentalizar” el 4-D.
La primera en marcar distancias ha sido Teresa Rodríguez, que
interpreta el “renovado andalucismo” de Susana Díaz en clave interna del
PSOE, como una nueva forma de seguir enfrentándose a Pedro Sánchez y su
propuesta de una España plurinacional.
La sesión de control al Gobierno del jueves
evidenció ya la fractura de ambas políticas. Susana Díaz reprochó a
Rodríguez que haya hecho suyo “el discurso de la derecha más rancia al
defender que Andalucía está igual que hace 50 años”. La presidenta
reiteró varias veces que se siente “tan andaluza como española”,
defendió “la defensa de la unidad de España, sin tibieza ni ambigüedad”,
y retó a la líder de Podemos a que expresase sin matices su posición
sobre el 1-O. “¿Defiende usted el referéndum soberanista catalán?
¿Defiende la desobediencia a las leyes que está en el programa, no de
Podemos, pero sí de Anticapitalistas?”, le dijo.
Rodríguez afeó a Susana Díaz que
reivindique la igualdad de Andalucía pero “a la baja, no al alza, que
fue lo que reivindicaron los andaluces el 4-D y el 28-F”, y la acusó de “degradar el patrimonio constitucional andaluz”.
“Ojalá fuera lo mismo nacer en Andalucía que nacer en otra parte pero
tenemos la mayor tasa paro, de precaridad, de temporalidad o los niveles
más bajos de capacidad para mantener nuestros servicios públicos del
país”, le espetó la líder de Podemos, tras justificar que su partido
haya abierto una reflexión sobre “si hemos hecho realidad nuestros
sueños de autonomía.
España 2017: cerco a la libertad ideológica
El Estado español ha hecho frente desde 2011 a tres
fenómenos que han intentado "romper el candado del 78": el 15-M, Podemos
y el soberanismo catalán. La respuesta ha sido la cerrazón, más Código
Penal y, sobre todo, el señalamiento del diferente como disidente.
Rajoy da la palabra a un periodista durante la rueda de prensa de balance de legislatura. (Sergio Barrenechea / EFE)
Del golpe de Estado de los 'perroflautas' del 15M a la suspensión de actos por el derecho a decidir de Catalunya. De la ley mordaza a la condena de prisión por un chiste sobre un almirante franquista con las manos manchadas de sangre. De los titiriteros a los amigos etarras de Podemos. El Estado español ha hecho frente desde 2011 a tres fenómenos que han intentado "romper el candado del 78":
el 15-M, Podemos y el soberanismo catalán. La respuesta ha sido la
cerrazón, más Código Penal y, sobre todo, el señalamiento del diferente
como disidente. La consigna es clara: o el régimen del 78 o el caos.
Si no estás con nosotros, eres el enemigo. Si no concibes el Gobierno,
la economía o la nación española como nosotros, eres separatista,
golpista, antiespañol, bolivariano, y, probablemente, simpatizante de ETA.
El ejemplo más claro de la restricción de lo
que se puede debatir o no se ha producido esta semana. Un juez ha
ordenado en Madrid suspender un acto a favor del derecho a decidir de
Catalunya. Cristina Cifuentes recriminaba a Manuela Carmena que hubiese sido un juez
y no la alcaldesa la que censurara el acto político. Es decir, la
presidenta de la Comunidad pedía a la alcadesa que ejerciera de censora.
Además, el portavoz de los conservadores en la ciudad de Madrid
anunciaba en Twitter que pedía a Manuela Carmena la reprobación de tres concejales de Madrid por firmar un manifiesto a favor del referéndum en Catalunya. "Un concejal de Madrid no puede estar en contra de la Constitución", escribía el conservador José Luis Martínez Almeida.
Todo esto se suma a la petición del fiscal
general del Estado, José Manuel Maza, a los fiscales de Catalunya para
que soliciten la citación como imputados de todos los alcaldes que cedan
locales para el referéndum del 1 de octubre y detenerlos en caso de que no comparezcan. O a la suspensión de actos por el derecho a decidir en Gijón o en Vitoria. Un conflicto político que encuentra como única respuesta el Código Penal. "El
efecto disuasorio que se pretende lograr con la amenaza de castigo
penal -muy legítima en caso de prevenir delitos- se muestra inoperante:
¿Alguna autoridad de todas las que se han mostrado dispuestas a celebrar
el referéndum en Catalunya tiene dudas acerca de las consecuencias
penales de su futura conducta? No. Luego, ¿el Código Penal puede resolver el hecho incontestable de que el 80% de los catalanes quiere votar? No", reflexiona la abogada penalista Isabel Elbal.
¿El Código Penal puede resolver el hecho incontestable de que el 80% de los catalanes quiere votar? No", dice Isabel Elbal
El señalamiento del 'otro', del enemigo, se aceleró con el 15-M. Primer gran desafío.
De repente, miles de jóvenes salieron a la calle y gritaron que no eran
mercancía en manos de políticos y banqueros. Su 'No nos representan'
caló en la sociedad. También el de 'Democracia real ya'. La reacción de
algunos no se hizo esperar: la criminalización. Esperanza Aguirre, por entonces (2011) presidenta de la alcaldesa de Madrid y aspirante a liderar el PP, dijo que detrás del 15-M se podía "esconder un golpe de Estado". Mercedes Alonso, alcaldesa entonces de Elche, señalaba que en la plaza donde se manifestaba el 15M de la ciudad había "miembros de ETA". Telemadrid, hizo pasar imágenes de protestas violentas en Grecia por protestas del 15M en Barcelona. La criminalización del que piensa diferente ya estaba en las pantallas.
La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cerró el círculo y advirtió de que en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) había "ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras".
Era el inicio. No era del todo preocupante. El Partido Popular, desde
la oposición, ya había advertido de lo que era capaz con tal de
recuperar la Moncloa. Ángel Acebes había afirmado en 2006 que el "proyecto" de José Luis Rodríguez Zapatero es el "de ETA". Cinco años después de esta afirmación, el Partido Popular llegó al Gobierno. Y el derecho a la libertad de expresión y manifestación se puso en el punto de mira.
Con los recortes en Sanidad y Educación, el
Gobierno de Mariano Rajoy utilizó su rodillo parlamentario ante el
desplome del PSOE para aprobar las conocidas como 'leyes mordaza':
la Ley para la Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Era el 1 de julio de 2015 y
Rajoy ponía un más que polémico coto al ejercicio de la libertad de expresión y
manifestación en España. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, de
hecho, mostró su preocupación sobre el "el efecto disuasorio" que 'las
leyes mordaza" pueden "tener para la libertad de expresión, de
asociación y de reunión pacífica", ya que implican un "uso excesivo de las sanciones administrativas" y "excluye ciertas garantías judiciales".
Las 'performances' de la PAH en sucursales bancarias para protestar contra los desahucios se convertían en delitos con una pena de prisión de tres a seis meses
o multa de seis a doce meses. También comenzaron a correr el riesgo de
ser condenados entre tres y doce meses de prisión aquellas personas que
participaran en "la distribución o difusión pública"
de "consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de
alteración del orden público". Es decir, tal y como explicó el
reconocido jurista Carlos Sánchez Almeida, la persona que difunda
convocatorias de protestas que, posteriormente, registren disturbios
podrían tener un serio problema con la Justicia.
"La escasa cultura democrática del país provoca que nuestros gobernantes no se hallen a la altura de respetar derechos humanos
básicamente democráticos, como la libertad de expresión. Como muestra,
un botón: la represión violenta de manifestaciones con ocasión de los
recortes de servicios públicos, tras la crisis financiera. Luego
apareció una persecución despiadada contra los usuarios de las redes
sociales por delito de enaltecimiento terrorista", añade la jurista Isabel Elbal.
Podemos: la segunda amenaza
La escalada represiva y la estrechez de lo
políticamente permitido se acentuó con la amenaza política que
representó el surgimiento de Podemos. Rápidamente surgió el bloque de los 'constitucionalistas'
y los otros. Era la segunda amenaza. El partido morado, sus
confluencias y sus alianzas locales amenazaban con ocupar el poder
político que durante años había permanecido prácticamente en exclusiva
en las manos de PP y PSOE. Poco antes de las elecciones municipales y
autonómicas de 2015, el expresentador de La Tuerka Facu Díaz era imputado por un sketch humorístico
por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo.
Determinada prensa se encargó de difundir los vínculos del humorista con
el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Podemos, ETA, Venezuela.
Venezuela, ETA, Podemos. Más señalamiento. "Podemos quiere pasar de una democracia occidental a una bolivariana", decía Esperanza Aguirre.
Las causas y ataques contra los líderes del
partido y el entorno del mismo se sucedieron. Salían 'escándalos' de
debajo de las piedras. En este caso, tras el jaleo mediático y el
linchamiento público que supuso la imputación del humorista, su causa
fue archivadao. Dio igual. El codirector de No te metas en política sigue siendo increpado por "terrorista" en redes sociales. Está marcado. Desde el que fuera ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que aseguro que "seguramente le habría denunciado" a las tertulias de 13 TV, que le calificaron de "proetarra y amigos de los terroristas". "Me siento un daño colateral de una campaña contra Pablo Iglesias y Podemos", decía el humorista en una entrevista con Público. Ada Colau, que aún no era alcaldesa de Barcelona, comenzó a recibir amenazas de muerte, según denunció la entonces líder de Guanyem.
Dos voces muy lejanas a los postulados que
habían marcado el consenso de 1978 quedaban en el imaginario colectivo
señaladas como cercanas a ETA o, cuanto menos, como irrespetuosas con
las víctimas del terrorismo. Desalmadas. "Lo que buscan es marcarte.
Quisieron hacer una distinción entre la gente de bien y los disidentes.
El argumento de ETA sirve para tratar de quitar crédito a estas
opiniones y enmarcar a esas personas fuera del régimen, fuera de lo que está permitido opinar”, señaló el hoy codirector de No te metas en política. De hecho, Rajoy, en campaña electoral, distinguió claramente entre los "buenos" y los "malos".
La situación comenzaba a ser preocupante.
Pero acababa de empezar. Las alianzas locales de Podemos consiguieron
conquistar, entre otros, los dos ayuntamientos más importantes del
Estado: Madrid y Barcelona. Y fue precisamente en Madrid, en una
actuación contratada por el Ayuntamiento, en febrero de 2016, donde la
policía se llevó detenidos a dos
jóvenes artistas que denunciaban en una obra de títeres la tendencia
del Estado a criminalizar a los disidentes ideológicos relacionándolos
con grupos terroristas. Los artistas utilizaban dentro de su obra de ficción una diminuta pancarta que recogía el mensaje "Gora Alka Eta". Fue suficiente para que los dos jóvenes durmieran en prisión y sus muñecos de trapo fueran requisados y retenidos cual arma de destrucción masiva.
"¿En los debates sobre Catalunya ha aparecido algún representante del independentismo?", denunció la diputada Noelia Vera
El
linchamiento mediático contra los dos jóvenes anarquistas y contra el
Ayuntamiento de Madrid quedó reflejado en las hemerotecas. "Títeres «proetarras» en el Carnaval de Carmena", tituló La Razón. "Carmena apoya a los titiriteros y dice que ETA y los yihadistas de EI son un movimiento político", titulaba Okdiario. "Los títeres podemitas contratados por Carmena para adoctrinar niños ¡contra empresarios y PP!, titulaba Periodista Digital, de Alfonso Rojo,
que aún participaba en las tertulias de las televisiones públicas TVE y
Telemadrid, desde donde lanzaba a la ciudadanía los mismos mensajes:
Carmena, Podemos, ETA. Todo junto. Mezclado. Cóctel explosivo.
La escasa pluralidad de puntos de vista en tertulias y periódicos impresos es otro factor que influye en la creación del pensamiento de lo políticamente correcto y aceptable, los límites de la opinión y la creación del otro, del enemigo. Un ejemplo es la tertulia de TVE, La Noche en 24,. Rara vez se ha podido ver en la mesa a un independentista catalán. "¿En los debates sobre Catalunya ha aparecido algún representante del independentismo?
¿Ha aparecido algún catalán independentista en el último año? ¿Cuál es
la versión que tiene el pueblo español que sigue RTVE?", denunciaba esta
semana la diputada de Podemos y periodista Noelia Vera en el Congreso de los Diputados en una interpelación parlamentaria sobre la Corporación pública.
Las privada tampoco se sale de la regla. Fue llamativo el 'toque de atención' del periodista Jordi Évole al director de Informativos de La Sexta Antonio García Ferreras
cuando le recriminó en directo que no hubiera periodistas catalanes en
la mesa de debate que defendieran el derecho a decidir. "Me encantaría
ver a un periodista de un medio independentista como Ara o Punt Avui, señaló el director de Salvados.
En este sentido, cabe destacar la alarma que lanzó el Instituto Universitario Europeo con
un estudio sobre la diversidad y pluralidad de los medios en la Unión
Europea. El informe, cofinanciado por la UE, advirtió seriamente de la
falta de pluralidad en España. "El 58% del mercado está controlado por sólo tres empresas",
denunciaba el texto, a la vez que señalaba la falta de información
sobre los propietarios de los medios de comunicación, la dependencia de
los telediarios públicos del poder gubernamental y la capacidad de
influir del Ejecutivo en los medios privados a través del "ópaco"
sistema de publicidad institucional.
La "nueva inquisición"
Un día después de que Manuela Carmena tomara el bastón de mando del Consistorio los chistes de humor negro sobre el holocausto judío y sobre la víctima de ETA Irene Villa que el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata había escrito cuatro años antes, en 2011. La prensa seria no dejó títere con cabeza: Un edil de Ahora Madrid se burla en Twitter de los judíos y de Irene Villa. Los
tuits estaban entrecomillados para dejar claro que no eran sus
opiniones. Se enmarcaban en un debate en la red social Twitter sobre
libertad de expresión. Dio igual. El concejal madrileño fue imputado
hasta en dos ocasiones por estos mensajes y desde los medios se le acusó
constantemente de humillar a las víctimas, a pesar de que aún no había sido juzgado. "No habría ocurrido lo mismo si no hubiera sido concejal de Ahora Madrid”, aseguraba el concejal de Madrid en esta entrevista con Público.
"Tratan de impedir que se escuchen distintas voces y se pongan encima de la mesa distintas visiones de todo", afirmaba Moruno.
El concejal de Podemos fue absuelto por la Justicia, pero ya había sido marcado. Su nombre estará asociado durante años a la humillación de las víctimas del terrorismo. Aún así, tuvo más suerte que la estudiante de Historia Cassandra Vera, condenada a dos años de prisión por la Audiencia Nacional por unos chistes sobre el almirante y vicepresidente del Gobierno de la dictadura de Franco, Carrero Blanco. O que el cantante César Strawberry, condenado a un año de prisión por unos cuantos tuits irónicos. "La nueva inquisición trata de convertirnos en algo que no somos", denunciaba el cantante en estas páginas en una entrevista del periodista Joan Losa.
"Podemos entrega su fiesta al cantante "amigo" de los terroristas" o
"Strawberry, acusado de enaltecer el terrorismo, con Podemos", fueron
algunos de los titulares que se podían leer en prensa. Una vez más.
Podemos, ETA y una tercera víctima de linchamiento por unos tuits
irónicos.
El sociólogo Jorge Moruno denunciaba en un reportaje de esta casa
que estos señalamientos públicos por parte de la prensa y de dirigentes
políticos se deben a que "al régimen le cuesta cada vez más convencer a los ciudadanos
y necesita apelar más a elementos como la fuerza, las leyes
restrictivas y al miedo". "Es un síntoma de decadencia. Tienen miedo de
perder sus privilegios. Están demostrando la poca cultura y la poca formación democrática
que tienen. Tratan de impedir que se escuchen distintas voces y se
pongan encima de la mesa distintas visiones de todo", afirmaba Moruno.
Catalunya: la tercera amenaza
La tercera amenaza al Estado llegó con
Catalunya. La crisis del Estado desarrolló las ansias independenistas,
pero sobre todo, soberanistas en Catalunya. Tercera amenaza sobre la
mesa al "candado del 78". Y la reacción, similar. El máximo
exponente de cómo se trató de combatir esta triple amenaza llegó de la
mano de los servicios informativos de Antena 3. Las imágenes que demuestran la relación de la CUP, Podemos y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro, anunciaba a bombo y platillo Antena 3. El resto continuaron la bola. Podemos y la CUP acudieron en Venezuela a un homenaje a ETA, proseguía El Español. Los ejemplos en este caso son múltiples y variados.
¿La realidad? Que el encuentro al que acudieron en Venezuela llevaba por título Encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad (La Red) y era tan secreto que Anna Gabriel,
diputada de la CUP en el Parlament, reflejó su experiencia en un
artículo publicado originalmente en la revista ONGC. De hecho, Telesur
informó con normalidad del evento. Pero el cóctel ya se habían lanzado a
la sociedad. Venezuela, ETA, Podemos, CUP. Una vez más todo junto.
Mezclado. Revuelto.
"Con el referéndum catalán vemos la represión estatal en su más perversa representación", dice Elbal
La
intensidad alcanzada por el conflicto entre el Gobierno central y la
Generalitat ha aumentado con el paso de los meses, la inactividad del
Gobierno central y el avance del conocido como 'procés'. El resultado es
el aumento del cerco a la libertad de ideología de los ciudadanos y, por extensión, de los cargos públicos. Cabe recordar la frase del concejal del PP Martínez Almeida: "Un concejal de Madrid no puede estar en contra de la Constitución".
"Con el referéndum catalán vemos la represión estatal en su más perversa representación:
un Fiscal General del Estado que amenaza con detener a más de 800
alcaldes, antes, si quiera, de cometer ningún delito. Invadiendo la
facultad jurisdiccional que deben ejercer únicamente los jueces, en
aplicación del artículo 117 de la CE", denuncia Elbal, que advierte de
que el Código Penal no sirve apra resolver conflictos sino para"castigar
delitos ya cometidos".
Así las cosas, ¿puede pensar un concejal del Ayuntamiento de Madrid que Catalunya tiene derecho a un referéndum de autodeterminación? Para el portavoz del partido del Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, no. ¿Puede una organización como La Comuna, integrada básicamente por víctimas de la dictadura franquista, celebrar un acto a favor del derecho a decidir en Madrid? Según la Justicia, no. ¿Y en Gijón?
El Ayuntamiento pensó que sí, pero después se lo pensó mejor y dijo que
no. ¿Y en Vitoria? Un juez también dijo que no. ¿Puede celebrar un acto
la CUP en València a favor del referéndum? De momento, sí. Aunque sea
entre amenazas de muerte a la líder independentista. La pregunta es si
con la escala represiva, legal y dialéctica, este acto se podrá celebrar
en unos meses, semanas o días.
Mientras tanto, el drag queen que ganó el
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, tendrá que declarar ante la
Justicia por actuar vestido de Virgen María y de Jesús Crucificado en
unos carnavales. España 2017: cerco a la libertad ideológica.
INDEPENDENCIA DE CATALUÑA
Uruguaya, diputada en España: el gobierno "no sabe negociar y utiliza la fuerza"
Ana
Surra es diputada por Esquerra Republicana de Catalunya, el partido
independentista que promueve la independencia de los territorios
catalanes.
miércoles, 20 septiembre 2017 - El Paìs uy
Ana
Surra nació en Montevideo, tiene 65 años, es asistente social y árbitra
de básquetbol. Militó en organizaciones estudiantiles, formó parte del
Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN) y huyó dos veces de
los gobiernos dictatoriales: en junio de 1973 de Uruguay y en septiembre
de ese mismo año de Chile.
Volvió a Uruguay con el retorno de la democracia pero en 2005 se fue a vivir a Barcelona junto a su hijo. Allí militó en una agrupación de extranjeros en territorio catalán y en 2015 fue electa diputada en el Congreso español, por el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderado por Gabriel Rufián.
Volvió a Uruguay con el retorno de la democracia pero en 2005 se fue a vivir a Barcelona junto a su hijo. Allí militó en una agrupación de extranjeros en territorio catalán y en 2015 fue electa diputada en el Congreso español, por el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderado por Gabriel Rufián.
Esta
mañana, mientras los diputados sesionaban, en Cataluña comenzaba un
operativo de la Guardia Civil española para detener la propaganda a
favor del referéndum de independencia, que está previsto se desarrolle
el 1° de octubre y el gobierno español considera ilegal.
En total, 14 altos cargos del gobierno regional catalán fueron detenidos y se requisaron millones de papeletas de votación. También hubo presencia policial en sedes de partidos independentistas, como la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
En total, 14 altos cargos del gobierno regional catalán fueron detenidos y se requisaron millones de papeletas de votación. También hubo presencia policial en sedes de partidos independentistas, como la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
Esto
motivó que buena parte de la población de esa comunidad autónoma saliera
a la calle y se reuniera en la puerta de la Secretaría de Economía del
gobierno catalán, próximo a Las Ramblas de Barcelona, para protestar
contra las detenciones y exigir que se permita el referéndum.
Rufián, que tenía preparada una intervención para esa jornada, cambió su discurso y decidió referirse a lo que estaba pasando en Cataluña.
Rufián, que tenía preparada una intervención para esa jornada, cambió su discurso y decidió referirse a lo que estaba pasando en Cataluña.
En
comunicación con El País, Surra dijo que el gobierno español está
"utilizando la táctica del miedo" porque piensa que "la gente asustada
no irá a votar" el 1° de octubre. "No saben negociar políticamente y
utilizan la fuerza bruta", aseguró.
La diputada señaló que "nada de lo que están haciendo (desde el gobierno) es legal", ya que el referéndum se ve amparado por la Constitución española desde 2005.
La diputada señaló que "nada de lo que están haciendo (desde el gobierno) es legal", ya que el referéndum se ve amparado por la Constitución española desde 2005.
"La
pregunta la amparan la legislación internacional, europea y mundial, las
cuales España ha firmado", dijo, y añadió que "en todo caso hasta la
votación misma no habría delito ni inculpados pues no han votado , por
lo tanto no tiene pena".
ERC ha denunciado la situación amparándose en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que establece la suspensión del estado miembro que haga uso militar contra la población.
ERC ha denunciado la situación amparándose en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que establece la suspensión del estado miembro que haga uso militar contra la población.
Consultada
sobre qué pasará con el referéndum tras lo sucedido hoy, Surra dijo que
"la campaña sigue igual" porque "el referéndum no es ilegal". En este
sentido, destacó las manifestaciones que han ocurrido en distintos
puntos de España a favor del referéndum.
URUGUAY
El secretario general del sindicato de la Construcción y exdiputado comunista Óscar Andrade aseguró en radio El Espectador que si bien, como dirigente del Partido Comunista, tiene algunos reparos sobre la nueva planta de UPM, concretamente en lo ambiental y las exoneraciones, va a las negociaciones como dirigente del Sunca y a buscar que el proyecto se haga en las mejores condiciones para los trabajadores.
“Nosotros no participamos de la negociación UPM con el gobierno. No participamos de la negociación en el sentido de si esto es o no zona franca, de qué tasa impositiva, de qué exoneraciones, de qué infraestructura el gobierno le resuelve a UPM. Y puedo tener opinión en algunas cosas. En la mayoría tengo una opinión en contra. A mí si me dejás, casi que todas tengo opinión en contra.
El
secretario general del sindicato de la Construcción y exdiputado
comunista Óscar Andrade aseguró en radio El Espectador que si bien, como
dirigente del Partido Comunista, tiene algunos reparos sobre la nueva
planta de UPM, concretamente en lo ambiental y las exoneraciones, va a
las negociaciones como dirigente del Sunca y a buscar que el proyecto se
haga en las mejores condiciones para los trabajadores.
“Nosotros no participamos de la negociación UPM con el gobierno. No participamos de la negociación en el sentido de si esto es o no zona franca, de qué tasa impositiva, de qué exoneraciones, de qué infraestructura el gobierno le resuelve a UPM. Y puedo tener opinión en algunas cosas. En la mayoría tengo una opinión en contra. A mí si me dejás, casi que todas tengo opinión en contra.
Me molesta que sea zona franca, me molesta que tengamos que hacer infraestructura. De la misma forma en la que me molesta que se haga un shopping y no una obra de vivienda. Ahora, ¿no defiendo los intereses de los trabajadores que van a trabajar en el shopping? ¿No negocio con el tipo que construye el shopping?”, se preguntó.
“En una inversión de este tipo es así: cuanto más pueda sacar el Estado mejor, cuanto más pueda tributar mejor, cuantos mayores controles medioambientales tenga, mejor. En este plano nosotros tenemos una opinión política pero no somos el jugador que está en la negociación para defender esas cosas: es el gobierno”, añadió.
“En lo sindical y laboral, (nuestro objetivo) es que la obra se haga en condiciones seguras, que los trabajadores tengan condiciones de alojamiento seguras, que se respete la categoría, que se respete la formación profesional y que tengan las mejores condiciones de trabajo adentro” dijo el secretario general del SUNCA.
“Si UPM y las empresas que trabajan ahí cumplen la normativa laboral, respetan los propósitos que están colocados ahí en materia de participación de mano de obra nacional, formación, servicios de seguridad, seguramente la conflictividad sea baja. El problema es que después en la cancha eso se da o no se da”.
Se viene el llamado
Siguiendo en tema, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que el proyecto del ferrocarril central está muy avanzado e informó que ha tenido unas 40 entrevistas con posibles interesados.
El secretario de Estado aclaró en radio Uruguay que aún no está terminado el pliego del llamado internacional – el que estará listo en las primeras semanas de octubre- pero que se mantiene la fecha prevista para el inicio de obras: 2018.
“Interesados hay muchos, afortunadamente”, dijo Rossi pero aclaró que serán las respuestas al llamado lo que efectivamente marcará el grado de interés.
El secretario general del sindicato de la Construcción y exdiputado comunista Óscar Andrade aseguró en radio El Espectador que si bien, como dirigente del Partido Comunista, tiene algunos reparos sobre la nueva planta de UPM, concretamente en lo ambiental y las exoneraciones, va a las negociaciones como dirigente del Sunca y a buscar que el proyecto se haga en las mejores condiciones para los trabajadores.
“Nosotros no participamos de la negociación UPM con el gobierno. No participamos de la negociación en el sentido de si esto es o no zona franca, de qué tasa impositiva, de qué exoneraciones, de qué infraestructura el gobierno le resuelve a UPM. Y puedo tener opinión en algunas cosas. En la mayoría tengo una opinión en contra. A mí si me dejás, casi que todas tengo opinión en contra.
EL SINDICALISTA TIENE "REPAROS" SOBRE EL EMPRENDIMIENTO
Andrade: “No voy como dirigente comunista a la negociación con UPM”
El
secretario general del sindicato de la Construcción y exdiputado
comunista Óscar Andrade aseguró en radio El Espectador que si bien, como
dirigente del Partido Comunista, tiene algunos reparos sobre la nueva
planta de UPM, concretamente en lo ambiental y las exoneraciones, va a
las negociaciones como dirigente del Sunca y a buscar que el proyecto se
haga en las mejores condiciones para los trabajadores.“Nosotros no participamos de la negociación UPM con el gobierno. No participamos de la negociación en el sentido de si esto es o no zona franca, de qué tasa impositiva, de qué exoneraciones, de qué infraestructura el gobierno le resuelve a UPM. Y puedo tener opinión en algunas cosas. En la mayoría tengo una opinión en contra. A mí si me dejás, casi que todas tengo opinión en contra.
Me molesta que sea zona franca, me molesta que tengamos que hacer infraestructura. De la misma forma en la que me molesta que se haga un shopping y no una obra de vivienda. Ahora, ¿no defiendo los intereses de los trabajadores que van a trabajar en el shopping? ¿No negocio con el tipo que construye el shopping?”, se preguntó.
“En una inversión de este tipo es así: cuanto más pueda sacar el Estado mejor, cuanto más pueda tributar mejor, cuantos mayores controles medioambientales tenga, mejor. En este plano nosotros tenemos una opinión política pero no somos el jugador que está en la negociación para defender esas cosas: es el gobierno”, añadió.
“En lo sindical y laboral, (nuestro objetivo) es que la obra se haga en condiciones seguras, que los trabajadores tengan condiciones de alojamiento seguras, que se respete la categoría, que se respete la formación profesional y que tengan las mejores condiciones de trabajo adentro” dijo el secretario general del SUNCA.
“Si UPM y las empresas que trabajan ahí cumplen la normativa laboral, respetan los propósitos que están colocados ahí en materia de participación de mano de obra nacional, formación, servicios de seguridad, seguramente la conflictividad sea baja. El problema es que después en la cancha eso se da o no se da”.
Se viene el llamado
Siguiendo en tema, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que el proyecto del ferrocarril central está muy avanzado e informó que ha tenido unas 40 entrevistas con posibles interesados.
El secretario de Estado aclaró en radio Uruguay que aún no está terminado el pliego del llamado internacional – el que estará listo en las primeras semanas de octubre- pero que se mantiene la fecha prevista para el inicio de obras: 2018.
“Interesados hay muchos, afortunadamente”, dijo Rossi pero aclaró que serán las respuestas al llamado lo que efectivamente marcará el grado de interés.
Instalan placa de la Memoria en Regimiento de Caballería Nº 8 de Cerro Largo
La Comisión de Reparación del Ministerio de Educación y Cultura instaló una nueva placa de la memoria, esta vez en el Regimiento de Caballería Nº 8 en Melo, Cerro Largo, ex centro de detención clandestino donde se cometieron actos de tortura y crímenes durante la dictadura militar.
La Comisión de Reparación y organizaciones de derechos humanos participaron este martes 19 de setiembre de la instalación de una placa de la memoria, en el Regimiento de Caballería Nº 8 en Melo, Cerro Largo, en el marco de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 18.596.
El evento estuvo encabezado por el presidente de la Comisión de Reparación, Nicolás Pons.
Dicho acto de reparación estuvo rodeado de polémicas entre la Asociación de ex Presos Políticos del Uruguay CRYSOL y el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana.
CRYSOL había solicitado por correo, al jefe de gobierno departamental de Cerro Largo, si autorizaba a una delegación que asistiría a la ceremonia a pernoctar en el gimnasio municipal.
Botana respondió de inmediato a CRYSOL con una misiva escrita a mano, en la cual le comunicaba a la organización que si bien no tenía inconvenientes en que pernoctaran en el gimnasio, de dodos modos consideraba que la colocación de la placa es “una ofensa gratuita al Ejército”.
Botana argumentó que tuvo una militancia “grande contra la dictadura”, integró la Comisión Nacional contra la Ley de Caducidad, y defiende el ejercicio de los derechos humanos.
También recordó que el Partido Nacional, al cual pertenece, “no pactó con la dictadura, al no asistir al Pacto del Club Naval”, pero entiende que “a nadie le gusta que ir todos los días a su lugar de trabajo y que se lo recuerde como un centro de tortura”.
“No me parece la mejor forma de hacer la paz entre los orientales”, sentenció Botana.
Por su parte, CRYSOL respondió al intendente de Cerro Largo que le agradecen por la autorización para que los integrantes del grupo de social pernoctaran en el gimnasio municipal, pero recordaron que la tortura es una práctica “aberrante que merece siempre la más enérgica condena”.
“En el mundo, entre las naciones civilizadas, su empleo no admite justificaciones de ninguna clase. En nuestro país, la Ley 18.026, con el voto unánime de los parlamentarios de todo el sistema político, así lo consagró. La tortura degrada a quien la ordena, a quien la aplica y también a quien la tolera”, sentenció CRYSOL a través de una misiva dirigida a Botana y que lleva la firma de Gastón Grisoni, presidente, y Enrique Chalar, secretario de la organización.
AFFUR evaluará esta mañana si ocupa edificio central de la Udelar; rector presentó propuesta para destrabar conflicto
El plenario federal de la Agremiación Federal de Funcionarios
de la Universidad de la República (AFFUR) resolvió ocupar hoy el
edificio central de la Universidad de la República (Udelar), donde
funcionan la Facultad de Derecho y las oficinas del rectorado. La medida
sería entre las 15.00 y las 22.00, por el “estancamiento” de la
negociación colectiva en la institución. “AFFUR está exigiendo en este
momento una negociación colectiva en el marco de la legislación
nacional, que se realice en un ámbito de respeto mutuo de las partes y
que implique verdadero diálogo (escuchar e intercambiar) para facilitar y
construir acuerdos. Creemos que es inconducente e inapropiado un
ambiente en el que parte importante de la representación Institucional
se niega a discutir o se resiste a acordar”, señalan desde AFFUR, en
referencia al prorrector de Gestión Administrativa, Gustavo Giachetto.
La negociación con el prorrector “ha sido difícil, por no decir
imposible, y le ha faltado el respeto a nuestros delegados”, argumenta
el gremio, situación que ha denunciado ante la Dirección Nacional de
Trabajo y la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de
Diputados.
El viernes hubo una reunión con el actual director de Trabajo, Jorge Mesa, y ayer representantes de los funcionarios de la Udelar se reunieron con la delegación institucional de la institución educativa, encuentro en el que les transmitieron una propuesta del rector, Roberto Markarian, “para destrabar el tema de la negociación colectiva”.
Según explicó Daniel Olivera, dirigente de AFFUR, la delegación propuso comenzar a discutir la distribución de los fondos destinados a incrementos salariales que se incluyeron en la Rendición de Cuentas, que se terminarán de votar en los próximos días en el Senado, en un ámbito conducido directamente por el rector. “El tema presupuestal lo ha manejado tradicionalmente él”, explicó Olivera, que agregó que “se nos solicitó el gesto de dejar en suspenso la medida de ocupación”. El dirigente informó que para discutir esta propuesta, un plenario federal de AFFUR se reunirá hoy, a partir de las 9.00; “va a analizar si se toma como positiva o si se toma otro tipo de resolución”, añadió.
Para Olivera la propuesta de ayer es “una señal del rector, de destrabar la situación, a raíz de gestiones del director de Trabajo y de la Comisión de Legislación del Trabajo”, y comentó que además se adoptó el compromiso de hacer la primera reunión en el marco de ese ámbito esta semana. La Mesa Ejecutiva de AFFUR, informó Olivera, propondrá al plenario “dar una señal y dejar las medidas de mañana en suspenso, y ver cómo se procesa en general la negociación colectiva”. De todas formas, el dirigente aseguró que lo presupuestal “vendría a ser lo más urgente, pero tenemos muchísimos temas en agenda de la negociación colectiva en los que por esta situación con el prorrector no se han podido avanzar, como la discusión sobre la capacitación, Bienestar Universitario o los concursos”.
El viernes hubo una reunión con el actual director de Trabajo, Jorge Mesa, y ayer representantes de los funcionarios de la Udelar se reunieron con la delegación institucional de la institución educativa, encuentro en el que les transmitieron una propuesta del rector, Roberto Markarian, “para destrabar el tema de la negociación colectiva”.
Según explicó Daniel Olivera, dirigente de AFFUR, la delegación propuso comenzar a discutir la distribución de los fondos destinados a incrementos salariales que se incluyeron en la Rendición de Cuentas, que se terminarán de votar en los próximos días en el Senado, en un ámbito conducido directamente por el rector. “El tema presupuestal lo ha manejado tradicionalmente él”, explicó Olivera, que agregó que “se nos solicitó el gesto de dejar en suspenso la medida de ocupación”. El dirigente informó que para discutir esta propuesta, un plenario federal de AFFUR se reunirá hoy, a partir de las 9.00; “va a analizar si se toma como positiva o si se toma otro tipo de resolución”, añadió.
Para Olivera la propuesta de ayer es “una señal del rector, de destrabar la situación, a raíz de gestiones del director de Trabajo y de la Comisión de Legislación del Trabajo”, y comentó que además se adoptó el compromiso de hacer la primera reunión en el marco de ese ámbito esta semana. La Mesa Ejecutiva de AFFUR, informó Olivera, propondrá al plenario “dar una señal y dejar las medidas de mañana en suspenso, y ver cómo se procesa en general la negociación colectiva”. De todas formas, el dirigente aseguró que lo presupuestal “vendría a ser lo más urgente, pero tenemos muchísimos temas en agenda de la negociación colectiva en los que por esta situación con el prorrector no se han podido avanzar, como la discusión sobre la capacitación, Bienestar Universitario o los concursos”.
A LA SUPREMA CORTE
Judiciales presentarán un recurso contra el artículo 15
20
Sep
Plantearán la inconstitucionalidad; se decidirá en asamblea en octubre.
Charles Carrera – Senador del MPP.
“No se está diciendo que el Estado no vaya a pagar. La lectura correcta de la Constitución habilita la solución propuesta. No está en juego el Estado de Derecho sino todo lo contrario. Es un herramienta para retrasar el pago y eso es posible en un Estado de Derecho”, dijo el senador del MPP que sustituyó a la ahora vicepresidenta Lucía Topolansky.
Pablo Mieres – Senador del Partido Independiente.
Para el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, el artículo 15 “es muy grave” porque implica que el gobierno “le quiere pasar por arriba” a la separación de poderes, “algo sustancial en el Estado de Derecho”. En declaraciones a Canal 12, el senador señaló que hay una “denegatoria de justicia” para los trabajadores judiciales y recordó que ya fue declarada inconstitucional una normativa similar.
http://www.elpais.com.uy/infor
Concretada
la aprobación del artículo 15 de la Rendición de Cuentas que habilita
la posibilidad de postergar el pago por parte del Estado de las
sentencias judiciales en su contra, la Asociación de Funcionarios
Judiciales que tiene un reclamo de larga data que a esta altura llega a
US$ 70 millones, se apresta a realizar una acción de
inconstitucionalidad contra la norma.
Ayer el
Comité Ejecutivo del sindicato recibió un informe legal de sus asesores
que enfatiza la inconstitucionalidad del ar-tículo. El comité propondrá a
la asamblea del sindicato que se realizará en los primeros días de
octubre, llevar adelante la acción de inconstitucionalidad, adelantó a
El País el nuevo secretario general del gremio, Richard Ascurrein. La
asamblea seguramente aprobará llevar adelante la acción. El sindicato ya
tiene una sentencia judicial a su favor.
El
reclamo de los judiciales es de larga data. Se origina en la aprobación
en 2010 de un “enganche” entre los incrementos salariales de los
funcionarios, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los
ministros de Estado. Ascurrein se quejó de que “sigue la incertidumbre y
queda supeditada a la voluntad de un poder del Estado el cumplimiento
de una sentencia”. “Eso es lo más grave, no solo por nuestro conflicto
actual sino por lo que implica ante cualquier situación de reclamo al
Estado. Esto afecta a cualquier funcionario o a cualquier persona que
tenga un reclamo contra el Estado”, dijo.
“Notamos
una intención de no cumplir con los funcionarios judiciales que nos
encontramos sin incremento del salario real desde 2011 siempre con la
promesa de que “si ustedes ganan el juicio van a tener el incremento”.
Salió la sentencia y siguen sucediéndose artículos y normas que impiden
que se cumpla con la misma”, agregó.
El
sindicato emitió un comunicado ayer en el que señaló que sigue en
conflicto y responsabiliza al Poder Ejecutivo ante su eventual
agravamiento.
El
artículo cuestionado determina que “el Poder Ejecutivo podrá comprometer
gastos de funcionamiento o inversiones sin que exista crédito
disponible, cuando se trate de cumplimiento de sentencias judiciales,
laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los
artículos 24 y 25 de la Constitución de la República”.
Sin
embargo, agrega que “no obstante, cuando los montos a que refiera la
condena sean sentencias laborales, civiles o de cualquier otra naturale-
za, transacción homologada o laudo arbitral, excedan de 75.000.000
unidades indexadas, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad
establecida precedentemente o proponer las previsiones correspondientes
en la próxima instancia presupuestal, a fin de atender el pago de las
erogaciones resultantes. Una vez aprobado el Presupuesto o la Rendición
de Cuentas en su caso, con las previsiones referidas, la cancelación del
crédito se realizará dentro del ejercicio siguiente”, especifica.
Argumentos jurídicos.
Los
asesores del sindicato elaboraron un informe en el que señalan que “lo
cierto es que el Poder Ejecutivo se arroga la facultad de cumplir con
las sentencias de condena en su contra mediante un mecanismo que
perjudica al acreedor laboral, violentando los más elementales
principios constitucionales”.
“Una vez
propuesto el crédito por el Poder Ejecutivo, este debe ser aprobado en
el Presupuesto o la Rendición de Cuentas en su caso, con las previsiones
referidas, de tal forma que la cancelación del crédito se realice
dentro del ejercicio siguiente. Es decir, que aún cumpliendo y haciendo
uso de la facultad establecida en el inciso segundo, el PE deberá
esperar la aprobación parlamentaria del crédito para poder cumplirlo”,
explican los asesores Roberto Rinaldi y Fernando Abdala. Si bien
consideran que el artículo 15 representa una mejora respecto al derogado
733 de la ley 19.355 igualmente entienden que la disposición de la
Rendición de Cuentas tiene “una evidente inconstitucionalidad”.
El
artículo 15 quedó firme porque el oficialismo logró el apoyo del
diputado colorado Fernando Amado. El resto de la oposición lo rechazó
por considerarlo inconstitucional.
Ascurrein
dijo que la situación afecta a trabajadores con salarios sumergidos y
que si se les pagase el salario de la manera que el sindicato entiende
que sería la correcta, corresponderían $ 2.500 a cada uno de los 3.600
involucrados. Con respecto a la deuda de US$ 70 millones, dijo
Ascurrein, “siempre estuvimos abiertos al diálogo para negociar la forma
de pago”. “Ellos reiteran que la voluntad de pago existe pero los años
pasan. Llevamos casi siete años con este problema y lo que ha habido son
normas que han llevado el tema hacia adelante”, acusó el sindicalista.
En la asamblea también se analizarán otras medidas de protesta y no se
descarta ninguna, señaló.
Por
otro lado, dos grupos de funcionarios (unos 1.800 de ellos con
patrocinio del sindicato) presentaron una demanda ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
El
artículo de la Rendición de Cuentas ha sido cuestionado por muchos
expertos. Por ejemplo, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia,
Ricardo Pérez Manrique, consideró que “es inconstitucional de acá a la
China”.
En
febrero pasado la asamblea de trabajadores judiciales rechazó una oferta
de pago parcial que le había hecho el gobierno. A comienzos de año la
deuda rondaba los US$ 40 millones. El propio presidente Tabaré Vázquez
exhortó al sindicato a aceptar la propuesta de pago. El gobierno ya
llegó a acuerdos con los fiscales, defensores de oficios y jueces y les
pagó las deudas vinculadas con el “enganche”.
El 15
de marzo la dirigencia del gremio judicial se reunió con el ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a quien le planteó la
posibilidad de que el gobierno accediera a la actualización salarial del
21,6% que reclaman los trabajadores, y a que la deuda generada en los
años que lleva el reclamo fuera negociada en una instancia posterior.
Murro adujo en ese momento que la oferta rechazada por el sindicato
implicaba el pago de US$ 100 millones durante tres años a 5.000
funcionarios. “Es mucha plata en cualquier parte del mundo. La propuesta
era muy seria”, dijo entonces Murro.
El gobierno había ofrecido una actualización de 15,76% retroactiva a diciembre de 2012.
Hay escaso margen fiscal.
En una
charla hace algunas semanas con militantes frenteamplistas el diputado
del sector oficialista Liga Federal, Sergio Mier, reconoció que si el
gobierno pagaba lo que adeuda a los judiciales se complicaba el
cumplimiento de objetivos presupuestarios previstos para el año próximo.
El déficit fiscal se ubica hoy en 3,6% del Producto Interno Bruto y el
margen de maniobra del gobierno es bastante limitado.
En
febrero de 2016 una sentencia judicial estableció que los salarios de
los judiciales debían adecuarse en un 21,6% a futuro, pero la sentencia
jamás se cumplió y, con el artículo 15, el gobierno obtuvo una forma de
posponer el cumplimiento por ahora. En un momento el gobierno ofreció
pagar el 70% de la deuda pero 1.543 judiciales votaron en contra de la
propuesta en febrero.
DISTINTAS VISIONES.
José Amorín – Senador colorado.
“El artículo 15 es el más difícil de digerir porque es groseramente
inconstitucional. Cualquiera puede decir lo que quiere. Todos sabemos
que este artículo va a ser declarado inconstitucional. Va en contra de
la separación de poderes. Lo que hace este gobierno es chicanear a los
funcionarios judiciales. Eso está claro”, sostuvo el senador colorado
José Amorín Batlle.Charles Carrera – Senador del MPP.
“No se está diciendo que el Estado no vaya a pagar. La lectura correcta de la Constitución habilita la solución propuesta. No está en juego el Estado de Derecho sino todo lo contrario. Es un herramienta para retrasar el pago y eso es posible en un Estado de Derecho”, dijo el senador del MPP que sustituyó a la ahora vicepresidenta Lucía Topolansky.
Pablo Mieres – Senador del Partido Independiente.
Para el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, el artículo 15 “es muy grave” porque implica que el gobierno “le quiere pasar por arriba” a la separación de poderes, “algo sustancial en el Estado de Derecho”. En declaraciones a Canal 12, el senador señaló que hay una “denegatoria de justicia” para los trabajadores judiciales y recordó que ya fue declarada inconstitucional una normativa similar.
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